Adictos a la droga del déficit

Adam Smith (1723-1790), escocés, el autor de «La riqueza de las naciones» y de la «Teoría de los sentimientos morales», el gran referente del liberalismo, siempre defendía que «el único presupuesto aceptable es el presupuesto equilibrado». Es decir, nada de déficit. Pedro Sánchez celebra estos días, como gran éxito, la manga ancha de la Comisión Europea que permite que España tenga un 3,6% de déficit sobre el PIB y no sea sancionada por superar el límite del 3% que permiten las autoridades comunitarias.

El todavía comisario de Economía, Paolo Gentiloni, justifica la benevolencia porque las seis décimas de exceso españolas las consideran temporales, lo que le ha permitido al Gobierno español lanzar las campanas al vuelo, sobre todo porque, al mismo tiempo, a la Francia de Macron y la Italia de la crecida Meloni les han abierto expediente porque sus déficits son todavía mayores. El desajuste francés con las cuentas llegó al 5,5% y el italiano al 7,4%, que son desviaciones enormes. España, no obstante, está más cerca del pelotón de los torpes en esta asignatura que de los países virtuosos, que rozan el equilibrio presupuestario e incluso tienen números negros en sus cuentas públicas.

Casi 250 años después, hay muchos que dicen tener como referencia a Adam Smith, pero cada vez son menos –incluso liberales– que sigan de verdad sus enseñanzas, mientras que son legión los adictos a la droga del déficit.

La Comisión Europea, al frente de la que quiere repetir mandato Ursula von der Leyen, ha sido amable con España, pero también ha vuelto a ponerle deberes que, sin duda son menos del agrado de Sánchez y, sobre todo, de sus socios de Gobierno, ya sea Yolanda Díaz o quien mande en esa extrema izquierda, los indepes de toda clase y condición. La Unión Europea reclamaba a España una reforma fiscal –está en los cajones de la ministra María Jesús Montero– y que anuncie en otoño un plan de «consolidación fiscal» que, en la práctica, significa realizar ajustes. El gasto en pensiones, la abultada tasa de paro y los déficits estructurales son los graves problemas de la economía española que el Gobierno de Sánchez intenta apartar del primer plano.

Más allá de la flexibilidad de Bruselas, hay un problema de gasto evidente. Desde que en 2018 Pedro Sánchez accedió al poder, el gasto público total ha aumentado en 180.000 millones y ha acumulado unos déficits de 386.000 millones hasta finales de 2023. A eso habrá que añadir otros 40.000 millones, más o menos, de déficit en 2024, un ejercicio en el que está previsto que el gasto alcance la fantástica y mareante cifra de 694.000 millones de euros que, a algunos, todavía les parece poco. Más gasto, sin embargo, puede incluso ser negativo para el crecimiento, como apuntan los expertos Javier Andrés, Eduardo Bandrés, Rafael Doménech y María Dolores Gadea en su estudio «Bienestar social y tamaño del Gobierno Social. Defienden, después de analizar el gasto en las últimas seis décadas en los 36 países de la OCDE, que cuando supera el 40% del PIB –el porcentaje español, más o menos– puede llegar a ser contraproducente.

España, por otra parte, ha logrado mantener el déficit algo por encima del 3% gracias a un crecimiento también espectacular de los ingresos públicos –impuestos– que en 2023 fueron 150.000 millones superiores a los de 2018. Lo que ocurre es que ese crecimiento, como explicaba el Banco de España la semana pasada, se debe a que la subida de la recaudación por el IRPF, el principal impuesto, se debe en un 50% al efecto e la inflación y a que el Gobierno se ha negado a deflactar –actualizar– las tarifas impositivas, lo que constituye una subida importante de impuestos encubierta y realizada por la puerta de atrás. Más que nunca, confirma que la inflación es un impuesto «invisible» para la gran mayoría de los ciudadanos, sobre todo para los que tienen menos recursos, también los más perjudicados.

La resiliencia económica española, que es real, y los buenos datos en comparación con otros países, se explican porque España se ha recuperado más tarde de la pandemia y por tres motores económicos, el turismo, el gasto público y los fondos europeos. El primero aporta poco valor añadido y los otros dos son artificiales, lo que no significa que no sean útiles y que hayan cumplido su función. Lo que ocurre es que España, para mantener su gasto –incluye sobretodo pensiones, sanidad y educación–, tiene que pedir prestados todos los años casi 300.000 millones de euros, que se pagarán con impuestos futuros. El Gobierno celebra la benevolencia de Bruselas con España, pero mantiene su adicción a la droga del déficit contra la que ya advirtió Adam Smith.

Incertidumbre en los mercados por las elecciones francesas

La prima de riesgo francesa, que ha subido con fuerza desde la convocatoria electoral de Macron, está igualada con la portuguesa, un síntoma del temor en los mercados a una victoria de la extrema derecha o de la extrema izquierda. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, no ha tranquilizado la situación al alertar de una posible «crisis financiera» en las próximas dos semanas, mientras Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, cree que la valoración de los mercados es «muy, muy alta».

Un concierto fiscal para Cataluña quebraría la solidaridad interregional

El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, que dirige el economista José María Rotellar, considera que «otorgar un régimen especial a Cataluña, con un sistema propio –Cupo o Concierto–, supondría un agravio comparativo y quebraría la solidaridad interregional». El Observatorio defiende la necesidad de reformar el Sistema de Financiación Autonómica (SFA), «pero no en la dirección de dotar a una región de un régimen foral propio».