Andalucía se marca como reto hacer más comprensible el lenguaje burocrático

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través de la Dirección General de Personas con Discapacidad, ha sacado a licitación, por 322.765 euros, la contratación de servicios para la realización de un sistema de conversor de documentos a "lenguaje claro". La licitación, con cargo a fondos europeos Next Generation, estará abierta hasta el próximo 4 de diciembre y con la misma "se busca mejorar la comunicación administrativa al objeto de hacerla accesible y comprensible", ha explicado la Consejería en una nota.

Según ha reconocido este departamento, la administración pública tiende a utilizar un lenguaje complejo no siempre comprensible por la ciudadanía, y especialmente por las personas mayores, personas con algún tipo de discapacidad, personas con menor nivel formativo, aquellas que no conocen correctamente el castellano, entre otros colectivos. Sin embargo, "estas comunicaciones pueden referirse a temas relevantes como puede ser la resolución de un procedimiento administrativo para las personas interesadas; el establecimiento de un plazo para solicitar una ayuda o una reclamación o recurso, el listado de documentación a entregar para una subsanación, entre otras. Las comunicaciones que realiza la administración tienden a estar relacionadas con derechos y obligaciones de la ciudadanía". Por tanto, ha afirmado la Consejería, "han de ser lo más claras y comprensibles posibles de cara a favorecer una comunicación eficaz".

"La real y plena inclusión de las personas con discapacidad parte por garantizar medidas de accesibilidad universal y prestación de los apoyos necesarios", ha remarcado la consejera, Loles López, que ha incidido en la importancia de estas medidas para promover la autonomía y que las personas con discapacidad puedan desenvolverse por sí solas. Por ello, la Consejería ya tiene abierto un procedimiento de contratación en el que cualquier empresa del sector pueda presentar su oferta. La que resulte elegida tendrá un plazo de ejecución de ocho meses desde la formalización del contrato.

El Gobierno andaluz ha explicado que considera esencial realizar "un esfuerzo en la modernización y digitalización de la administración", de forma que ayude a las personas a ejercer su derecho a comprender los documentos, respetando sus derechos al acceso a la información pública y ayudando a que comprendan la documentación que podría ser relevante para ellas.