Ecologistas cree un «grave error» recurrir al TS y la responsabiliza «directamente» de roturas de balsas futuras

No ha provocado maniobra de reacomodamiento alguna la sentencia con la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó el pasado 19 de septiembre, al estimar un recurso de la federación autonómica de Ecologistas en Acción, la Resolución de marzo de 2014 que otorgaba la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el proyecto de explotación del complejo minero de Riotinto, en Huelva, promovido entonces por la sociedad Emed Tartessus, reconvertida en la actualidad en Atalaya Riotinto Minera. Lo prueba el hecho de que ayer se publicara en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) un anuncio de la delegación onubense de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para notificar a Minas de Riotinto S A, una de las empresas implicadas en algún momento en la gestión del yacimiento y a la que el Gobierno regional concedió ayudas que ahora investiga el Tribunal de Cuentas, el «trámite de audiencia» correspondiente «del expediente de Modificación Sustancial» de la AAU «del Proyecto de Explotación 'Riotinto', como consecuencia del Proyecto de Mejoras Operativas y Seguridad al Proyecto de Recrecimiento del Depósito de Estériles del PRT». La Junta no ha podido localizar a dicha entidad por lo que ha utilizado el BOJA –también el Boletín Oficial del Estado (BOE)–, como marca la legislación vigente, con el objetivo de comunicarle donde puede localizar el expediente para poder formular «las alegaciones que considere oportuno», si es que lo estima conveniente.

Desde el Ejecutivo autonómico ya anunciaron el mismo día que se difundió el fallo del Alto Tribunal andaluz que lo recurrirían ante el Tribunal Supremo (TS). Los conservacionistas saben que la sentencia no es firme, pero consideran que lo lógico sería desandar en lo actuado y no continuar hacia adelante como si el TSJA no se hubiera pronunciado. Sobre todo, teniendo en cuenta que el motivo por el que éste anuló el permiso a la mina es que «se vulneraron las obligaciones de información y los derechos de participación ciudadana previstos en el artículo 19 del Decreto 356/2010, que obliga a un periodo de información pública después de emitir el informe de compatibilidad ambiental».

Fuentes de Ecologistas en Acción anotaron además ayer a LA RAZÓN que el Gobierno regional «intentó colar» el cambio al que se aludía en el BOJA «como no sustancial» y fue gracias a un escrito que armó y registró esta organización «verde» por lo que «le dieron finalmente la consideración de sustancial». La tiene, a juicio de los activistas, porque lo que se altera es «el valor obligado de espesamiento –contenido en sólidos– de los lodos –residuos de la actividad minera–, pasando del 50% al 35%», lo que, entienden, «supone un grave riesgo para la seguridad de las balsas» en los que se acumulan. Los ecologistas niegan estar instalados en el camino de incomodar a la Junta pero lo que sí tienen es memoria para defender que la comunidad ya ha sufrido suficientes desastres ambientales a cuenta de la minería. Consideran «un grave error» que el Ejecutivo autonómico recurra la resolución del TSJA ante el Supremo, «en vez de acatarla y retrotraer el procedimiento de AAU al momento que le indica» el Alto Tribunal andaluz, y cumplir así «con las obligaciones de información y participación ciudadana» violentadas. «Mientras tanto –suman las fuentes consultadas por este diario– debería paralizarse la actividad de vertido de los lodos y exigir a Atalaya Minig que realice las inversiones necesarias para garantizar la seguridad de las balsas». Avisan de que la decisión de recurrir eleva «la inseguridad jurídica de la explotación minera», dado que auguran que el TS «va a ratificar» el fallo y «entonces el cierre judicial» de aquélla «será inevitable». «Hacemos responsable directamente a las autoridades ambientales de la Junta de una posible rotura de las balsas y de las consecuencias que ello pueda traer», rematan.

Fallo sin efectos para Aminer

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transforma-doras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) señaló ayer que la anulación por parte del TSJA de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada a la mina de Riotinto «no infiere ni en su presente ni en su futuro».