El complejo mapa de la financiación

madrid- Desde que Carlos Solchaga, ministro de Economía de Felipe González, y Maciá Alavedra, consejero de Hacienda de Jordi Pujol, sentaron las bases en 1991 de lo que hoy en día es el modelo de financiación autonómica, el sistema ha sufrido diferentes reformas orientadas a traspasar mayores recursos a las comunidades. Y es que el complejo Estado de las Autonomías que consagra la Constitución de 1978 ha propiciado que la Administración central del Estado reduzca considerablemente su peso en el gasto en beneficio de las autonomías. Así, en 2007, fecha de la que datan las últimas cifras oficiales, gestionó el 24% del total del gasto público; la Seguridad Social, el 26%; la Administración autonómica, el 36%, y la Local, el 14%.

La polémica ha sido la nota predominante de todas las reformas introducidas en el modelo. La última, la que aprobó el miércoles pasado el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la abstención de las autonomías gobernadas por el PP, no ha sido una excepción. Los populares han criticado la oportunidad del momento elegido por el Gobierno, en plena crisis económica, para introducir cambios, así como que el nuevo modelo beneficie especialmente a Cataluña. La Generalitat catalana recibirá casi 4.000 millones de euros de los más de 11.000 millones adicionales que el Estado inyectará en el sistema. Pero, casi con toda seguridad, los ejecutivos del PP suscribirán el acuerdo en las reuniones de las Comisiones bilaterales Estado-comunidad. De lo contrario, no podrán disfrutar de los nuevos recursos.

Con indepedencia de las críticas de la oposición, la realidad es que el Gobierno se ha garantizado de la mano del acuerdo la mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante los Presupuestos de 2010. A continuación se explica el nuevo mapa fiscal español:

Regímenes fiscales

Nuestro país tiene un complicado entramado fiscal. Por un lado, está el régimen foral, que regula las relaciones del Estado con Navarra y el País Vasco. Estas autonomías son, prácticamente, independientes de la Administración central en la gestión y recaudación de los tributos, a través del concierto económico. Eso sí, liquidan los servicios que la Administración central facilita en su territorio mediante el denominado cupo. Por otro lado, se encuentra el régimen común, sistema fiscal que afecta al resto de comunidades y a Ceuta y Melilla. No obstante, tanto Canarias, por su situación geográfica, como Ceuta y Melilla se benefician de un tratamiento fiscal especial.

¿Qué es el modelo de financiación autonómica?

Es el marco que regula las relaciones fiscales entre la Administración central del Estado y las autonomías. Con la transferencia de competencias, el Estado ha traspasado a los gobiernos regionales no sólo más gasto, sino también más recursos para financiarlo. Educación y sanidad son las competencias cedidas más costosas. De ahí los mecanismos de nivelación que fija el modelo de financiación desde que nació en 1991 para garantizar que los ciudadanos, con independencia de dónde residan, perciban en condición de igualdad estos servicios, que se consideran esenciales.

¿Por qué reformar el modelo, que data de 2001?

La población ha ido creciendo desde 1999, último ejercicio en el que se tuvo en cuenta su evolución en el modelo anterior. Según datos de 2007, fecha de la última liquidación autonómica, la población ha crecido en 6,3 millones de habitantes, con el consiguiente impacto en los gastos de educación, sanidad y servicios sociales. Por si fuera poco, algunas autonomías han asumido nuevas competencias, como la de Justicia.

Entrada en vigor del nuevo modelo

Entrará en vigor con carácter retroactivo desde enero de 2009. Previamente, el Congreso deberá dar su plácet a la reforma.

Principios inspiradores del acuerdo

Este nuevo acuerdo pivota sobre el refuerzo de las prestaciones del estado de bienestar en el marco de la estabilidad presupuestaria, el incremento de la equidad y la suficiencia en la financiación en el conjunto de las competencias, el aumento de la autonomía, la corresponsabilidad y mejora de la dinámica y estabilidad del sistema y su capacidad de ajuste a las necesidades de las personas.

Nuevos criterios para repartir los recursos

n Población: se tendrá en cuenta su evolución real. El sistema se actualizará anualmente de acuerdo a esta variable. El nuevo modelo parte de 2007, última fecha de la que existen datos oficiales de recaudación y población.

n Tipo de población: el nuevo sistema considera que, en función del tipo de población, así cuesta más o menos prestar los servicios esenciales. Por eso, divide en siete grandes grupos de edades a la población y hace especial hincapié en el grupo de entre 65 y 74 años y a partir de los 75 años, así como en la población escolar de cero a 16 años. Por tanto, el nuevo modelo introduce dos variables, según la edad de la población:

1. Envejecimiento: el acuerdo considera que a partir de los 65 años los gobiernos autonómicos requieren un mayor volumen de recursos para poder cumplir la Ley de Dependencia.

2. Población en edad escolar: el sistema tendrá en cuenta el grupo de población de cero a 16 años, colectivo que repercute en los gastos de educación.

n Superficie: la superficie del territorio donde se tienen que prestar esos servicios esenciales ponderará al alza a la hora de distribuir los recursos.

n Dispersión: la dispersión de la población en la comunidad correspondiente es otra de las variables que corrige el sistema por encarecer los servicios.

n Insularidad: este factor dispara también el precio de los servicios esenciales. Por tanto, se tiene en cuenta en el reparto del dinero.

n Normalización lingüística: el Gobierno se compromete a incorporar recursos adicionales a las políticas de normalización lingüística.

Recursos para servicios esenciales y el resto de competencias

El volumen de recursos que dispusieron las autonomías en 2007, fecha de la que parte el modelo, ascendió a 114.580 millones de euros. A esa cuantía, hay que añadir una aportación adicional que realizará el Estado de más de 11.000 millones. Este dinero extra se transferirá de forma gradual. Este año, el Estado traspasará el 70% de esta cuantía, el 85% en 2010 y el 100% en 2011.

Más cesión de impuestos

A los más de 11.000 millones adicionales de recursos que aportará el Estado por el incremento de la población y los 114.580 millones de los que disponen ya las autonomías, habrá que añadir los ingresos de más por el alza fijada en el acuerdo de los tramos cedidos de los tributos estatales. El anterior modelo situaba la cesta cedida en el 33% del IRPF, en el 35% del IVA y en el 40% de los Impuestos Especiales. Desde enero de 2009,estos porcentajes subirán hasta el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. Además, las autonomías disfrutarán de mayor capacidad normativa en el tramo cedido del IRPF para subir o bajarlo. De tal manera que, si las comunidades desean gastar más, puedan aumentar los ingresos con un alza fiscal. Hasta la fecha, casi todas han ejercido su capacidad normativa sobre el tramo cedido de renta pero para aplicar más deducciones.

Reparto de los recursos

El nuevo modelo destina el 80% de los recursos a garantizar que cualquier ciudadano, con independencia de dónde viva, reciba la misma prestación por educación, sanidad y servicios sociales. Es decir, el sistema dedicará ocho de cada diez euros a los servicios esenciales. Para ello, el 75% de lo que recauden las comunidades se meterá en una bolsa común. Mientras, el 25% restante que ingresen se lo quedarán las Haciendas regionales que lo hayan generado. Se trata de compensar a aquellas autonomías que muestren un mayor dinamismo económico. La Administración central del Estado, por su parte, aportará a la bolsa común el 5% restante hasta completar el 80% de los recursos.

Fondos

El nuevo sistema se basa en tres fondos, a los que corresponden unos recursos determinados:

1. Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales: asegura que todas las comunidades tienen la misma financiación por habitante en los servicios fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales). Para permitir que los ingresos que financian los servicios públicos fundamentales se ajusten mejor a las necesidades, resulta preciso identificar con mayor detalle las variables representativas de esas necesidades. Por ello, se aumenta la ponderación de la dispersión, insularidad y superficie. Además, se perfecciona el tratamiento de la población como variable, diversificando la misma en segmentos de edad, que permite una mejor representación de las necesidades del gasto en materia de educación y servicios sociales, tan ligadas a la población en edad escolar y al envejecimiento.

2. Fondo de Suficiencia: sirve para financiar el resto de las competencias que no están incluidas en el Fondo de Garantía. El resultado respetará la cláusula statu quo, asegurando la financiación del modelo actual.

3. Fondo de Convergencia: se financiará mediante aportación estatal adicional. Este fondo se subdivide en otros dos:

3.1.- Fondo de Competitividad: se destina a aquellas autonomías que tengan una financiación per cápita inferior a la media, pese a tener una mayor capacidad fiscal. En este caso, se encuentra la comunidad catalana.

1.3.2.- Fondo de Cooperación: para complementar el sistema de financiación en su fortalecimiento del estado de bienestar y cumplir con el objetivo último de convergencia en los niveles de vida de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia, se incrementarán los recursos de las comunidades de menor renta y de aquellas que registren una dinámica poblacional especialmente negativa, de manera que cuente con los instrumentos para alcanzar mayores niveles de desarrollo.

¿El nuevo sistema influirá en el déficit?

Las autonomías se comprometen a reducir su déficit con estas mayores aportaciones, que dispararán el del Estado. Por tanto, el impacto en el déficit público será nulo, según el Gobierno.