“El Parlamento ha confiado en mí para seguir liderando Suecia. Asumo esta tarea con determinación y respeto”, proclamó el socialdemócrata Stefan Löfven tras recuperar esta tarde la confianza del Parlamento. La misma Cámara que hace apenas dos semanas le convirtió en el único primer ministro en ejercicio que ha perdido una moción de censura en los cien años de historia democrática de Suecia. Y eso que Löfven había sobrevivido a otras cinco desde que llegó al poder en 2014. Siete años en los que solo su reconocida capacidad negociadora le han permitido sobrevivir en la cuerda floja de una cada vez más polarizada política sueca.

Pero, ¿qué ha pasado para que una crisis que amenazaba con conducir a las primeras elecciones anticipadas en Suecia desde 1958 se haya resuelto volviendo al punto de partida? Es decir, un Ejecutivo en minoría entre socialdemócratas y verdes liderado por Löfven y que necesita de apoyos parlamentarios para sacar adelante sus iniciativas.

La respuesta hay que buscarla en el polémico proyecto de ley presentado por el Gobierno para que los alquileres de las viviendas nuevas se rigieran por el mercado, en lugar de las actuales regulaciones estatales. Esta medida era uno de los 73 compromisos que firmó Löfven con centristas y liberales para que le apoyaran en su investidura como primer ministro en enero de 2019. El acuerdo sirvió para poner fin al bloqueo político instalado en el país tras las elecciones de septiembre de 2018, cuando ni izquierda ni derecha (con 144 y 143 diputados, respectivamente) era capaz de gobernar sola sin el apoyo de la utraderecha, convertida en árbitro del nuevo “Riksdag” con 62 escaños.

Pero para ser reelegido en 2019, a Löfven no le bastaba con romper el bloque azul y garantizarse el apoyo de liberales y centristas. Para alcanzar la mayoría, los socialdemócratas necesitaban la complicidad del Partido de la Izquierda, su tradicional socio parlamentario. Si bien los ex comunistas se abstuvieron para que Löfven gobernara, le advirtieron de que presentarían una moción de censura contra el Gobierno en caso de que éste sobrepasara sus dos “líneas rojas”: la liberalización del mercado de trabajo y de los alquileres.

La reforma laboral no fue un problema, dado que fue pactada por sindicatos y empresarios. Pero la ley de alquileres era otra cantar. La nueva líder izquierdista, Nooshi Dadgostar, necesitaba recordar a Löfven que sus 28 diputados eran vitales para el Gobierno, por lo que su partido debía ser tenido en cuenta.

El martes 15 de junio, los ex comunistas dieron un ultimátum al Gobierno de 48 años para que retirara a la ley o redactara una nueva. Löfven aceptó que el texto, que aún no había sido registrado ni en el Parlamento para ser discutido en la correspondiente comisión parlamentaria, asumir el acuerdo al que llegaran los propietarios y la Asociación Sueca de Inquilinos. Pero la concesión no fue suficiente para Dadgostar, que el 17 de junio retiró su apoyo al Ejecutivo rojiverde.

Dado que el Partido de la Izquierda no dispone de los 35 diputados que exige la Constitución para presentar una moción de censura, los ultraderechistas Demócratas Suecos (SD) aprovecharon la oportunidad de tumbar al Gobierno anunciando su propia moción. El voto de no confianza se celebró el 21 de junio y sumó 181 votos (seis más de los necesarios). Los diputados ex comunistas se sumaron a la oposición de derechas contra el Ejecutivo.

Durante la semana de la que disponía Löfven para dimitir o convocar elecciones, los centristas decidieron mover ficha y retirar su polémica ley de alquileres. La decisión fue clave para que el proceso de consultas abierto por el presidente del Parlamento, Andreas Norlén, concluyera que la única mayoría viable en el Legislativo era la del Gobierno recién derrotado en la moción de censura. Un cambio clave para que todo sigue igual hasta la celebración de las elecciones el 11 de septiembre de 2022.