El pasado 9 de febrero, los guardias civiles Miguel Ángel González Gómez (39 años) y David Pérez Carracedo (43) eran asesinados mientras participaban en una operación contra el narcotráfico en las costas de Barbate, Cádiz. Ambos fueron embestidos de forma premeditada por una embarcación de alta velocidad, que acabó con sus vidas e hirió a otros dos agentes. Una tragedia de la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se responsabilizan. Pese a las críticas y las reiteradas denuncias de sindicatos policiales, asociaciones de la Guardia Civil, partidos políticos de distinta ideología y color, que exigen la dimisión o el cese del titular de esta cartera, Marlaska lo deja claro: "No voy a dimitir".

Son muchas las voces que apuntan que "sobran los motivos" por las que el ministro del Interior debería haber dimitido hace mucho tiempo. Y es que muchas son también las crisis que ha eludido y sorteado, bajo el amparo y la indulgencia de Sánchez. A saber: la tragedia en Barbate; el cese arbitrario del coronel Pérez de los Cobos; el hacinamiento de inmigrantes en Barajas; la falta de previsión en el asalto a la valla de Melilla y la expulsión ilegal de menores; el uso de gases lacrimógenos en Ferraz... y así una larga lista de reproches y denuncias que caen en saco roto, una vez sí y otra también.

El asesinato de los dos guardias civiles es la gota que ha colmado el vaso (por enésima vez). Desde hace años los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil vienen denunciando de forma unánime la precaria y difícil situación que viven los agentes que trabajan en el Campo de Gibraltar. La tragedia ha vuelto a evidenciar la grave falta de medios técnicos y humanos, así como el abandono de Interior. Hay que recordar que Grande-Marlaska se ha negado en numerosas ocasiones a considerar el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad, ya que esto supondría una inversión para aumentar los efectivos y los medios. Un hecho que el Ejecutivo no está dispuesto a asumir, más si cabe cuando, a su juicio, "es un lugar seguro".

En 2018, Interior presentó un Plan Especial para el Campo de Gibraltar, que contemplaba la creación del llamado Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur. O lo que es lo mismo, una unidad de élite contra el tráfico de droga formada por 150 agentes súper especializados. Durante cuatro años detuvieron a decenas de traficantes y desmantelaron complejas organizaciones atizando donde más les duele: el blanqueo de capitales, para que judicialmente puedan ser condenados. Sin embargo, pese a estos buenos datos, Marlaska decidió eliminar la unidad en verano de 2022. Una decisión muy aplaudida por los traficantes. Su argumento fue que se había reestablecido el principio de autoridad en la zona. Pero nada más lejos de la realidad, ya que los narcos poco a poco fueron ganando terreno, ante la desidia e inacción de Interior.

Asalto a la valla de Melilla

Y si bien esta es la última controversia en la que se ha visto envuelto, no es la única. Su pésima gestión en el asalto a la valla de Melilla en junio de 2022 y la expulsión ilegal de menores desde Ceuta a Marruecos provocó otra crisis sin precedentes. Más de 1.500 jóvenes subsaharianos protagonizaron un asalto a la frontera en la madrugada del 24 de junio desde sus refugios, en las montañas que rodean la ciudad autónoma. Asalto que fue repelido por las fuerzas de seguridad de Marruecos y España y en la que perdieron la vida cientos de inmigrantes. A día de hoy sigue habiendo muchas preguntas sin responder, pero todas las miradas se fijaron en Marlaska.

Ya el Defensor del Pueblo, en las primeras conclusiones de su investigación, consideró que no se respetaron las "garantías legales nacionales e internacionales" al rechazarse en la frontera a 470 personas. La falta de previsión y medios, denunciada por los agentes desde hace años, volvió a dejar en evidencia al ministro del Interior y al Ejecutivo de Sánchez, que se limitó a decir que el operativo policial estaba "bien resuelto".

Expulsión ilegal de menores a Marruecos

El pasado 22 de enero, Grande-Marlaska sufrió un duro revés judicial. El Tribunal Supremo (TS) confirmó que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos llevada a cabo por las autoridades españolas en mayo de 2021 fue ilegal. Estos retornos, en vez de basarse solo en el Acuerdo hispanomarroquí de vuelta concertada de menores, debió ajustarse a la legislación española, en concreto, tendría que haber seguido el procedimiento previsto en la Ley de Extranjería. Además, la sentencia considera que se produjo una expulsión colectiva de extranjeros, prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Siguiendo el criterio de la Fiscalía, la sentencia confirmaba la vulneración los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos. Así, determina que esto se produce cuando se pone a una persona en serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o psíquico, lo que no puede negarse que ocurriera en este caso, según el tribunal, ya que la Administración no hizo ponderación alguna del interés de los menores ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales.

El cese ilegal de Pérez de los Cobos

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fue cesado en mayo de 2020 porque según Interior no informó de que la Guardia Civil había puesto en marcha una investigación por orden de una juez de Madrid –que sería finalmente archivada– sobre la posible conexión de la manifestación feminista del 8M y la expansión de contagios de coronavirus. El coronel alegó en uno de sus recursos que su cese era una "directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal", como hubiera ocurrido en el caso de "informar a los responsables políticos del Ministerio de Interior de una investigación sometida a la más estricta reserva".

En un primer momento, la Audiencia Nacional declaró «ilegal» este cese. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dio después la razón a la Abogacía del Estado, al considerar que no hubo «desviación de poder» por deberse a una pérdida de confianza. Finalmente, el pasado 28 de marzo el Supremo dio la razón a Pérez de los Cobos, confirmando la primera sentencia dictada el 31 de marzo de 2021 por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 8 de la Audiencia Nacional.

Hacinamiento de inmigrantes en Barajas

El pasado 13 de enero empezaron a salir a la luz imágenes que mostraban la vergonzosa situación en las estancias donde los migrantes que llegaban al aeropuerto de Barajas a través de los llamados "vuelos patera" esperaban a que se tramitasen sus peticiones. Presencia de chinches, cucarachas, hacinamiento, fugas… fueron algunas de las denuncias que durante semanas hicieron públicas los sindicatos policiales, hartos de la falta de reacción ante este problema del Ministerio de Interior.

Tras recibir los reproches de los distintos grupos parlamentarios sobre las condiciones en la que han prestado servicio las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y tras denunciar varios sindicatos policiales la situación de insalubridad en la que se encontraban los inmigrantes solicitantes de asilo, el titular de Interior dijo que había sido "una circunstancia extraordinaria y excepcional por cuestiones muy concretas" y que ya estaba resuelta. ¿La solución? Pedir visados de tránsito para acceder al espacio Schengen y, de esta forma, cortar en origen los vuelos con migrantes que, una vez que llegan a Madrid, solicitan el asilo... tal y como habían sugerido desde el principio los sindicatos policiales.

Gases lacrimógenos en Ferraz

En una de las manifestaciones frente a la sede del PSOE en Ferraz, los agentes antidisturbios emplearon pelotas de goma, así como gases lacrimógenos para desalentar los comportamientos violentos de los manifestantes. Una decisión que asumió en primera persona el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Desde los sindicatos policiales defendieron la actuación de los agentes, ante la profesión de insultos, el derribo de vallas, el lanzamiento de objetos y los intentos de superar el cordón policial que protagonizaron algunos de los manifestantes.

Sin embargo, denunciaron que si bien desde la Delegación del Gobierno apenas tardaron "20 minutos" en decidir el uso de gases lacrimógenos frente a la sede del PSOE, cuando apenas había disturbios. Un extremo, este último, bastante inusual, ya que la orden llegó muy rápido y se suele tender a la espera. Tanto es así que, desde distintos sindicatos policiales evidenciaron la doble vara de medir del Ejecutivo cuando el dispositivo es en Cataluña. Así, recuerdan que en 2019 durante las masivas y violentas protestas por la celebración del juicio del "procés", este mismo Gobierno esperó seis días para utilizar medios coercitivos mayores, como las pelotas de goma o el gas.

Estos son solo algunos ejemplos a los que habría que sumar el informe "fake" para culpar a Ciudadanos de las agresiones durante el orgullo gay o la grave crisis migratoria que asola a Canarias. Por no hablar de los plantes y "mentiras" a los guardias civiles y policías que llevan años reclamando la equiparación salarial con mossos y ertzainas, una jubilación digna o ser reconocidos como profesión de riesgo.