La exalcaldesa de Móstoles y cinco concejales socialistas, obligados a dimitir tras la apertura de juicio oral por prevaricación y malversación

La exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, y su antiguo equipo de gobierno, ahora cinco de ellos concejales que forman parte del Grupo Socialista, tendrán que dimitir después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles haya abierto juicio oral por un presunto caso de prevaricación y malversación. Así, se les podría imponer una pena de seis años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por la primera de las acusaciones y otra de tres años y seis meses con una cuota diaria de 5.000 euros por la segunda.

El asunto está relacionado con el «caso ITV», por el que presuntamente se perdonaron 2,5 millones en tasas municipales a una ITV. En un primer momento, el caso quedó sobreseído al determinar la jueza instructora que no había delito de malversación y prevaricación, pero el caso se reabrió después de que Más Madrid y la Fiscalía interpusieran un recurso de apelación contra la sentencia. La apertura de juicio pone al PSOE de la segunda ciudad más grande de Madrid al borde de una de las peores crisis que haya tenido nunca. Es más, el asunto obligaría al secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, a tirar de bisturí con cinco de los siete concejales del PSOE que hoy componen el Grupo municipal socialista en el Ayuntamiento y que, además, forman parte de la ejecutiva del partido en esta localidad.

Lobato se vería obligado a aplicar el código ético del PSOE, que conlleva la expulsión del partido de Noelia Posse, concejala y presidenta de la Agrupación Socialista de Móstoles; Álex Martín, concejal y secretario general; David Muñoz, concejal y secretario de Organización; Marisa Ruiz, concejala y secretaria de Estrategia, Programas y Acción electoral y Rebeca Prieto, concejala y secretaria de Empleo, Programas y Acción Electoral en el partido. Y es que el artículo 90 de los estatutos federales impone la suspensión cautelar de los militantes a los que se abra juicio oral por corrupción. Así las cosas, la Ejecutiva del partido en Móstoles se vería descabezada y desaparecería el grupo municipal al quedarse el Grupo Socialista solo con dos concejales.

A nivel municipal, si los afectados son expulsados del partido y no renuncian a sus actas como concejales, podrían pasar al Grupo Mixto y convertirse en tránsfugas. Tal y como expone el auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, El juez también requiere a los acusados que de forma conjunta y solidariamente en el plazo de un día aporten una fianza de 817.453,94 euros de manera solidaria «para asegurar las responsabilidades pecuniarias».

La Fiscalía había pedido doce años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio pasivo para los implicados en la decisión de perdonar la deuda, presuntamente. La Fiscalía considera que los acusados «ocasionaron un perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles» al aprobar, mientras estaban en el Gobierno y mediante el procedimiento de urgencia, una quita del 50% de la deuda que mantenía con el Consistorio la empresa ITV Móstoles ITV, la reducción del canon anual a 60.000 euros y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda, sin intereses ni recargos, a razón de 30.000 euros anuales y una última anualidad de 15.000 euros. El Fiscal puntualiza que el acuerdo se adoptó por los acusados «a pesar de contar con un informe desfavorable del interventor. La acusación particular en este caso, la ejercen los exconcejales de Más Madrid Gabriel Ortega y Susana García, que presentaron una denuncia por prevaricación y malversación.