Un centenar de personas acudieron en apoyo de Juani y Mayra, vecinas de Lavapiés

Juani y Mayra, vecinas de la calle Argumosa 11, en Lavapiés, seguirán de momento en sus casas. La plataforma “cascos azules” ha publicado en redes sociales la que consideran “una nueva victoria”, después de haber logrado paralizar el desahucio que estaba previsto para esta mañana. Se da la circunstancia de que ambas mujeres son familiares de Pepi, también residente de Argumosa y cuyo desahucio fue evitado recientemente.

Fernando Bardera, de la Asociación de Vecinos de Lavapiés, relata a LA RAZÓN que en torno a un centenar de personas han acudido a la vivienda en apoyo de las vecinas. Hasta el lugar “no se ha presentado la Policía Nacional ni una pareja de municipales, sólo la comisión judicial”. Otra comisión de negociación, con abogados de la asociación, ha hablado con los representantes del juzgado y han acordado que el desahucio se paraliza, de momento, sin fecha.

“Juani y Mayra tienen fe. Es un alivio para ellas. Pero es el decimotercer intento de desahucio en Argumosa. Es como el día de la marmota. La situación no acaba de resolverse totalmente”, explica Bardera, que recuerda que en breve tendrán que afrontar el desalojo de Rosi, otra vecina. En su opinión, “Argumosa es un símbolo de la pandemia especulativa. Pero esperamos un punto de inflexión. Que en el Congreso se renueve la Ley de Arrendamientos Urbanos. No que se hagan cuatro o cinco medidas improvisadas. También pedimos que se regulen los precios y que se penalice a los multipropietarios con viviendas vacías”. En lo que respecta al Ayuntamiento de Madrid, Bardera cree que debe “utilizar sus herramientas. Por ejemplo, comprar esos edificios. Y si los dueños no lo aceptan, expropiarlos. No tienen un parque de vivienda pública, aunque lo llevaban en su programa”. Sobre la Comunidad de Madrid, aseguran que cuentan “en el el mismo barrio de Lavapiés con edificios de vivienda pública vacíos. Y no sabemos por qué no los conceden”.

Los propietarios denuncian “acoso y derribo”

Ángela Gómez, abogada de los propietarios del edificio, se puso en contacto con este diario para aclarar algunos puntos que consideran falsos sobre la historia de estos desahucios. “Se ha dicho que el edificio pertenece a un fondo buitre y que ha subido las rentas un 300%. Es completamente falso. La realidad es que el edificio de la calle Argumosa pertenece en su mayoría a cuatro propietarios particulares y que tienen una situación especial. Una de ellas tiene 90 años. Otra esta incapacitada. Otro es profesor universitario y es tutor de la mujer incapacitada. El último propietario es una pequeña empresa que se dedica a comprar cuotas de participación de inmuebles”, afirma la abogada. Así, Gómez asegura que sus representados sufren “una situación de acoso y derribo continuo”, sobre todo por las plataformas que defienden a los inquilinos. “Han intentado que pagaran las rentas a través de un requerimiento por burofax. Y al no haber respondido se inició el procedimiento judicial, que lo tenemos ganado desde hace un año. Y es imposible cumplirlo”. La abogada señala el parentesco de Juani, Mayra y Pepi, “que cuentan con un negocio al tener siete pisos del edificio okupados. Imagínate lo que supone para el propietario no recibir ninguna renta”, concluye.