Última baza de Puigdemont en el Supremo antes de acudir al TC por la amnistía

Carles Puigdemont apura en el Tribunal Supremo (TS) sus opciones de beneficiarse de la Ley de Amnistía antes de acudir en busca de amparo al Tribunal Constitucional (TC) de Cándido Conde-Pumpido. La Sala de Apelaciones celebra hoy una vista para revisar la negativa del magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», a aplicar la ley al expresidente de la Generalitat en relación al delito de malversación por el que está procesado. Tres magistrados –Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo– escucharán los argumentos de su defensa (y los de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig a quien también Llarena ha dejado fuera de la amnistía) y del resto de las partes (Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox) a favor y en contra de la posición del instructor, que mantiene en vigor la orden nacional de detención del líder de Junts.

Para Puigdemont, supone la última oportunidad de que el Supremo le reconozca el paraguas de la amnistía –lo que abriría de par en par las puertas de su regreso a España–. Decida lo que decida la Sala, es un paso indispensable para poder acudir al TC en amparo, al agotar así la vía jurisdiccional.

Sobre la mesa, los dos argumentos principales de Llarena para dejar al líder independentista fuera de la amnistía: el enriquecimiento ilícito de la malversación que equipara con la financiación con fondos públicos del proceso soberanista (supuesto que excluye la propia ley) y la consideración de que con ese desafío secesionista se pusieron en riesgo los intereses financieros de la UE.

Pero, sobre todo, la defensa del expresident –que ejerce el abogado Gonzalo Boye– pondrá el foco en una de sus quejas recurrentes, ahora redoblada al haber perdido Puigdemont la condición de eurodiputado: la falta de competencia del Tribunal Supremo para seguir instruyendo el procedimiento cuya amnistía pretende (la causa del «procés»).

La defensa del líder de Junts esgrimirá en la vista que, puesto que el Supremo afianzó su competencia en la causa del «procés» en la condición de eurodiputado de Puigdemont, al dejar de serlo esa competencia debe decaer dado que «no hay apertura de juicio oral» (el momento a partir del cual, según la jurisprudencia del alto tribunal, ya no se puede renunciar al aforamiento aunque se pierda). Para su abogado, al ser ahora el expresident diputado del Parlament (al igual que Puig), quien debe asumir la causa es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De lo contrario, considera que el Supremo vulnerará el derecho al juez predeterminado por ley, uno de los puntales de su futuro recurso de amparo ante el TC.

El escenario judicial que se plantea Puigdemont pasa porque el tribunal que preside Conde-Pumpido declare constitucional la Ley de Amnistía antes del verano, rechazando primero el recurso del PP y a continuación, como un castillo de naipes, todos los recursos planteados por los gobiernos autonómicos gobernados por los populares y el del Ejecutivo castellanomanchego de García-Page, así como las cuestiones de inconstitucionalidad impulsadas por el Supremo y el TSJ de Cataluña.

Más dudas plantea al expresident el desenlace de los recursos de amparo, que podrían demorarse algo más y sobre cuya estimación no acaba de fiarse el entorno de Puigdemont, que no descarta que el TC declare por un lado constitucional la amnistía y, por otro, deniegue los amparos argumentando que es el Tribunal Supremo el competente para aplicar la ley, al tratarse de una cuestión de «derecho penal sustantivo». «No hay mayoría suficiente en el tribunal para conceder esos amparos», apuntan.

En ese horizonte, ironizan, «Cándido va a cumplir con Pedro (Sánchez), y Pedro va a cumplir con Puigdemont» al declarar el TC acorde con la Carta Magna la polémica medida de gracia.

Y es que las expectativas de Puigdemont, hacen hincapié fuentes próximas al expresident, están puestas sobre todo en Estrasburgo, en la medida en que dan por hecho que antes de que se resuelvan los recursos de amparo el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) anulará en otoño las condenas del «procés» por vulneración de derechos fundamentales. «Si es así, los recursos de amparo pierden el objeto. ¿Sobre qué se va a pronunciar entonces el Tribunal Constitucional si no hay condenas?», se preguntan de forma retórica.

En su recurso de apelación, Puigdemont califica de «excéntrica» la posición de Llarena de equiparar el desvío de fondos públicos para financiar el proceso soberanista con un «enriquecimiento». Asimismo, niega que se pueda sostener que el «procés» implicó «un perjuicio financiero efectivo» a los intereses de la UE, algo que tacha de mera «hipótesis».