Óscar Puente cesa a dos altos cargos seis meses después del «caso Koldo»

El ministro de Transportes se ha tomado su tiempo hasta tomar la decisión. Seis meses después de que irrumpiera el «caso Koldo» y fueran imputados el actual subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez y el director general de Personal de ADIF, Michaux Miranda.

La presión sobre estos dos altos cargos había ido en aumento en el tiempo sobre su responsabilidad en la contratación de la empresa Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas por parte del ministerio de Transportes. Hace menos de un mes, el juez imputó a ambos altos cargos. La Fiscalía interpreta que los investigados ejercieron presiones sobre los responsables encargados de adjudicar contratos de mascarillas, sin permitirles rebatir la decisión final de otorgarlos a la empresa Soluciones de Gestión. Esta conducta podría constituir un delito de tráfico de influencias. El fiscal menciona correos en los que Jesús Manuel Gómez parece actuar como intermediario entre el entorno del ministro y los adjudicadores.

El ministro de Transportes ha meditado su decisión final hasta recibir los resultados de la auditoría que encargó en febrero –nada más estallar el caso– a la Inspección del departamento, la cual arrojó conclusiones que ponen en duda las compras de mascarillas a Soluciones de Gestión.

La auditoría ha encontrado, entre otras deficiencias, la falta de justificación de la empresa de la trama,Soluciones de Gestión, como adjudicataria del contrato cuando era la peor valorada. Según avanzó el ministro Puente en su comparecencia en el Senado, la búsqueda de otros candidatos para la compra de material sanitario no estuvo suficientemente documentada y hubo una ausencia de actos formales de suministro en las entregas.

El informe concluye que no se justificó el número de mascarillas adquiridas. Según precisó Puente, el encargo inicial de cuatro millones de mascarillas para 15 días se duplicó hasta los ocho millones de unidades en tan solo 38 minutos.

Esos ocho millones de mascarillas coincidían con la oferta de Soluciones de Gestión. Así, el informe concluye que «pudiera parecer que la estimación final del alcance de la emergencia» estaría «más relacionada con la oferta que con las necesidades detectadas».

Para el PP, la decisión de Puente significa que «asume la corrupción en su Ministerio» después de haberlos defendido públicamente hace unos meses, cuando anunció una auditoría de la que «no hemos tenido noticias hasta hoy». Fuentes populares creen que en realidad ha sido el juez, después de imputar a los altos cargos, el que ha hecho reaccionar al ministro. «Nos preguntamos por qué ha tardado tanto tiempo el ministro en tomar esta decisión», confiesan las citadas fuentes. «¿Por qué ahora y no hace un mes? ¿Para que puedan tener este tiempo para destruir pruebas? Algo le habrán dicho a Puente, algo habrán encontrado en este tiempo, para que lo que antes era respaldo a sus altos cargos ahora sea un cese», dicen en el partido.

Los populares conjeturan que han sido cesados por Puente porque se ha visto «acorralado», pero, inciden en que «mantiene» en su puesto a «otros altos cargos demasiado próximos a Koldo». Entre ellos, los implicados en un audio, publicado en medios antes del verano, que demuestra los amaños de contratos en ADIF. En el PP critican también que Puente diera a conocer las dimisiones mientras se producía el registro de la vivienda del socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés, y lo ven como un intento del Gobierno de «tapar» toda la «corrupción que acorrala al Gobierno». Así, avisan de que «no cuela» porque «los escándalos por la corrupción del Gobierno no cesan con los ceses de Puente» y avisan de que todos los implicados en el «caso Koldo» serán llamados a declarar en la comisión de investgación en el Senado. «Nadie va a eludir su responsabilidad política», advierten.