Okupas

A muchos kilómetros de España, en algún lugar indeterminado hace más o menos un mes, un guía turístico que suele trabajar con españoles comenta que algunos de sus clientes se han quejado de la situación que se vive con la okupación: «Me dicen que hay un problema porque cuando sales de tu casa, puede llegar alguien, entrar y quedarse sin que puedan echarle». «Eso es un bulo». Respuesta instantánea de uno de los turistas españoles. «Es un bulo», insiste, «de la derecha y de los medios. En España no es un problema». Quizá los vecinos del barrio del Cañaveral de Madrid, por ejemplo, defiendan lo contrario. Denuncian en este final de agosto una okupación coordinada en 12 viviendas de una de las nuevas urbanizaciones que se construyen en la zona: han organizado concentraciones de protesta frente al edificio y lo han hecho público para evitar que la práctica se extienda por el barrio: «La convivencia se hace difícil y hay más inseguridad».

Y entre una percepción y otra se sitúan los datos. En España se registraron 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles en 2023, según el ministerio de Interior, las denuncias han crecido un 60 por ciento desde 2017 y en el Congreso sigue aún pendiente de aprobación, por falta de acuerdo político, la ley sobre okupación que pretende agilizar los procesos para expulsar a los usurpadores y proteger a los propietarios. Podrá no ser una alarma social, pero es, desde luego, un fenómeno cierto. Más allá de la obligación del Estado de dar respuesta a cualquier ciudadano que sufra un daño o un perjuicio (y ello con independencia del porcentaje en el que se produzca), la verdadera cuestión que evidencia el debate de la okupación conecta con el aviso de Arendt sobre los riesgos de una sociedad que no es capaz de distinguir la verdad de la mentira y pienso en los «okupas» de mentes ajenas que tratan de ideologizar hasta el ámbito más cotidiano de la vida. Y pienso, sobre todo, en lo difícil que resulta echarlos a ellos.