VALLADOLID- La Junta de Castilla y León ha detectado 70.000 problemas con las tarjetas sanitarias de otros tantos beneficiarios, que el sistema corregirá «automáticamente». Así lo expuso el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, quien insistió en que estas «discrepancias» no pueden calificarse como «fraudes conscientes».

Así, argumentó que la mayoría se refieren a «jóvenes beneficiarios que seguían figurando como dependientes de sus padres después de haberse incorporado al mercado de trabajo».
Asimismo, señaló que el sistema «asignará un código de copago a los beneficiarios», del 40 o el 50 por ciento del precio de medicamento en función de su renta.

Dicha corrección se aplicará «tanto a las tarjetas como a la historia clínica», añadió el consejero, en declaraciones recogidas por Ical, tras recordar que el Ministerio de Sanidad ha localizado en toda España 200.000 casos en los que hay discrepancias.

En cuanto al capítulo del copago, Sáez Aguado consideró que es «razonable», pero sólo si se aplica «en función de la capacidad económica» de trabajadores y pensionistas. En este punto, reconoció que la medida supondrá un esfuerzo para estos últimos, ya que tendrán que asumir un diez por ciento del coste de los fármacos, con un límite de ocho euros al mes en las pensiones más bajas y de 18 en las medias. Sáez Aguado insistió en que, según las estimaciones de la Junta, el 86,5 por ciento de los pensionistas castellanos y leoneses no tendrán que pagar más de ocho euros.
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Por ello, pidió «tranquilidad» a los pensionistas y a las farmacias, ya que, aunque la medida se ha aplicado «con rapidez» y con un «esfuerzo importante», dijo, «no habrá problemas en un 95 por ciento de los casos». Al respecto, Antonio María Sáez Aguado se mostró confiado en que las cosas van a funcionar.

Unidad de criterios
Sáez Aguado se mostró satisfecho con que se aborden criterios de unidad entre comunidades autónomas, como ha venido reclamando desde que accedió al cargo. Y es que ayer, en el Consejo Interterritorial se planteó unificar el precio de las ortoprótesis, las dietoterapias, las agencias de evaluación y las escuelas de pacientes, con el objetivo último de conseguir un «sistema nacional más cohesionado», en el que «derechos, accesos y requisitos» sean «comunes». Por otra parte, el consejero de Sanidad también se refirió a la eliminación, por parte del Ministerio, de más de 400 medicamentos de la financiación pública de nuestro país. Una medida que consideró que «no es la primera vez que se aplica» y que tiene por objeto «ajustarse a los tiempos y las realidades». Así, apuntó que se suprimirá la financiación de fármacos de «baja utilidad terapéutica», salvo «en determinados casos graves», en función de «otros de coste elevado», como los oncológicos, que hay que priorizar.