La Legislatura ha entrado tras el 28M en una fase de descuento, sometida a una presión electoral que agrava la parálisis de las decisiones políticas y económicas. La incertidumbre afectará a las decisiones de inversión a la espera de si hay cambio de gobierno y se modifican proyectos como la Ley de Vivienda.

De aquí a diciembre, para los principales actores políticos será clave lo que ocurra con dos segmentos de la población: jóvenes y pensionistas. El foco de los partidos se pondrá en esta bolsa de votantes, principalmente, y no es cuestión menor que la letra pequeña del CIS ya indica que el PP ha empezado a superar al PSOE en apoyo entre los jóvenes de 18 a 24 años. En abril, el 22,6% de los jóvenes aseguraba que votaría a los socialistas, pero en mayo la cifra ha bajado al 14,1%. El 15,6% dice que se decantaría por Alberto Núñez Feijóo. En las salas de máquinas de Ferraz y Génova saben que las elecciones generales abrirán una crisis de liderazgo en el partido nacional que deje de ser el eje para formar un nuevo gobierno. Pedro Sánchez tendría enfrente a sus barones y Feijóo lideraría una transición a un congreso nacional del partido, en el que competirían, previsiblemente, Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno.

También en Cataluña se preparan cambios: ERC fijará nuevas condiciones a Sánchez para su investidura, si dan los números, y también tendrá que diseñar una estrategia de más confrontación en respuesta a un gobierno de la derecha. Por tanto, las elecciones generales pueden ser un factor desestabilizador del clima actual.

Además, la nueva etapa que se abre tras el 28M llega bajo la recomendación de Bruselas a España de un ajuste de 9.000 millones y aconseja retirar las medidas de apoyo energético y destinar todo el ahorro obtenido por esta vía a reducir el déficit. También ha advertido de que las sanciones por incumplir el déficit volverán en 2024 y pide tenerlo en cuenta en la ejecución presupuestaria. La Comisión Europea ha apuntado al paro y a la deuda pública y privada como debilidades económicas de España.

Es evidente que el Gobierno que salga de las urnas en diciembre tendrá que hacer recortes o subir impuestos para cumplir. Si bien, de momento, por delante quedan por lo menos ocho meses de parálisis, en el mejor de los casos, si no hay bloqueo. Moncloa ha anunciado que suplirá con otras ayudas directas el fin de la rebaja del IVA a la que obliga la UE y tiene intención de aplicar «nuevas medidas» de carácter coyuntural para contrarrestar el previsible coste electoral de no prorrogar el escudo social. Aunque las urnas ya han dicho que los votos no se compran.