Sánchez nos bombardea a impuestos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado lo que parecía una entelequia, una quimera, un imposible en toda regla: masacrar a impuestos a los ciudadanos y que los servicios públicos funcionen al mismo tiempo peor que nunca, pese al récord de recaudación. Sucedió en 2024 con la Sanidad pública -con las demoras más altas de la historia en la mayor parte de España para acceder a la consulta del especialista y al quirófano-, con la Educación -con nuestro país en la cola de todos los rankings internacionales-, con la atención a la dependencia -cada 13 minutos muere una persona en lista de espera sin haber recibido la prestación o el servicio correspondiente- y con los transportes públicos, con unas Cercanías cuyo funcionamiento es sencillamente tercermundista. Por desgracia, esta cuadratura del círculo lleva camino de repetirse en el año que ahora comienza. Los signos, desde luego, son desalentadores. 2025 arranca con otras 12 subidas nuevas de impuestos, que costarán a cada hogar -asfixiado ya a tributos- una factura adicional media de 371 euros. En total, la carga que arrastrarán las familias y las empresas en impuestos y cotizaciones sociales, como si de una piedra de Sísifo se tratara, se elevará en otros 18.000 millones de euros. Lo cuenta Javier de Antonio en estas páginas, apuntando un dato demoledor: nuestro país se coloca en el triste podio de los estados en los que más ha aumentado el peso de la fiscalidad, al superar ya el 37,3% del PIB con el que se cerró 2023, de acuerdo con las estadísticas de la OCDE. En total, desde que Pedro Sánchez llegó al poder a mediados de 2018, tras prosperar su moción de censura contra Mariano Rajoy, se ha subido y/o creado más de un impuesto cada mes, sumándose así un total de 93 incrementos tributarios o de cotizaciones, con un impacto acumulado entre 2019 y 2023 de casi 42.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, de alrededor de 2.200 euros por hogar. Súmenle las alzas de este 2025 y se darán cuenta del roto para las economías domésticas, agigantado si cabe por la subida del precio de la luz, los alimentos o la telefonía. Un roto que, a tenor de la experiencia pasada, no servirá tampoco para recibir una atención sanitaria mejor y más rápida, una educación pública de mayor calidad o una respuesta más ágil ante las necesidades derivadas de la dependencia. Tampoco para disponer de trenes más rápidos o blindados ante averías inesperadas en Madrid, en donde los ciudadanos parecen condenados a sufrir la inquina del Ministerio de Transportes y de todo el Gobierno por el simple hecho de votar en masa a Isabel Díaz Ayuso en cada elección que se celebra. El grave problema que se avecina es que tanto expolio tributario, tanto saqueo fiscal, no solo parece que tampoco volverá traducirse en mejora social alguna, sino que encima todo apunta a que algunas prestaciones empeorarán incluso más. Es lo que sucederá finalmente en caso de que Muface se desmantele, lo que colapsaría ya del todo la sanidad pública. En este particular caso, la duda es si tal debacle responde a una insuficiencia presupuestaria inexplicable ante tanta subida fiscal, a la simple incompetencia del Gobierno o a un burdo intento de éste de sobrecargar la sanidad de pacientes a las autonomías en un momento en el que la mayoría son del PP.