Madrid: estas son las medidas de los criminólogos para atajar los narcopisos de Lucero

Los vecinos califican la situación de «dramática» en lo que se refiere a convivencia, insalubridad e inseguridad. No pueden desarrollar «libremente» su vida ni «ejercer sus derechos». Detallan cómo los consumidores actúan con total impunidad, consumen en las zonas comunes, defecan, destrozan el mobiliario y pernoctan en esas áreas por las que los vecinos transitan a diario. Los afectados sienten una total vulnerabilidad e indefensión y expresan de manera vehemente que «han dejado de confiar en las instituciones». Así llevan más de un año... y el problema no tiene visos de desaparecer. Es más, por el momento, si bien esta dura realidad se limita a dos fincas, ya se está trasladando a una tercera. Y si no se interviene cuanto antes, la amenaza podría extenderse.

Estas son sólo algunas de las conclusiones extraídas por el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) tras estudiar la «alama social» generada por los narcopisos de la calle Cullera, en el barrio de Lucero, distrito de Latina. Una zona que, en las últimas semanas, ha acaparado titulares por unos vecinos que no exigen, sino suplican, soluciones para recuperar una vida normal.

Con todo, los criminólogos madrileños no se han limitado a realizar un trabajo de campo para analizar el problema. Su intención es también la de aplicar soluciones. Esta semana, el CPCM le ha hecho llegar a la Junta de Distrito de Latina su «propuesta criminológica para una intervención y prevención eficaz en el barrio de Lucero». Una batería de propuestas y medidas basadas también en «experiencias similares en países de nuestro entorno» con la intención de poner coto al conflicto.

En total, la estrategia abarca nueve puntos. Entre ellos, involucrar a los propietarios, con talleres de formación sobre gestión efectiva y las responsabilidades legales, así como la aplicación de sanciones a los propietarios que «no cooperen con las autoridades»; medidas comunitarias, tales como campañas de información sobre los riesgos o la creación de comités de vecinos para reportar «actividades sospechosas»; acciones policiales y legales, como establecer zonas de parking exclusivas para residentes, reorganizar el tráfico para dificultar el acceso a los compradores, el aumento de la presencia policial, la implantación de cámaras de seguridad y asignar un único fiscal a todos los casos relacionados con el edificio; medidas jurídicas, que irían de acciones civiles por daños, lo que permitiría a los residentes demandar a los propietarios por «daños monetarios» o utilizar la legislación para confiscar «temporalmente o permanentemente» las propiedades que sean epicentros de actividad delictiva...

Del mismo modo, el CPCM plantea una serie de medidas relativas a las infraestructuras: asegurar una buena iluminación en todas las áreas comunes y exteriores; sistemas de control de acceso para residentes y visitantes, regulando y limitando el número de entradas y salidas del edificio; modificar los espacios comunes para evitar que se conviertan en puntos de encuentro para actividades ilícitas; y la instalación de cámaras en dichas zonas comunes.

Los bancos también serían una de las patas de la estrategia: al tener hipotecas sobre las propiedades afectadas, deberían exigir a los propietarios mejorar las condiciones de seguridad. Del mismo modo, los poderes públicos tendrían que realizar inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de las normativas y detectar cualquier violación que pueda facilitar el tráfico de drogas.

El plan no se olvida de los usuarios de los narcopisos: sería necesario implementar programas de tratamiento y rehabilitación para los consumidores, combinados con «penas alternativas» para reducir la demanda local.

Por último, los criminólogos recuerdan que todas las Administraciones tienen responsabilidad y competencias para «solucionar la situación», por lo que se les debe exigir «actuar de forma conjunta y coordinada».

«Los criminólogos tenemos una función social», explica a LA RAZÓN Abel González, vicedecano del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid. «Tenemos las herramientas, experiencia y formación para hacer propuestas y prevenir problemas puntuales. Conocemos las experiencias de otros lugares y podemos adaptarlas a la realidad del lugar. Y la propuesta del Colegio puede encajar en la calle Cullera», añade.

Con todo, no hay varitas mágicas ante un problema así. «No es una solución a corto plazo. Pero es posible mitigar el problema para que los vecinos se sientan seguros, y que, a medio y largo plazo, la zona sea segura para ellos».

El Colegio lleva cinco años funcionando en la región, y se creó tras el «boom» de titulaciones en Criminología, una carrera muy joven. Pero, además de representar a los criminólogos, su fin es el de «dar a conocer a las diferentes instituciones cómo podemos ayudar». Así, entre otros objetivos, el CPCM persigue «una ley a nivel nacional que oficialice las funciones que ofrecemos, como el auxilio a las administraciones». Por ejemplo, consideran muy útil la creación de un departamento de Criminología en la Comunidad de Madrid, lo que proporcionaría respuestas inmediatas a problemas como el de la calle Cullera. Del mismo modo, creen necesaria la elaboración de una «encuesta de victimización» en la región: preguntar a los ciudadanos si han sido víctimas de un delito, si lo han denunciado, su sensación de seguridad, y contrastarlo después con el número de denuncias.

Su análisis de los narcopisos en Lucero es un ejemplo de lo que pueden ofrecer. «Los estudios que tenemos sobre criminalidad urbana apoyan una evolución: los vecinos van siendo apartados y malvenden sus casas, el tráfico de drogas va ocupando mayor espacio y, viendo que es una zona donde es fácil instaurar esa delincuencia, se va extendiendo a otras zonas de Madrid, provocando un ‘‘efecto llamada’’. Si no se hace algo ahora, los estudios criminológicos nos señalan que estas zonas son abandonadas para convertirse en puntos calientes de la delincuencia», argumenta.

«La problemática de los narcopisos lleva años enquistada y la administración no es capaz de dar una solución a los vecinos afectados», afirma por su parte Alberto Rodríguez, coordinador del grupo de trabajo del estudio. «Con este Plan, el Colegio de Criminólogos de Madrid se postula para crear un protocolo de actuación integral que ayude a las administraciones a dar una respuesta efectiva a este problema», explica.

Quizá, uno de los problemas, apunta Rodríguez, está en que las estrategias todavía hoy se basan sólo en protocolos de actuación del siglo XX, como «la presencia policial y el uso de cámaras», para dar respuesta a «problemas del siglo XXI». «Hemos de dar respuesta a estos problemas tan complejos con planes de intervención criminológica integral, y para ello, desde el Colegio de Criminólogos podemos ayudar a las administraciones a diseñarlos», concluye.