Los Veintisiete deben dar luz verde por unanimidad a la inclusión del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales

El proceso para que la UE reconozca al catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la UE se presenta como largo y pedregoso. Actualmente en el club comunitario las lenguas oficiales están establecidas en un reglamento que se modifica tras cada adhesión de un nuevo país europeo. Esto significa que de las cuatro primeras lenguas oficiales en 1958 (alemán, francés, italiano y neerlandés) se ha pasado a las veinticuatro actuales. La última inclusión se produjo en 2013 con el croata. Tras la salida de Reino Unido del club comunitario, no se produjo ningún cambio ya que el inglés también es la lengua oficial de Irlanda y de Malta.

A pesar de esto, nada impide que una lengua de carácter regional de un país miembro pueda formar parte de esta lista, pero para ello se necesita la unanimidad de todas las capitales europeas en la modificación de la legislación comunitaria. Tras haber recibido el Consejo la petición española, ahora este tema deberá abordarse en el Consejo de Asuntos Generales que se celebrará el 19 de septiembre y que reúne a los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete. Todavía se desconoce si en esta reunión tendrá lugar un primer debate o si se procederá a la votación de este cambio y cuál puede ser el resultado.

El reconocimiento de estas lenguas significaría que todas las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE así como de los ministros y las intervenciones de los eurodiputados contarían con interpretación y que todos los actos legislativos y sus resúmenes deberán estar traducidos a estas lenguas así como los tratados y todo el acervo comunitario (el corpus del Derecho de la Unión durante estos 65 años). Asimismo las ciudadanos que dominen estas lenguas tienen el derecho de comunicarse con ellas en sus contactos con las instituciones comunitarias quienes también deben responder al remitente en estas lenguas. Independientemente de la voluntad política, esto supone ingentes recursos que puede costar años en reunir.

El ejemplo más claro es el del gaélico, lengua que recibió el reconocimiento de las instituciones europeas en 2007, pero la falta de traductores imposibilitó su inclusión como lengua de pleno derecho. Desde esta fecha hasta el 1 de enero de 2023, se puso en marcha un periodo de derogación que permitía que sólo un número limitado de material legislativo se tradujera al gaélico. Progresivamente las instituciones europeas han ido contratando a más personal para traducir los documentos al gaélico desde las 8.000 personas en 2016 a 46.000 en octubre de 2021. El 1 de enero de 2023, el gaélico se convirtió en lengua oficial de pleno derecho tras este periodo transitorio.

Aunque España no había solicitado hasta el momento dar este paso de que el gallego, el catalán y el euskera fueran consideradas lenguas oficiales, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegó en 2005 a un acuerdo administrativo con el Comité de las Regiones para que pudieran utilizarse en este organismo y que los gastos de interpretación fueran sufragados por España.

Este acuerdo incluía que los ciudadanos europeos pudieran dirigirse en esta lengua en sus comunicaciones con el comité y que los presidentes autonómicos y alcaldes pudieran intervenir en el pleno con interpretación simultánea. En 2022, el Gobierno español también pidió al Parlamento Europeo que estas lenguas regionales pudieran ser utilizadas por los eurodiputados durante los plenos de la Eurocámara.

La mesa de la institución en la que están representadas las fuerzas políticas lleva meses esperando un informe jurídico para clarificar las implicaciones, lo que incluye la necesidad de contratar nuevos interpretes y el coste adicional que esto supone.