El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha puesto en marcha con más de cinco años y medio de retraso en su renovación y con la incógnita de quién se situará al frente de su presidencia y la del Tribunal Supremo. Los veinte vocales, elegidos por las Cortes tras el acuerdo entre el PP y el PSOE, han jurado o prometido su cargo ante el Rey. Es un balón de oxígeno para un sistema con respiración asistida tras años de asalto e intervención del sanchismo, que lo ha conducido a una fase crítica especialmente en los órganos jurisdiccionales superiores. Hay que recordar tantas veces como sean necesarias que el presidente bloqueó de manera ilegal la competencia de nombramientos del Consejo en su pretensión de condicionar la composición de los tribunales a imagen y semejanza de sus maniobras colonizadoras en el Tribunal Constitucional y la Fiscalía. Si los tribunales atraviesan una condición de precariedad extraordinaria se debe por encima de otras circunstancias, que también han contribuido, a la voluntad unilateral de Pedro Sánchez de cancelar el órgano de gobierno de los jueces al que no podía someter. Sentadas esas bases, debemos felicitarnos por el compromiso alcanzado sobre el CGPJ bajo la tutela de Bruselas, que, hay que tenerlo claro, ha resultado clave. Con todo, el escenario está muy lejos de ser el adecuado e incluso el tolerable para una democracia que pretende ser plena. El informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en España ha sido taxativo sobre los ataques de los políticos, incluido desde el Gobierno, contra el Poder Judicial. Es asunto capital. El respeto a la división de poderes, al papel constitucional de cada pilar de la nación, calibra la plenitud y la integridad del régimen de libertades. No podemos naturalizar el espectáculo bochornoso y la conducta espuria de ministros y diputados de la izquierda y sus socios en plena campaña de acoso y derribo contra los jueces que instruyen asuntos que afectan al poder. La cacería orquestada por el contubernio monclovita, con el acompañamiento de las terminales mediáticas afines, se ha convertido en un auténtico linchamiento público con el empleo de la mentira, la desinformación y la difamación de los togados y hasta de sus familias. La izquierda se ha mostrado históricamente intolerante con la independencia judicial y no ha vacilado en la destrucción personal y profesional de quienes blandían el principio de que todos somos iguales ante la Ley. Recordar ahora nombres como los de Marino Barbero o Mercedes Alaya es hacerlo sobre una memoria maleante del partido de marras. Sus preferencias han sido y son el control de la justicia, el uso alternativo del derecho, el derecho constructivista, la docilidad, la lealtad y el culto al líder político. La colonización de la Justicia se le ha resistido a Sánchez, aunque el Constitucional de Pumpido está en ello. La democracia está en buena media en manos de esos tribunales que ejercen con independencia.