El ciberacoso a menores, la venta de sus datos y su salud mental, objeto de vigilancia

Con motivo del Día Internacional de la Infancia, la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD) ha celebrado este miércoles un debate en Madrid sobre los derechos digitales de los menores de edad. Ricardo Rodríguez, presidente de la AETD, ha destacado que en los últimos años «la sociedad en su conjunto, las familias y los Estados han comenzado a dar pasos para proteger a los menores en las plataformas». El debate celebrado es fruto del convenio entre la Asociación Europea para la Transición Digital y la Entidad Pública Empresarial Red.es, tiene como objetivo impulsar la Carta de Derechos Digitales, en el marco del Espacio de Observación de Derechos Digitales.

Ricardo Rodríguez recalcó la importancia de la propuesta de Pacto de Estado para proteger a los menores en internet, una iniciativa promovida por la AETD en 2023 junto a cinco entidades sociales: Dale una Vuelta, Fundación ANAR, iCMedia, Save The Children y Unicef España.

Esta iniciativa llevó a la creación, por parte del Ministerio de Juventud e Infancia, de un grupo de trabajo de expertos en digitalización y menores para mejorar toda la respuesta política y administrativa ante situaciones como el ciberacoso, la mercantilización de los datos de los menores, o los problemas de salud mental que pueden provocar en los menores las redes sociales.

Pero, como recalcó Ricardo Rodríguez, no solo es un asunto de legislación. Se requieren todo tipo de medidas, y muy especialmente «las que afectan a las grandes plataformas online. Les exigimos más transparencia, más responsabilidad y más rendición de cuentas. La Ley de Servicios Digitales de la UE (Digital Services Act) ha sido a su pesar, y tenemos que ir más allá. Tenemos que exigirles su responsabilidad ética, civil y penal».

Por su parte, Ana Caballero, vicepresidenta de la AETD y presidenta del Grupo de Expertos creada por el Ministerio de Juventud, recalcó que no se debe trasladar toda la responsabilidad de los problemas sobre la digitalización a los padres y a la comunidad educativa. «En estos años de trabajo hemos sido capaces de crear un consenso social sobre la necesidad de actuar ante estos problemas, que se ha trasladado al ámbito político», señaló. Al tiempo, recordó que hay un fin económico en el modelo de negocio de las grandes plataformas de internet que no distingue entre adultos y menores, y el «artículo 32 de la Convención de los Derechos del niño recalca el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica».

El economista Javier Santacruz, por su parte, señaló el «grave problema» de la ausencia de un valor explícito de los datos que los menores comparten en las plataformas: «No es cierto que internet sea gratis. No hay un intercambio monetario, pero sí un valor oculto de los datos». El propio Santacruz realizó una investigación que en 2021 cifraba en 81,61 euros el valor medio anual de los datos de cada usuario en cada red social.

Un asunto clave como la prevención y lucha contra la explotación sexual online fue tratado por José García Serrano, Jefe de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional; Daniel Moreno Gómez, Teniente de la Guardia Civil, Unidad Técnica de Policía Judicial, y Antonio Labrador, Jefe del equipo de lucha contra los abusos sexuales a menores de la Dirección General de Asuntos de Interior de la Comisión Europea.