En el Estado de Derecho el ejercicio del poder público, también el financiero y el económico por supuesto, está sometido plenamente a la ley y al Derecho. En efecto, el principio de juridicidad, junto a la separación de los poderes del Estado y al reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, los individuales y los sociales, componen el trípode sobre el que asienta ese modelo cultural y político que conocemos como Estado de Derecho. Un modelo que se pisotea y transgrede, sutilmente las más de las veces, groseramente de vez en cuando, cuando se permite que la voluntad de mando, de poder, se convierta en canon único y exclusivo, sin límites, de la actuación de quienes están investidos de alguna suerte de potestades, sean de la naturaleza que sean.

Hoy, en muchas latitudes, también por estos lares, asistimos al intento, sistemático y pertinaz, de domesticar y apropiarse de los poderes del Estado con el fin de la perpetuación en la cúpula. Para ello, se usa la mayoría parlamentaria, construida a como dé lugar, para invadir aquellos poderes compuestos por afines y adeptos dispuestos a seguir las consignas del mando para conservar la posición.

Tal fenómeno, de origen populista e interpretación y puesta en escena caudillista, domina hoy el panorama general en muchas partes del mundo. España no es una excepción tal y como, por ejemplo, ha demostrado el asedio al Tribunal Constitucional por una fuerza política. En sí misma, esta situación tiene que ver con la claudicación del Derecho frente al Poder, con la victoria de la voluntad de mando sobre la ordenación justa de la comunidad, con la primacía de la eficacia sobre la dignidad humana, con la visión cainita y maniquea que hoy impera también por estos pagos.

En efecto, a pesar de que los Ordenamientos constitucionales someten a la ley y al Derecho las manifestaciones del poder político, económico y financiero, en realidad, como bien sabemos, el respeto que merece el Derecho hoy brilla por su ausencia pues con frecuencia quienes disponen del poder hacen, de una u otra manera, lo que les viene en gana haciendo buena la máxima de que el Estado soy yo o, todavía, peor, persecución a los disidentes. En el fondo, y siguiendo a Hobbes, se ha sustituido la razón, la clave del Derecho para Tomás de Aquino, por el poder y la fuerza como fundamentos de la acción política.

En este tiempo, la manipulación de la información, su control y su presentación en sociedad de la mano del poder confirman que la victoria de Hobbes sobre Tomás de Aquino es una amarga realidad. La voluntad se impone a la razón y, por ende, el equilibrio aristotélico entre materia y forma se convierte en dictadura que aleja de sí toda referencia a los principios, a la sustancia de la realidad.

Como es bien sabido, los dictadores usaron en su provecho el propio Estado. Hitler, sin ir más lejos, utilizó, y de qué manera, el Estado parlamentario del momento, como arma arrojadiza contra el propio Estado de Derecho hasta conseguir doblegarlo, laminarlo, dominando a su antojo una sociedad inerme, sin temple cívico, sin capacidad crítica. Los alemanes, por eso, en la Constitución de Bonn en 1947 dejaron esculpido en uno de sus preceptos más relevantes que el poder público está sometido a la ley y al Derecho. A la norma elaborada en el parlamento por supuesto, pero no sólo. También al resto del Ordenamiento jurídico, donde se encuentra ese conjunto de principios que han de respirar las normas para orientarse derechamente a la justicia.

Por eso, quienes nos dedicamos a la enseñanza del Derecho tenemos la gran responsabilidad de poner a disposición de la sociedad juristas, no simples conocedores de leyes, hombres y mujeres comprometidos con la justicia, con la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, lo que se merece, no simples mercaderes de intereses que se compran y venden al mejor postor, sea en el ámbito político, económico o financiero.

Los principios del Estado de Derecho, de la razón, son cada vez más importantes. El problema es que el primado de la eficacia, de lo conveniente, de lo políticamente correcto, de lo útil para la tecnoestructura, todo lo invade, todo lo arrasa. Por eso, el tiempo en que estamos es un tiempo en que de nuevo la batalla entre los principios y el pragmatismo, entre la dignidad y la utilidad, vuelve al primer plano de la realidad. Y no podemos, ni queremos, permanecer silentes o contemplativos. No solo porque la sana crítica es una de las principales tareas de la universidad, sino porque, hoy se está perpetrando un asalto en toda regla a una de las bases de la misma democracia: la limitación del poder. Y hay que reaccionar.