La profesión médica en bloque se enfrenta a Sanidad por el Estatuto marco

La jornada de hoy se presenta difícil para el departamento que lidera Mónica García. A primera hora, Sanidad tendrá que rendir cuentas ante los sindicatos médicos y asociaciones profesionales sobre las polémicas medidas que ha incluido en borrador del Anteproyecto del Estatuto marco del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Todos y cada uno de los agentes que participan en la mesa del ámbito han manifestado públicamente, ya sea a través de declaraciones a los medios y comunicados como de sus perfiles en «X» su oposición en bloque a que se siga ninguneando a los profesionales que ejercen la medicina en el sector público.

Recopilando todas las opiniones expresadas en los últimos días, García tiene en contra a la Organización Médica Colegial (OMC), a consejos y colegios de médicos de todas partes de España, a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a UGT, CC OO y a sindicatos médicos de Madrid (Amyts), Cataluña (Metges de Catalunya), País Vasco (SME) o la Comunidad Valenciana (Cesm-CV), entre otros.

El motivo no es otro que la inclusión en el borrador del Anteproyecto, por parte de Sanidad, de artículos que pretenden obligar a los jefes de servicio de los hospitales y a los residentes que finalizan su formación especializada a trabajar exclusivamente para el sector público (durante 5 años a estos últimos) o que las guardias de 24 horas se reduzcan a un máximo de 17 y que se prohíba que sea precedidas o seguidas de un turno ordinario.

Una medida, esta última, que causó un profundo rechazo en CESM por esconder "trampas" como extender la jornada máxima de los médicos a 48 horas semanales o pagar las horas de guardia por debajo de la hora ordinaria, como informó este periódico la semana pasada.

"Nos ha tomado el pelo"

"Nos ha tomado el pelo de una forma escandalosa", denunciaba en estas páginas Víctor Pedrera, secretario general de CESM.

Se refería a que, en el artículo 85 del borrador, donde se desarrolla lo relacionado con la "jornada de guardia", se establece la obligación de un descanso previo a la guardia en día laborable, pero la letra pequeña es que el trabajador debe esas horas a la administración, y que el descanso tras una jornada de guardia no podrá deducirse para el cómputo de la jornada anual.

Mónica García –que respondió a las críticas con un video en su perfil en "X"– se defendió de este argumento diciendo que "las horas de guardia no habrá que devolverlas".

"La fórmula es la que está pendiente del diálogo, pero desde el Ministerio no nos vamos a bajar de reconocer las guardias de 17 horas máximas porque es justo y ofrece calidad y seguridad a nuestros pacientes", señaló.

Esclavitud del siglo XXI

Mención aparte merece la jornada obligatoria de 48 horas a la semana para los facultativos. En un momento como el actual, en el que se acaba de aprobar la jornada de 37,5 horas semanales para todos los trabajadores (y se debate sobre si tendría que ser de 35), la imposición de 10 horas más para los médicos ha caído como una bomba.

"Esto es un modo de esclavitud del siglo XXI", señalan desde Amyts. "El médico sigue trabajando horas ilimitadas, 17 o 24 según las necesidades del servicio, mal pagadas y sin posibilidad de horas extras".

"Nos siguen obligando a trabajar 48 horas semanales, con horas que se llaman ‘de guardia’ y que no solo no se pagan como horas extras sino que se pagan por debajo de una hora ordinaria», explicaba el secretario general de CESM. "¿No ha sido su partido el abanderado de la jornada de 37,5 horas para cualquier trabajador? Entonces, ¿por qué el médico tiene que hacer 10 horas más?".

Además, el texto añade que estas jornadas de 48 horas, podrán "extenderse hasta 150 horas al año de forma voluntaria", algo que directamente vulnera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y sin reconocerlas como horas extra.

Por otro lado, pero en la misma línea, en el borrador se establece la "garantía" de un descanso de 36 horas cada dos semanas para los facultativos, cuando cualquier otro trabajador descansa 60 horas cada semana.

Para el presidente de Amyts, las pretensiones de Sanidad "vienen a consagrar un modelo en el que los médicos y facultativos españoles van a salir seriamente perjudicados, perpetuando todas las injusticias y su excepcionalidad en el marco laboral respecto al resto de trabajadores de España y de los funcionarios públicos".

La exclusividad se paga

Respecto a la propuesta de obligar a los jefes de servicio de los hospitales del SNS (extensible a otros mandos intermedios) a trabajar en exclusiva para el sector público, y también a los nuevos especialistas que terminen su formación durante 5 años, la profesión médica ha montado en cólera.

CSIF criticó el lunes que la exclusividad se quiera exigir "a coste cero". «Las incompatibilidades tienen que estar bien remuneradas y en este texto que nos han presentado no lo están», señalaron.

Desde la OMC destacan que esta medida no solo no soluciona el déficit de profesionales sanitarios que existe en España, sino que lo empeoraría de manera crítica.

"Este tipo de políticas de retención del talento suelen fomentar el estrés, la insatisfacción laboral y la migración de profesionales hacia entornos menos restrictivos". "Las medidas propuestas no abordan las raíces del problema, y podrían generar efectos contraproducentes a medio plazo", explican.

Injerencias innecesarias

Una de las críticas principales de los colegios de médicos es contra la intromisión de Sanidad en el ámbito del ejercicio de una profesión liberal como la medicina, a la que se le reconoce constitucionalmente el derecho al "libre ejercicio". "No aceptamos injerencias ni medidas cohercitivas", han manifestado desde el Colegio de Médicos de La Rioja.

Mónica García se ha defendido de los que la tildan de "sectaria" e "intervencionista" con dos argumentos.

El primero, que "este debate debe ir acompañado de una mejora en las retribuciones, instando a las comunidades autónomas a remunerar adecuadamente a sus jefes de servicio y liberarles de la carga burocrática innecesaria". Es decir, que la mejora de los salarios recaería en la autonomías, no en el Estado.

El segundo, que la obligación de la exclusividad para los jefes de servicio es "una medida que ya se está debatiendo en algunos parlamentos autonómicos y en otros países".

Un nuevo órdago de García que queda en entredicho si atendemos a la evidencia. "Estudios y experiencias internacionales han demostrado que las políticas de retención forzosa tienden a ser contraproducentes, generando estrés, insatisfacción laboral y, en muchos casos, incentivando la migración de los profesionales hacia países o sectores con menos restricciones", señalaba ayer a este periódico Domingo A. Sánchez, representante Nacional de Médicos Jóvenes y Promoción del Empleo de la OMC.