La difícil lucha de los abogados contra los "abusos" de los jueces: "Me sentí denigrado"

Tomás González, abogado de profesión, vivió una situación que nunca olvidará esta pasada semana en un juicio. Le ocurrió cuando le llegó su turno para exponer las conclusiones del caso, antes que el asunto quedase visto para sentencia por el Juzgado de lo Social número 51 de Madrid. Comenzó a desplegar sus conclusiones, como en cualquier otra jornada de trabajo de los ocho años de ejercicio que tiene a sus espaldas como letrado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Fue, entonces, cuando la jueza María José García Castaño –cuenta González a LA RAZÓN– comenzó a interrumpirle de manera continua para reprenderle porque «no sabe hacer las conclusiones» e instarle a que «no las hiciese así». La jueza llegó a espetarle con «soberbia» a este abogado que «si quieres te enseño a hacer unas conclusiones». Esta vez sintió que la magistrada cruzó todas las líneas, pese a que, admite, han sido varias las veces en las que en el ejercicio de su profesión «me han tratado fatal, como a todos mis compañeros».

Se sintió «humillado» y «denigrado». Mirando hacia atrás, Rodríguez confiesa a este diario que «da gracias» de que «no estuviese delante» el cliente al que representaba en el procedimiento, porque le hubiera dejado en una situación «muy compleja» tras ser «ninguneado» por quien en teoría imparte Justicia.

Le dieron ganas de coger, levantarse e irse, pero finalmente optó por contestarle «fuerte, pero con respeto» y pudo concluir sus palabras, aunque «sin poder hacerlo en condiciones» dado que estaba, evidentemente, «alterado». Entre tanto, relata, la jueza amenazó con sancionarle.

Cuando terminó la vista única que fue escenario del mal trato y como forma de «no permitir que esta señora me haya puesto en ridículo» sin consecuencias, se fue directamente a pedir amparo al ICAM con una queja de lo que considera un «abuso». «No voy a callarme, le podrán gustar más o menos mis conclusiones, pero esta señora no tiene derecho a vacilarme de esta manera».

También decidió tomar este camino para ir en contra de lo que ve que reina entre sus compañeros cuando se ven en situaciones así. La mayoría «no se queja de nada» porque consideran que «nada va a cambiar ni va a tener alguna consecuencia» para el miembro de la judicatura que trata así a un letrado. Para este profesional es una «mentalidad curiosa» la que ve que reina en el mundo de la abogacía porque son «derrotistas» cuando «se trata de defendernos a nosotros mismos», pero nos dedicamos a «defender al resto».

La incidencia de su caso ya está en manos del servicio de defensa la abogacía del ICAM, tal y como ha podido confirmar LA RAZÓN. El responsable de este área, el diputado Javier Mata, espera el vídeo de lo vivido por este colegiado. A Rodríguez, de momento, no le quieren entregar este material en el juzgado bajo la justificación de que «aún no está disponible».

Mata procederá, cuando lo reciba, a analizar y concluir si realmente existió un trato desconsiderado hacia este abogado. También llamará a la jueza para «contrastar lo sucedido». Si se confirma, desde defensa de la abogacía trasladarán lo ocurrido con la jueza García Castaño tanto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el seno del Poder Judicial, la queja contra la magistrada recaerá en la comisión disciplinaria, que será la encargada de volver a valorar si hay una posible infracción disciplinaria y hacer una propuesta de sanción que, en todo caso, tendría que recibir el visto del pleno del órgano de gobierno de los jueces.

Los incidentes de este tipo abiertos por abogados madrileños subieron el año pasado más de un 50 por ciento respecto a 2023. Hubo un total de 97 expedientes, de los que 17 afectaron a miembros de la magistratura, según datos oficiales del colegio profesional. Situaciones desagradables de este tipo siempre ha habido en el ejercicio diario de la abogacía, explica Mata a este diario, pero vinculan la subida de las denuncias internas a la campañas de sensibilización que viene desarrollando el equipo del decano, Eugenio Ribón. «Por ser comunes, no significa que sean tolerables ni se puedan normalizar, hay que tomar medidas», reivindica.

Admiten en el ICAM, por otro lado, que son situaciones «difíciles de acreditar y valorar» y que la mayor parte no conllevan sanción disciplinaria para un juez, ya que dentro de su régimen disciplinario es difuso el límite que establece cuando una forma de actuar de quien ejerce la función jurisdiccional va más allá de una actitud «firme o severa» permitida.