El martes 12 de septiembre es un día difícil para los que fueron un matrimonio feliz con un proyecto de vida familiar y dos hijos. El amor terminó y como siempre el dinero enturbió las relaciones. La ganadora de tres Roland Garros, Arantxa Sánchez Vicario, que vive en Miami, igual que su expareja, Josep Santacana, deberán responder en sede judicial a las preguntas del juez sobre el delito de alzamiento de bienes del que se les acusa. Seis años de instrucción que han finalizado con esta cita en el juzgado de lo penal número 25 de Barcelona. La Fiscalía pide para ambos cuatro años de prisión y seis millones de euros de responsabilidad civil.

La historia judicial tiene sus inicios en una multa de Hacienda, que no consideró que la deportista viviera en Andorra desde 1988 y donde tenía su residencia fiscal. Por tanto no tenía que pagar impuestos. Y es lo que hizo de 1989 hasta 1993 cuando la investigación demostró que esos datos no eran ciertos. El Estado reclamó medio millón de euros y fue entonces cuando Arancha pidió un aval al banco de Luxemburgo para solucionar su problema. Esa deuda con Hacienda se fue haciendo cada vez más grande hasta llegar a los 5,2 millones.

Y ahí comenzaron los problemas. Para hacer frente a la deuda pidieron un aval al banco Sabadell que fue apoyado por unos depósitos que existían en el banco luxemburgués. Nunca se devolvió la cantidad pactada a la entidad extranjera a pesar de los requerimientos que les solicitaba. La primera reclamación fue en 2016 y solo contra Sánchez Vicario. Un año después se amplió a Santacana. En el período de tiempo en el que se les exigía la devolución del dinero prestado hubo venta de bienes inmuebles y de ahí, la querella por alzamiento de bienes. Uno de los primeros fue el piso de la avenida Diagonal y varias plazas de garaje en la misma dirección de Barcelona. Esta venta se hizo efectiva en septiembre de 2016 como figura en la documentación.

Arancha se fue desprendiendo de su patrimonio y eso es lo que se juzga ahora. Al problemático panorama judicial y económico se unió la separación matrimonial en diciembre de 2018. Un divorcio contencioso y público donde la deportista acusaba a su pareja de ser el causante de todos sus males y, por supuesto, de su ruina. El empresario se defendía y aseguraba que su gestión había sido impecable y que su mujer estaba al tanto de todas las decisiones. Aseguraba que se consensuaba las cuestiones monetarias, inversiones y ventas. Estas manifestaciones se hicieron en 2018 en el Tribunal del Condado de Miami. Se presentó un inventario de ingresos que demostraban que, efectivamente, ambos tenían una buena situación económica. Algo que Arancha ha afirmado en varias entrevistas este fin de semana que no es así: que los amigos le tienen que dejar dinero para el día a día. Josep Santacana, por su parte se ha mantenido en silencio.

En ese juicio de divorcio ambos facilitaron información personal de los bienes que poseían cada uno, que sirvió para que el Banco de Luxemburgo exigiera el pago de la deuda. El problema que no zanjaron y que ha llevado a ambos a tener que aclarar en sede judicial y que sucedió con ese patrimonio inmobiliario, fueron los enfrentamientos tan duros que mantuvieron en el plano afectivo. Como los protagonistas de la película «La Guerra de los Rose» no calibraron los efectos colaterales. Estaban condenados a entenderse y no lo hicieron.