Un fiscal argentino solicita información para saber si MBS tiene inmunidad diplomática.

La ONG Human Rights Watch denunció el lunes en Buenos Aires al príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman, por delitos de lesa humanidad. MBS es uno de los invitados a la cumbre del G-20 que este año se celebra en Argentina y HRW solicitó al juez federal Ariel Lijo que abriera una investigación penal contra el príncipe heredero -que también es el ministro de Defensa saudí- por los crímenes cometidos por Arabia Saudí como líder de la coalición internacional en la guerra en Yemen, entre otros.

El fiscal Ramiro González recogió el testigo de HRW y demandó al juez más información para tramitar esta denuncia. “En la presentación efectuada por Kenneth Roth representando a la organización no gubernamental Human Rights Watch, se señalan “violaciones de derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional humanitario, así como la impunidad que gozan los responsables de graves delitos internacionales” en las que habría participado Mohamed bin Salman. Los hechos habrían tenido su génesis en marzo del año 2015, hasta la actualidad”, reza el dictamen al que tuvo acceso LA RAZÓN.

El fiscal resumen que “resulta relevante mencionar que se precisan las violaciones al derecho internacional humanitario en Yemen a través de ataques aéreos desproporcionados e indiscriminados a población civil que podrían constituir crímenes de guerra”. Asimismo González escribe que también se describieron “la existencia de torturas contra activistas mujeres detenidas en el año 2018, que incluyeron descargas eléctricas, azotes en los muslos y agresiones sexuales. En ese contexto se menciona que el periodista saudí Jamal Khashoggi fue torturado antes de ser asesinado en el consulado saudí en Estambul, Turquía”.

González reconoce en su dictamen que las situaciones que motivaron las intervenciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) no versan sobre “casos como el que nos ocupa” y es que “se debe advertir que se pretende la investigación de un viceprimer ministro y ministro de defensa, que sería una de las máximas autoridades del Estado, por delitos de lesa humanidad y/o crímenes de guerra cometidos en el propio estado del Reino de Arabia Saudí y en la República de Yemen”.

Ante estos hechos, el fiscal argentino resume que “las particularidades del caso y la posible responsabilidad de representantes de un Estado por violación a derechos humanos internacionalmente reconocidos ameritan que, ante su factibilidad, la competencia originaria de la Corte sea evaluada por el máximo tribunal del país y que en el caso que resuelva lo contrario o delegue su instrucción en los tribunales federales inferiores”, el juez Lijo “se aboque al caso y el suscripto dictamine lo que por derecho corresponda”.

Por último, pide que el juez le conteste en un tiempo legal así como que se le haga llegar las medidas solicitadas relativas a determinar el estatus de MBS y la existencia de otros procesos en trámite en Arabia Saudí y Yemen. Es decir, si el príncipe heredero y los crímenes ya están siendo investigados por otros países.

En medio de esta polémica, el príncipe heredero aterrizó ayer en Buenos Aires. Sin duda, será uno de los protagonistas de esta cumbre del G-20.