Andalucía reclama una nueva "deuda histórica" del Gobierno, pese al rechazo del PSOE y Sumar

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía recogía una obligación ya fijada en la norma estatutaria andaluza de 1981, por la que los Presupuestos Generales del Estado debían consignar, con especificación de su destino y como fuentes excepcionales de financiación, unas asignaciones complementarias para hacer frente a las circunstancias socio-económicas de Andalucía. Esto es lo que durante décadas se conoció como la deuda histórica, concepto que los gobiernos socialistas de Andalucía reclamaron durante años al Gobierno de España, con más ahínco cuando era el PP el que lo presidía.

Finalmente, esa deuda histórica se saldó con un acuerdo firmado en marzo de 2010 entre José Luis Rodríguez Zapatero y José Antonio Griñán, por valor de 1.204 millones de euros, de los que la Junta cobró 420 millones en metálico y el resto en solares. Se trató de un pacto en plena crisis económica que no dejó satisfecho a casi nadie pero que acabó con una reivindicación histórica.

En estos años se ha gestado una nueva deuda histórica mucho mayor como consecuencia del modelo de financiación autonómica. Ese concepto lo ha rescatado el PP en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que ha finalizado hoy en el Parlamento andaluz. Si durante décadas se reivindicó el pago de una deuda histórica por un importe de 1.200 millones, el actual modelo por el que se financian las comunidades autónomas de régimen común, en vigor desde 2009, perjudica a Andalucía en más de 1.500 millones de euros al año.

Por todo ello, el Pleno del Parlamento ha reclamado este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez ponga fin tanto a los "agravios" hacia Andalucía como a las "negociaciones singulares" en materia de financiación con otras regiones de régimen común, como Cataluña, y que liquide la "nueva deuda histórica" generada con la comunidad andaluza.

Concretamente, en virtud de una propuesta de resolución del PP-A aprobada en el debate sobre el estado de la comunidad, el Parlamento ha valorado que la Junta "continúe defendiendo los intereses de Andalucía frente a los agravios del Gobierno de España", en especial, por no impulsar el nuevo sistema de financiación autonómica, con "el perjuicio que conlleva en la prestación de los servicios públicos" y por su rechazo a la creación del fondo transitorio de nivelación que equipare a esta comunidad con el resto.

Se rechaza además el "último agravio que supone el reparto acordado por el Gobierno con los independentistas sobre la distribución del impuesto a la banca, toda vez que se reparte sin equidad por criterios de PIB y no atendiendo al poblacional". Así el Pleno ha instado a la Junta a solicitar al Gobierno central que "cese en su intención de abordar la reforma del sistema de financiación y demás medidas económicas mediante negociación singular con determinadas comunidades de régimen común, por ser contrario a todo lo previsto en el ordenamiento constitucional".

La propuesta ha sido adelante con la mayoría absoluta del PP-A, mientras que ha contado con el voto en contra del PSOE-A y Por Andalucía y con la abstención de Vox y Grupo Mixto-Adelante Andalucía. La nueva "deuda histórica" difícilmente se va a saldar, pero políticamente ofrece un rédito al que la izquierda andaluza, salvo la de Adelante Andalucía, parece que renuncia.