¿Cuándo acaba una catástrofe? ¿Cuándo dejan de correr los cientos de metros cúbicos por segundo del caudal desbordado? ¿Cuándo se retiran los lodos agarrados a las paredes de las casas y a los sótanos? ¿Cuándo se cierra el triste conteo de víctimas? La mayoría de los golpes de la naturaleza no ocurren aislados y en muchas ocasiones provocan una cascada de nuevos retos que afloran a medida que los anteriores se solucionan. Pasadas casi dos semanas de la peor DANA que recuerdan los registros, llega el momento de afrontar otra fase de alerta: la sanitaria. Y no está de más prestarle atención (si fuera posible, más allá del siniestro debate político) a lo que la ciencia sabe por otras experiencias acerca de las consecuencias para la salud física y mental de los ciudadanos que se han visto afectados por los mal llamados «desastres naturales» (el desastre siempre es fieramente humano).

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (Undrr), en su definición de este tipo de fenómenos, es clara: «Un desastre como una riada, un terremoto, una erupción, siempre detiene el funcionamiento normal de una comunidad entera, y lo hace de manera grave. Y la atención sanitaria, más allá de la urgencia primera de atender a las víctimas, se ve siempre severamente dañada».

En las primeras fases después de la catástrofe los esfuerzos se centran, obviamente, en el rescate y atención de emergencia directa. Posiblemente, el más fácil de valorar puesto que los datos de fallecidos y heridos permiten regular el grado de respuesta necesaria. Cumplido ese momento, se suceden los riesgos para la salud pública en cascada: desde la posibilidad de infecciones y vulnerabilidades primarias (falta de alimento, agua, higiene…) hasta las consecuencias psiquiátricas y psicológicas posteriores al trauma y, finalmente, las repercusiones invisibles de la falta de atención a supervivientes que tenían previamente enfermedades crónicas o condiciones sanitarias que requieren vigilancia.

El 5 de noviembre, la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Sanidad actualizaron el Protocolo de Vigilancia para la Detección Precoz de Casos de Infección Asociados a las Inundaciones. En él se establecieron varios criterios clínicos de sospecha que alertan sobre posibles atenciones requeridas. El primero de ellos es la aparición de infecciones por transmisión alimentaria o hídrica, es decir, por el consumo de alimentos contaminados o el contacto con aguas de mala calidad. Los centros de atención médica de la zonas afectadas deben estar atentos al posible aumento de casos de gastroenteritis aguda, cuadros de fiebre, vómitos, miocarditis o manifestaciones hemorrágicas. Y se establece un protocolo de información para dar cuenta de los casos registrados antes de las nueve de la mañana del día posterior a la detección de un caso. Se pretende con ello tener una monitorización en tiempo real que permita detectar un posible brote infeccioso comunitario con tiempo suficiente para reaccionar. Algo que, por fortuna, no se ha producido. De hecho, el mismo protocolo del 5 de noviembre consideraba innecesario realizar campañas de vacunación masiva. Se ha establecido, eso sí, una revisión del stock de vacunas existentes contra infecciones que podrían aumentar como el tétanos y la difteria.

Las inundaciones no solo tienen un coste dramático en vidas humanas y pérdidas materiales, suelen ir acompañadas de riesgos extra para la salud física y el bienestar de la comunidad durante algún tiempo. Las aguas desbordadas suelen acarrear contaminantes y agentes que afectan a la salud, sobre todo a la respiratoria y dermatológica. Se han descrito estos días episodios de compuestos volátiles dispersados por el contacto del agua con abonos nitrogenados almacenados en garajes o casetas de labranza, por ejemplo. De ahí la importancia de que las tareas de limpieza y recuperación de los bienes materiales se hagan siguiendo los consejos de las autoridades sanitaras (protección de la piel, uso de mascarillas, utilización de detergentes adecuados si es necesario…).

Desde las primeras fases del desastre, existe un Grupo de Coordinación de la Respuesta de Salud Pública coordinado desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que está al mando del Ministerio de Sanidad y la Dirección General de

Salud Pública de la Generalitat. Desde este grupo se elabora el seguimiento de todas las fases de alerta sanitaria que, sin duda, irán para largo. Porque la amenaza tras el lodo puede ser de paso lento.

Un estudio publicado en diciembre de 2023 por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, ponía en evidencia el largo y a veces invisible impacto de las inundaciones en el bienestar sanitario. El trabajo analizó las causas de mortalidad de casi 500.000 personas en 98 centros sanitarios de Carolina del Norte, un estado que había sufrido varias inundaciones graves desde 1990. Se diferenció entre los casos de inundaciones repentinas (como la DANA de Valencia) y las anegaciones de curso lento que se producen en algunos territorios por lluvias constantes durante largos periodos. Sorprendentemente, el resultado demuestra que las inundaciones rápidas provocan un menor número de enfermedades y muertes atribuibles al fenómeno. Aunque la mortalidad directa puede ser mayor (por el impacto de la riada), las enfermedades subsecuentes derivadas del agua y el lodo no son tan graves. La razón se encuentra en que una de las principales causas de enfermedad postinundación es el contacto permanente con agentes infecciosos y tóxicos en las aguas estancadas.

Datos como este permiten

establecer una estrategia de actuación más adecuada en función de las características particulares de la zona anegada.

Pasadas las primeras fases de reacción (donde la prioridad es evitar morbilidades y mortalidades asociadas a las aguas y el lodo), las autoridades sanitarias tienen que enfrentarse a un trabajo a largo plazo. Primero evaluar cómo ha afectado la DANA a patologías previas a la catástrofe (personas diabéticas que han dejado de controlar su enfermedad, tratamientos postpuestos, agravamiento de afecciones cardiacas, cirugías que se han retrasado, etc). Además, habrá que establecer protocolos específicos de protección de la salud mental. El documento de acción conjunta del Ministerio de Sanidad y la Generalitat habla de un periodo de al menos tres años en el que pueden aumentar los trastornos de estrés postraumático, la depresión y las alteraciones del sueño. Los afectados por una inundación tienen hasta seis veces más riesgo de padecer estas patologías. Afortunadamente, la ciencia tiene herramientas más que suficientes para monitorizar estos riesgos.