Frente común por la justicia territorial

De los asuntos que conformarán el legado sombrío del presidente, el de la financiación autonómica no será el de menor calado. Y eso que el pliego de cargos que acumula el sanchismo contra los derechos de los españoles habla del régimen más aciago de nuestra historia reciente. Para no ser injustos, la cuadratura del círculo territorial con las finanzas de por medio ha sido siempre un objetivo complejo alcanzado tras una singladura tortuosa. El consenso en torno a esa fórmula mágica, que garantizara la igualdad de todos los ciudadanos y el sostén de los servicios públicos en pie de equidad sin privilegios y por ende sin agravios, ha sido una meta asaeteada por intereses cruzados y particularismos egoístas y espurios. Pese a todo se han alcanzado acuerdos que, no sin carencias e insuficiencias, han facilitado la estabilidad. Los diferentes gobiernos han liderado con mayor o menor solvencia el proceso con un marco de referencia en torno a foros multilaterales y procedimientos reconocidos e institucionalizados que han garantizado seguridad jurídica y legitimidad política. Los dos grandes partidos han contribuido a ello desde la justa pero medida en líneas generales defensa de sus posiciones. Hasta Sánchez. Él ha convertido este pilar crítico en monedas de plata a cambio de la Presidencia de la Generalitat. El concierto económico ilegal, pero, sobre todo, injusto y profundamente desleal, supone otro ataque más contra el interés general y los principios del estado de derecho. Primar a cualquier territorio, violentando la legalidad, a costa de empobrecer al resto ya sería doloso; hacerlo con una comunidad próspera como Cataluña alimentando pulsiones particularistas y divisivas, envuelto todo ello en otro engaño colosal a los españoles, convierte en un deber ético y digno echarlo abajo. Sánchez quiere convencernos de que la financiación singular para el Principado, que enluta con una opacidad autoritaria, lo es en realidad para todas las comunidades y que en definitiva ni es un cupo ni nada que no se haya hecho, por ejemplo, con Soria, Cuenca o los territorios insulares. Hablamos, claro, de ausencia de escrúpulos y de intolerancia a la verdad de un responsable que miente al pueblo con reincidencia. Alberto Núñez Feijóo ha respondido de la única manera ética, responsable y decente posible a la inadmisible intentona de Moncloa aderezada con encuentros bilaterales con los presidentes autonómicos convertidos en convidados de piedra. Se trata de desmontar la madre de todos los bulos y el manoseado divide y vencerás. El cónclave de los barones del PP, símbolo del hegemónico poder territorial y popular, ha exigido parar el cupo catalán, crear un fondo transitorio y evitar la «bilateralidad tramposa», además de 18.000 millones de fondos europeos sin caer en «subastas». El concierto sanchista es una cacicada que garantiza la desigualdad y la insolidaridad. La defensa de la caja única lo es sobre todo de la democracia, de la justicia y de la equidad. El sanchismo quiere españoles de primera y de segunda. Los presidentes autonómicos tienen el deber de evitarlo.