Isabel dos Santos, hija del difunto expresidente de Angola José Eduardo dos Santos, ha sido demandada por la compañía de telecomunicaciones Unitel. La empresa angoleña reclama daños y perjuicios por valor de 733 millones de dólares (unos 670 millones de euros al cambio) derivados de las decisiones financieras que adoptó durante su etapa al frente de la entidad, por lo que ha solicitado al Tribunal Superior de Londres que concediera una orden de congelación mundial sobre sus activos.

Dos Santos, sin embargo, denuncia una campaña política en su contra «coordinada por el Gobierno» angoleño de João Lourenço, exministro de Defensa en el último Gobierno de su padre.

Sucesivas investigaciones periodísticas han demostrado que la multimillonaria angoleña, considerada la mujer más acaudalada de África, hizo fortuna gracias a la corrupción y la explotación de los recursos de Angola durante su participación en algunas de las mayores empresas del país. Habría utilizado su posición para enriquecerse a costa del Estado, una acusación que siempre ha desmentido.

El juez instructor de la causa, Robert Bright, dictaminó la pasada semana la congelación de sus activos. La sentencia concede una orden de embargo preventivo a favor de la telefónica angoleña. Aunque los términos de la congelación se decidirán en una vista posterior, el magistrado advirtió a Dos Santos de que «este parece un caso obvio para una orden de embargo preventivo mundial» que va más allá de la jurisdicción inmediata del Tribunal Superior de Londres.

El caso contra Dos Santos comprende una serie de préstamos realizados entre 2012 y 2013 por valor de 400 millones de dólares de Unitel a otra empresa que comparte el mismo nombre, Unitel International Holdings (UIH, por sus siglas).

Esta última compañía, constituida en los Países Bajos, pertenece y está controlada por la propia Isabel Dos Santos, según consta en los documentos judiciales.

Una información remitida al Tribunal Superior de Londres refleja que la compañía dejó de pagar intereses por los préstamos desde principios de 2020. Unitel denuncia que los préstamos se hicieron a tipos inferiores a los valores comerciales y sin ninguna garantía significativa, y denuncia que Dos Santos obtuvo los préstamos «en última instancia, para su propio beneficio personal».

Dos Santos, sin embargo, sostiene que los préstamos a UIH fueron aprobados por el consejo de administración y los accionistas de Unitel y que se hicieron de buena fe.

Según su versión, la orden de congelación «debe considerarse a la luz de las luchas políticas en Angola» derivadas de sus esfuerzos por «erradicar la corrupción» durante su mandato al frente de la petrolera estatal del país, Sonangol. Los documentos judiciales recogen que Unitel está «en última instancia bajo el control efectivo del Estado angoleño» tras los cambios en su propiedad y gestión a partir de 2020.

El padre de Isabel dos Santos gobernó el país durante 38 años hasta su dimisión en 2017 por su delicado estado de salud. Murió cinco años después tras sufrir un paro cardíaco mientras recibía tratamiento médico en una clínica de Barcelona.

Su sucesor, João Lourenço, caído en desgracia y después rehabilitado por el expresidente, puso en marcha una campaña anticorrupción a su llegada al poder que ha afectado principalmente a la familia y el círculo más próximo de José Eduardo dos Santos.

Según el Tribunal Superior de Londres, los activos de su hija Isabel incluyen propiedades en Reino Unido por valor de 33,5 millones de libras (39 millones de euros) y 86 millones de dólares en Mónaco y Dubái. Solía aparecer en la lista Forbes de las personas más ricas del mundo, pero la congelación de sus activos ha hecho que desaparezca de los rankings.