Los empresarios y los autónomos denuncian que «se legisla mucho», dilatando plazos e incurriendo en contradicciones

«La Administración tiene que cambiar, independientemente del signo político, tiene que pensar que no puede ser una traba. Andalucía está llena de leyes, decretos, normas. Podríamos empapelar un edificio entero con tanta norma y a veces la Administración tiene que legislar menos y estorbar menos. Sin embargo en Andalucía todavía poner en marcha una actividad o un negocio sigue siendo dificultoso. Hay veces que cuando hay que hacer un informe de impacto ambiental, es que se muere (el solicitante)». En estos términos explicaba el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, a LA RAZÓN, la maraña burocrática de las instituciones. Según los datos facilitados por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Junta ha tramitado casi 300 normas durante los cinco años de gestión de Susana Díaz. Con todo, sus –según las cifras que arrojan las encuestas–, posibles socios de –como poco– investidura, Adelante Andalucía, ya han anunciado una batería de 24 leyes más en 24 meses sin concretar el impacto de esas normas en el Presupuesto.

Paradójicamente, la candidata de Adelante Andalucía para las elecciones del 2D, Teresa Rodríguez, en una reciente entrevista, cuestionaba la capacidad de maniobra del Parlamento andaluz, a pesar de las iniciativas aprobadas. Entre el ejercicio 2012 y 2017 en Andalucía se han publicado 81 leyes, de las que 44 han tenido la fórmula de Decreto Ley, según el documento «La empresa motor de desarrollo social» realizado por la CEA de cara a la próxima legislatura. En el mismo período de tiempo, el Estado ha aprobado 285 normas con rango de ley. En resumen, el ordenamiento andaluz ha sufrido el impacto en seis años de 366 normas con rango de ley, esto es, 61 leyes por año. Observando sólo la última legislatura,en 2017, la Junta aprobó ocho leyes y tres decretos ley; en 2016, 10 y cinco decretos ley;y en 2015, tres y cuatro decretos ley. Por su parte, los planes normativos aprobados para 2017 y 2018 han supuesto una previsión de 38 leyes, esto es, 19 por año, lo que multiplica por más de tres la producción anterior de seis leyes anuales de media. El conjunto de normas publicadas en los boletines de todo el Estado supuso un total de 954.568 páginas en 2017. En Andalucía, del BOJA fueron 64.486 páginas, cifras similares a las de los años anteriores: 65.823 en 2016 y 61.845 en 2015.

Los empresarios señalan que «la principal forma de relacionarse la Administración con la ciudadanía es a través de su producción normativa y de la carga burocrática que de ella se deriva, lo que ha dado lugar a varias normas que promueven la eliminación de trámites y la simplificación administrativa, sin que hasta el momento las mismas hayan sido suficientes, entre otras cuestiones, por la prodiga capacidad normativa de las propias administraciones públicas».

La CEA aboga por analizar la calidad de las normas, más que la cantidad, y «la oportunidad de su aprobación». «Se legisla mucho y en muchas ocasiones con un contenido que reiteradamente se viene declarando que es meramente declarativo o, en otros casos, una reproducción literal de los textos jurídicos nacionales, o, incluso, autonómicos, pero recogidos en otros ámbitos sectoriales» e incurren en contradicciones. Los empresarios propone una auditoría de las normas existentes.