Continúa la batalla por mejorar la sanidad concertada de los funcionarios. Muface sigue sin lograr un acuerdo, a pesar de ya encara la recta final para la firma del convenio de 2025-2026. Su propuesta para aumentar un 12,5% las primas que cobran las aseguradoras privadas que prestan asistencia sanitaria a los funcionarios civiles del Estado no convence. Las tres entidades que prestan el servicio (SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV) acumulan ya tres años de pérdidas. Aseguran que la dotación económica de la mutualidad es escasa, no se ajusta a los costes reales del sistema sanitario y esto complica la atención a un segmento de población cada vez más envejecido.

En medio de este panorama, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) —constituido por las principales empresas del sector sanitario de España— publica hoy un informe en el que alerta que la «infrafinanciación histórica del modelo» no encaja con el «aumento de la presión asistencial». La principal conclusión de su análisis es que, si el modelo no se renueva tras un acuerdo entre las partes (Gobierno, mutua y aseguradoras), las comunidades autónomas con altas tasas de mutualistas asistirían a «una situación de absoluto colapso» sanitario. Por eso, IDIS insta a la Administración a adaptar la prima que cobran las aseguradoras para garantizar la solvencia del modelo.

El mutualismo administrativo es el mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado. Hay tres mutuas: Muface para los funcionarios civiles, Mugeju para los judiciales e Isfas para las Fuerzas Armadas. Su existencia, dice el informe, «mejora la accesibilidad del sistema sanitario y controla el gasto sanitario, teniendo en cuenta que la prima media del mutualista (1.013 euros al año) es 723 euros inferior en comparación con lo que se invierte en el régimen general (1.736 euros)».

La «situación actual de infrafinanciación» ha llevado a la Fundación IDIS a realizar el informe Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario. El análisis valora las «potenciales repercusiones que, bajo determinadas hipótesis, podrían darse en nuestro país en el caso de que el modelo de mutualidades no llegara a renovarse». Se trata de un extremo que ocurriría «si las aseguradoras y el Gobierno no llegan a un acuerdo para que el modelo no sea deficitario y se garantice su solvencia, al finalizar la vigencia del actual contrato en diciembre de este año».

El trasvase de mutualistas saturaría la sanidad pública

El análisis de este documento expone también que mientras que la cápita pública por persona ha crecido un 53% en los últimos 10 años, lo destinado a las mutualidades solo ha crecido un 32%. Esto provoca pérdidas cercanas a los 200 millones de euros anuales en las compañías aseguradoras que prestan este servicio.

Así pues, la Fundación insta a la Administración a adaptar la prima de este convenio, que debe garantizar que las aseguradoras puedan cubrir los costes económicos de las prestaciones sanitarias que requiere la cobertura de este colectivo. De no ser así, advierten, «se desencadenaría un escenario de crisis que haría inviable el sistema de mutualismo».

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, asegura que «sin los fondos suficientes para su financiación sería imposible garantizar la continuidad de este modelo, cuya viabilidad está comprometida por el aumento de costes debidos a la inflación, la ampliación de prestaciones, el envejecimiento de los beneficiarios, los efectos de la Covid-19 y la inversión en equipamientos».

Si la renovación del modelo no llegara a producirse, asistiríamos al trasvase de 1,68 millones de mutualistas a la sanidad pública, según el trabajo. Esto afectaría, en primer lugar, al modelo asistencial. Se incrementaría un 2% el total nacional de visitas en Atención Primaria (más de 5 millones de visitas). Igualmente, se vería afectada la ratio de urgencias.

Pero, además, absorber la asistencia a mutualistas provocaría un incremento del 266% en las listas de espera para consultas externas y un 115% en cirugías. Por otra parte, el aumento lógico de la presión asistencial llevaría a «una situación de colapso a algunas comunidades autónomas con altas tasas de mutualistas y baja penetración del seguro privado, como es el caso de Murcia, Cantabria, Castilla León o La Rioja».

Habría que aumentar el gasto sanitario público en 1.214 millones de euros al año

El informe de IDIS añade que cargarse Muface y pasar a un modelo de cobertura 100% pública para los mutualistas tendría un impacto significativo en la ocupación de camas en la red hospitalaria pública. Se estima que el sistema público tendría que añadir 3.975 camas, lo que representa un aumento del 3,8% de su capacidad actual a nivel nacional. «En términos de gasto, el cambio del modelo actual supondría un aumento del gasto sanitario público de 1.214 millones de euros anuales, un 1,3%», tal y como pone de relieve el análisis.

«Más allá de estas repercusiones directas en la sanidad pública —asegura Marta Villanueva— existen otras que también están analizadas en este informe, y tienen que ver con el empleo y el impacto en la actividad privada». En concreto, el informe estima una pérdida de más de 13.000 puestos de trabajo en el sector sanitario privado. Asimismo, la pérdida del número de asegurados mutualistas provocaría la reducción de la utilización de camas privadas y esto llevaría al cierre de centros hospitalarios en algunas provincias.

«Los datos que nos ofrece este análisis, junto al hecho de que una gran mayoría de los funcionarios que pueden elegir opten por la asistencia en centros sanitarios privados a través de su mutualidad (el 80% de ellos), corroboran los beneficios que este modelo bien consolidado viene aportando, lo que nos hace defender su existencia y su necesaria dotación presupuestaria, que es responsabilidad de la Administración», concluye la directora general de la Fundación IDIS.