Editorial

El gobierno de los jueces que funciona

Preferimos otro sistema de renovación para el gobierno de los jueces fuera del alcance de los políticos, bajo el estándar europeo, pero este Consejo ha probado que es posible acometerlo con rectitud y probidad

MADRID, 04/09/2024.-La magistrada Isabel Perelló durante la toma de posesión de su cargo como presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Tribunal Supremo, este miércoles en Madrid.- EFE/Sergio Pérez
La magistrada Isabel Perelló toma posesión de su cargo como presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder JudicialSERGIO PEREZAgencia EFE

El Consejo General del Poder Judicial, que preside la magistrada Isabel Perelló, ha demostrado en sus pocos meses la relevancia de contar con un órgano de gobierno comprometido con los principios que rigen su encaje en el estado de derecho. De entre todos ellos, el de la independencia sobresale entre cualquier otro atributo imperativo, aunque sea también el más vulnerable frente a las desviaciones y las injerencias del poder político. Para comprender y ponderar la conducta capaz y rigurosa de Perelló y el resto de los vocales que llegaron al Consejo de la mano de una insólita, pero imprescindible mediación y arbitraje de la Comisión Europea, es necesario contextualizar el pasaje y la toma decisiones correspondiente. Arribar a un escenario en el que la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo fuera capaz de liderar un órgano clave en la operatividad y la integridad del Poder Judicial y los órganos jurisdiccionales dependientes en un régimen manifiestamente hostil como el sanchista parecía una quimera hace apenas medio año. Echar la vista atrás sirve para no olvidar ni relativizar que el Gobierno de coalición proclamó un estado de sitio al CGPJ y por ende a los tribunales sin respeto alguno a las reglas y menos todavía al espíritu de las leyes. Por las bravas, arrebató las competencias de nombramientos para que las vacantes no pudieran ser cubiertas en los tribunales superiores hasta empujarlos al colapso de facto a costa no solo de los magistrados y el resto de los profesionales de la justicia, sino de los propios ciudadanos, tomados como rehenes. Pretendió incluso alterar las mayorías constitucionales necesarias en el Parlamento para renovar el Consejo y poder copar todos los vocales en compañía de sus socios en un acto de despotismo y corrupción desconocido en la historia de la democracia. Que Bruselas lo frenara no restó un ápice de indignidad. Lo que consiguió en la inmensa mayoría de las instituciones del Estado, el presidente no pudo alcanzarlo con la Justicia, convertida ya en objetivo de deseo prioritario de Moncloa. Los escándalos de corrupción que lo afectan aceleraron aún más su obsesión por cerrar el círculo con otro poder de la nación sometido. Isabel Perelló, magistrada de orientación presuntamente progresista, pero, sobre todo, jurista competente, con prestigio e independiente, ha dejado en evidencia sin pretenderlo los peligros que la democracia corre sin una división de poderes plena. Ha demostrado que su lealtad y compromiso están con la Constitución y en consecuencia con la defensa del trabajo honesto de jueces y magistrados en el ejercicio de sus responsabilidades. Su forma de entender la Presidencia del CGPJ es la del entendimiento y la legalidad. Sumar en torno a lo razonable, al mérito y la capacidad en tantos nombramientos por unanimidad. Preferimos otro sistema de renovación para el gobierno de los jueces fuera del alcance de los políticos, bajo el estándar europeo, pero este Consejo ha probado que es posible acometerlo con rectitud y probidad.