Estado mordaza

Tres años después de aquel Estado Mordaza que provocó la sucesiva declaración de estados de alarma inconstitucionales, con cerrojazo parlamentario incluido, el Gobierno ha visto frustrado su intento de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, nada menos que por una cuestión de pelotas de goma. Al encontronazo por la reforma de la ley del sólo sí es sí se suma la decisión de ERC y Bildu de tumbar con sus votos la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana. Se puede entender la desazón del socialismo antiliberal sanchista, después de los indultos, acercamientos y reformas penales, una triada que configura el plan de choque contra el Estado de Derecho y para beneficiar precisamente a los presos respectivos de las formaciones esquivas. Y resulta curioso escuchar las acusaciones entre unos y otros, hablando de electoralismo, como si el sentido de Estado hubiera estado presente en sus decisiones durante, al menos, una décima de segundo de toda la legislatura.

Sea como fuere, la reforma ha decaído. Es un grave revés para el Gobierno que quería darle la vuelta a todo y una buena noticia para el conjunto de la sociedad española, así como para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No en vano, la Ley de Seguridad Ciudadana del año 2015, pese a la maledicencia que le envolvió desde su nacimiento, es una norma que reflejó la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la función preventiva del Estado a través de los cuerpos policiales, que sustituía a una norma obsoleta, del año 1992, conocida como la «ley de la patada en la puerta». Una norma que, pese al respaldo del TC, ha sido objeto de una campaña sistemática de estigmatización por parte de la izquierda, incluidos graves bulos relacionados con cuestiones como los derechos de manifestación y expresión, que para nada se ven menoscabados con su aplicación.

Es algo propio del populismo basar en informaciones falsas sus intenciones ocultas, en este caso unas Fuerzas de Seguridad debilitadas operativa y jurídicamente para el cumplimiento de sus funciones, cediendo ante la filosofía antisistema de aquellos que consideran que la calle es una alternativa a la democracia y al Estado de Derecho, y que la seguridad y la garantía legal que éste proporciona a una sociedad libre son un mero estorbo. Un objetivo prioritario para una coalición en la que están representados, por un lado, quienes están dispuestos a todo con tal de mantenerse en el poder y, por otro, los mejores representantes de los peores intereses antagónicos con el orden constitucional.

Ahora que sabemos que la coalición no se va a romper y que las elecciones no se van a adelantar, porque ninguno de sus socios, ni siquiera Sánchez, ignora que eso solo aceleraría el cambio de mayorías y de Gobierno que ellos querrían evitar, es el momento de analizar lo que han supuesto estos años. Un periodo en el que el Gobierno puso en práctica un programa legislativo y de gestión que, ignorando los problemas reales de los españoles y fomentando los debates más rupturistas, buscó, en una estrategia inédita en la historia de la humanidad, aplicar en España una inmensa moción de censura al Estado, debilitando los mecanismos e instituciones que lo protegen. Esa ha sido la marca del populismo y el nacionalismo en la que Sánchez se ha apoyado, y con la que tanto se ha mimetizado, creando la auténtica dicotomía sobre la que han de decidir los españoles: el caos o la Ley. Algo que ya se vivió en la malograda Segunda República, y esto será, cuando toque, lo que se dirimirá y decidirá en las urnas.