El Plan Reduce

Ana Botella ya no puede pasar a la historia como la alcaldesa que consiguió los Juegos Olímpicos para Madrid, pero sí puede hacer historia menuda como la alcaldesa que bajó los impuestos en tiempos revueltos de crisis económica. Ayer presentó un plan que se me ocurre bautizar como «Reduce», siguiendo la tendencia de poner nombre a las iniciativas que pueden resultar beneficiosas para los administrados. Se trata de un plan para ir reduciendo progresivamente, por etapas, una serie de impuestos municipales y todo lo que sea rebajar la presión fiscal en los tiempos que corren, es como que las economías domésticas respiren una bocanada de aire fresco, un aliento en medio de tanto desasosiego impositivo.

La alcaldesa ha anunciado una reducción del 12 por ciento en la tasa de basuras el próximo año, y ha justificado la nueva temporada de «rebajas Botella» por el ahorro en la gestión de este servicio. Hay que tener en cuenta que las tasas no son impuestos, y su objetivo es recaudar únicamente el gasto que produce la prestación del servicio.

La segunda de las reducciones anunciadas llegará en 2015, año electoral, y afecta al impuesto de vehículos a motor, con un descenso del 10 por ciento. La tercera rebaja programada por Botella es para 2016 y correspondería aplicarla al nuevo gobierno salido de las urnas un año antes. En este caso se trata del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que es la mayor fuente de recaudación de las administraciones locales, y que se rebajaría en un 5 por ciento.

Alguien puede pensar (pongamos que hablo de Montoro) que no es de recibo estar en misa y repicando, es decir, que no se puede estar llorando recursos y bajando impuestos al mismo tiempo, pero cuando hay previsiones de ir liquidando deudas pendientes, sobre todo a proveedores, aumentando la recaudación con la mejora de la gestión y conteniendo el gasto, se puede aliviar al ciudadano y a sus bolsillos de la asfixia impositiva que soporta, y eso lo puede entender hasta Montoro, ese ministro que exige ajustes y más ajustes, pero que sigue negándole a la Comunidad de Madrid los 1.000 millones de euros que le debe el Estado, y al Ayuntamiento, la compensación por los gastos derivados de su capitalidad.