Crisis institucional
La cohabitación imposible entre Duda y Tusk paraliza Polonia
El presidente ultranacionalista bloquea la agenda reformista del Gobierno proeuropeo
La cohabitación polaca entre el Gobierno proeuropeo de Donald Tusk y el presidente ultranacionalista Andrzej Duda ha derivado en una crisis institucional que amenaza con paralizar el país. Duda, procedente del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), ha puesto todos los palos posibles en la agenda reformista con la que se presentó Tusk a las elecciones del pasado octubre.
Antes de Navidad, en un primer pulso, el presidente polaco bloqueó el presupuesto de la radiotelevisión pública en protesta por la decisión del Gobierno de cesar a la dirección nombrada por el PiS, acusada de manipular la información del ente público.
Sin embargo, el mayor problema al que se está enfrentando el Gobierno, una heterogénea coalición entre conservadores, liberales y socialdemócratas, es en su plan para recuperar la independencia judicial tras ocho años de intentos por controlar a los jueces por parte del partido de Jaroslaw Kaczynski. Este lunes, Duda volvió a desafiar a Tusk negándose a aceptar el cese del fiscal nacional, Dariusz Barski, que permanece en su despacho pese a haber perdido la confianza del Gobierno.
Barski, nombrado por el ex primer ministro Mateusz Morawiecki, había sido cesado el viernes después de que el Ministerio de Justicia presentara una ley para reformar el mecanismo de elección de los jueces polacos, un primer paso para restaurar la independencia judicial ante las críticas vertidas contra Polonia desde la Comisión Europea.
El presidente de la República, que ayer se reunió con Tusk, acusa al Gobierno de no respetar la ley, que exige que sea consultado sobre el cese o nombramiento del fiscal nacional, el segundo en el escalafón del Ministerio Fiscal tras el fiscal general.
Ilustración de este caso judicial en que se ha instalado Polonia es el encarcelamiento la semana pasada por un caso que de 2007 de exdiputados del PiS, entre ellos un ex ministro. El titular de Interior en el anterior Gobierno, Mariusz Kaminski, y su estrecho colaborador, Maciej Wasik, fueron detenidos en el palacio presidencial donde se habían refugiado por invitación de Duda, que los califica como los primeros presos políticos en Polonia desde la caída del comunismo en 1989.
«Es una situación desconocida en cualquier otro país democrático, cuando el presidente oculta a personas condenadas por los tribunales y no reconoce el veredicto de los tribunales», considera Stanislaw Mocek, director de la universidad privada Collegium Civitas en Varsovia.
En 2015, ambos políticos fueron condenados a prisión por haber elaborado ocho años antes, cuando dirigían la Oficina Anticorrupción, un expediente falso contra altos responsables políticos. Luego fueron indultados por Duda, incluso antes de que entrara en vigor la decisión del tribunal, que más tarde fue cuestionada por el Tribunal Supremo.
El Constitucional, controlado por el PiS, rechazó el veredicto de la Corte Suprema y autorizó al jefe del Estado afirmar que su gracia permanece vigente toda la vida. Este último tribunal también ha llegado a iniciar un nuevo «procedimiento de gracia», diferente y más largo que el anterior.
«El presidente echa más leña al fuego, al tiempo que afirma querer llegar a un compromiso. El único compromiso posible es el Estado de derecho», insiste Mocek. Duda, por su parte, no duda en denunciar públicamente «el terror del llamado Estado de derecho», en un momento en el que Tusk lo considera un «principio primordial» que seguirá.
Es probable que el enfrentamiento entre el Gobierno proeuropeo y la oposición nacionalista populista, apoyada por el presidente polaco, perdure hasta que Duda concluya su segundo mandato en 2025.
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