"Los superiores denunciados tenían constancia plena de que los medios eran insuficientes y, aun así, obligaron a los guardias civiles a realizar una intervención policial fuera de sus capacidades y actitudes". Así consta en la denuncia interpuesta por la asociación de la Guardia Civil JUCIL contra el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, a los que se les acusa de un presunto delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves por imprudencia.

La demanda hace referencia a la tragedia vivida en Barbate el pasado 9 de febrero, en la que dos guardias civiles perdieron la vida y varios resultaron heridos de gravedad. Según consta en el escrito, la intervención policial en el Puerto de Barbate se realizó bajo condiciones extremadamente peligrosas y sin los medios adecuados. Unos riesgos de los que eran conocedores los superiores jerárquicos y, pese a ello, ordenaron realizar la intervención.

En este punto, señalan que los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) no están preparados para este tipo de intervenciones policiales y que los dos componentes del GAR que les acompañaban como refuerzo, carecían de los medios necesarios. En concreto, hace referencia a la falta de cascos, un dato muy significativo, ya que los agentes fallecidos sufrieron contusiones en la cabeza provocados por el paso sobre ellos de la narcolancha que los arrolló. Un terrible panorama al que hay que sumar las inclemencias metereológicas.

Varios avisos por la falta de medios

La denuncia de JUCIL tiene como base argumental las declaraciones del jefe del equipo de los GEAS. Así, consta que el sargento que dirigía el equipo recibió una llamada del coronel jefe de Cádiz en la que se le indica que el general jefe de la Zona de Andalucía requería al equipo GEAS para que acudiese al puerto de Barbate. En esa llamada se comunica al coronel "que no pueden salir con la lancha de la Guardia Civil, ya que es muy pequeña y hay riesgo de que les pasen por encima con las narcolanchas".

Una advertencia, según detalla la asociación, que se le comunica al superior hasta en dos ocasiones, dado que no era posible realizar lo solicitado por los superiores ahora denunciados, y suponía un riesgo para la vida de los agentes. Es más, señalan que la lancha de la Benemérita era un equipo antiguo, con unas medidas inadecuadas para el fin que se encomendaba al equipo. "Ya no solo hay que fijarse en la diferencia abismal entre las lanchas, lo cual se dejó constancia al superior que ahora se denuncia, y el riesgo de muerte que existía, la facilidad con la cual podían pasarles por encima y causar daños trágicos e irreparables (como sucedió), sino que la preparación de los agentes no era acorde a la intervención otorgada a los mismos por los superiores", hace hincapié la denuncia.

Es más, según consta en el escrito de la denuncia presentada en Barbate, aunque los agentes hubieran tenido alguna noción en este tipo de intervenciones, "fueron asignados sin medios de protección. Fueron destinados a dicha intervención sin casco, sin chaleco protector antibalas, sin armas largas, portando una simple arma corta como los demás agentes. Fue el GEAS quien tuvo que otorgar un casco y neopreno para la actuación policial, casco que no sirvió de nada, dado que los dos fallecidos tuvieron contusiones fatales en la cabeza, como se pueden observar de las autopsias contenidas en el atestado policial".

Penas de uno a cuatro años de prisión

En este punto, el escrito insiste en que todas estas circunstancias -la mala calidad de los medios, la falta de preparación de los guardias civiles y las malas condiciones meteorológicas- "eran conocidas por los ahora denunciados", quienes no dudaron en imponer su jerarquía para obligar a los agentes a salir, sin que estos se pudieran negar. Sobra decir que "el destino de los agentes fue fatal, pudiendo haber sido incluso peor", reprochan.

Y si bien la asociación de guardias civiles tiene conocimiento de que ya hay abierta una causa en el Juzgado número 1 de Barbate por un posible delito de prevención de riesgos laborales cometidos por los ahora denunciados, considera "que no solo se ha producido la comisión del mismo, sino que los superiores denunciados tenían constancia plena de que los medios de la Guardia Civil eran insuficientes y, aún así, obligaron a los agentes a salir y realizar una intervención policial fuera de sus capacidades y aptitudes". Y lo hicieron, continúa el escrito de la denuncia, "sin lo necesario, a sabiendas del riesgo de muerte, siendo los mismos completamente afines a que se realizara la intervención, sin importar el resultado".

"Por los hechos expuestos, esta parte, como calificación provisional, considera que nos encontramos ante dos delitos de homicidio por imprudencia grave del artículo 142 de nuestro Código Penal, así como cuatro delitos de lesiones graves por imprudencia del artículo 152.1.2 del Código Penal" concluye JUCIL. Hay que señalar que el artículo 142 castiga con penas de uno a cuatro años de prisión los casos de muerte por imprudencia. Por todo ello, desde esta asociación solicitan que se inicien las correspondientes diligencias previas para esclarecer los hechos acaecidos aquel fatídico 9 de febrero y que se investigue la responsabilidad de los superiores jerárquicos en este suceso.