Ni León, ni Salamanca, ni Zamora: Estas eran las provincias de "Castilla La Vieja"

España es un país lleno de curiosidades. Y aunque parezca increíble el mapa autonómico actual no se parece en nada al que existía hace unos 40 años, más concretamente al de 1983. En estos momentos en el que la división territorial está cada vez más está en boca de los españoles, por la defensa de la independencia, algunos se pueden sorprender de que hubo un momento en el que ni León, ni Salamanca, ni Zamora formaban parte de Castilla.

Y es que estas provincias formaban parte de la Región Leonesa, que es el actual germen para que el partido leonesista de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) quiera recuperar esa denominación y separarse de Castilla. Y aunque muchos lo ven como una pequeña utopia, la moción presentada por la UPL y respaldada por el PSOE leonés, ya ha sido refrendada por 58 municipios de los 213 que existen en la provincia de León, y en otros ayuntamientos de Salamanca y Zamora, pero eso en menor medida.

Para entender la composición actual del mapa autonómico de España hay que empezar hablando del escalón territorial inferior, la provincia, que se remonta al año 1833, que era el momento en el nace “Castilla La Vieja”, que estaba compuesta por ochoprovincias: Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia. Como se puede ver allí no estaban ni León, ni Salamanca, ni Zamora. Y esto se estableció en el Real Decreto del 30 de noviembre de 1833, impulsado por Javier de Burgos, que puso las bases de la división en provincias.

Durante el período del conocido como Sexenio Revolucionario, entre 1868 y 1874, un grupo de republicanos federalistas impulsó la idea de crear, dentro de un Estado federal español, una Federación Castellana. En 1873, como parte de un Proyecto de Constitución Federal, se detalló que esa Federación hubiera unificado a ambas regiones históricas ya que hubiera englobado a las provincias de Valladolid, Zamora, Soria, Segovia, Santander, Salamanca, Burgos, León, Logroño y Palencia. El derrumbamiento de la I República, en 1874, provocó que cayera en saco roto esta idea.

Pero las ansias federalistas no cesaron, aunque no alcanzaron los resultados esperados. En el mes de mayo de 1883 tuvo lugar la aprobación de la Constitución Federal de Toro que consagraba la unión entre Valladolid, Zamora y León en un hipotética federación dentro de una República federal. Ese mismo año, se impulsó una Constitución en sentido federalista también en La Rioja. Pero estos proyectos nunca terminarían de llevarse a la práctica.

En 1914 llegaría el siguiente intento de configurar un ente unificado entre varias provincias de la actual Castilla y León. En diciembre de 1913, el rey Alfonso XIII había impulsado un Real Decreto de Mancomunidades que permitía a varias provincias agruparse a nivel administrativo, aunque sin atribuciones políticas.

Las provincias de Castilla La Vieja y la Región Leonesa intentaron constituir una Mancomunidad Castellana pero el intento fue fallido y el nuevo ente no prosperó. Especialmente importantes en ese proceso fueron las conocidas como Bases de Castilla, del año 1919, que intentaban sentar los pilares de esa futura Mancomunidad. Finalmente, solo las cuatro provincias catalanas hicieron uso de las prerrogativas que concedía ese Decreto de diciembre de 1913 y se constituyeron en Mancomunidad Catalana.

Tras la proclamación de la II República en 1931, la Constitución otorgó a las regiones el derecho a conformarse en autonomías, dándose varios proyectos en Castilla la Vieja que no llegaron a ver la luz. En 1933, la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, de 14 de junio de 1933, recogía en su articulado que Castilla la Vieja era una de las regiones con derecho a nombrar un vocal en dicho Tribunal. Esta ley recogía la formación de Castilla la Vieja por las provincias de Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid. Finalmente, el vocal designado por Castilla la Vieja fue Pedro Jesús García, siendo elegido como suplente Vicente Rodríguez.En mayo de 1933, pocos días antes de la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, un diputado por la provincia de León, Juan Castrillo Santos, defendió que las provincias de Valladolid y Palencia no dejaran de ser consideradas como parte de la región leonesa, señala Wikipedia.

Durante el período de la dictadura franquista, tanto Castilla la Vieja como la Región Leonesa continuaron siendo reconocidas como regiones de España a nivel cultural, pero no gozaron de ningún tipo de función administrativa ni política, por el carácter fuertemente centralizado del nuevo Estado. Se mantuvo, pues, la división provincial impulsada por Javier de Burgos en 1833.

No sería hasta los últimos años de la dictadura, concretamente en julio de 1971, cuando se iniciaron una serie de iniciativas impulsadas por los presidentes de las diputaciones de Segovia, Palencia, León y Burgos para estudiar llevar a cabo proyectos interprovinciales comunes.

Tras fallecer Francisco Franco, y aprobarse la Constitución Española, el 6 de diciembre de 1978, se abrió camino a la configuración del Estado autonómico en España. La nueva Carta Magna, en su artículo segundo, consagraba el "derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones" y las regiones del país comenzaron a llevar a cabo procesos autonómicos que culminaron en la aprobación de Estatutos de Autonomía, como norma institucional básica de cada una de ellas.

Castilla y León no fue una excepción, aunque el proceso fue especialmente complejo debido a las dificultades por su extensión y por el hecho de albergar dos regiones históricas en su seno. Dos de las antiguas provincias de Castilla la Vieja, Santander y Logroño, decidieron impulsar sus propios procesos autonómicos y configurarse en autonomías uniprovinciales, las actuales Cantabria y La Rioja.

Segovia, como Comunidad Autónoma

En julio de 1981 la Diputación de Segovia inició el proceso para constituirse en una comunidad autónoma propia y de los 210 municipios de la provincia, 178 se mostraron favorables a esta decisión. Pero la capital segoviana se opuso y, finalmente, las Cortes Generales impusieron la incorporación de Segovia a Castilla y León.

Finalmente, el 22 de febrero de 1983, ya con el socialista Félipe González en La Moncloa, el Congreso de los Diputados aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León –el último que se aprobaría en España– con 208 votos a favor, 100 abstenciones, cuatro votos negativos y dos nulos. De este modo, quedaría consagrado el nacimiento de Castilla y León como comunidad autónoma heredera de esas dos regiones históricas: Castilla la Vieja y la Región Leonesa, con lo que la comunidad pasarían a formarla las nueve provincias actuales: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, pero hubo un momento en el que ni León, ni Salamanca, ni Zamora forma parte de ella.

Peculiaridades

Estas duras negociaciones provocaron una serie de curiosidades que perviven hasta el momento. Castilla y León no tiene capital. Aunque la gente piensa que es Valladolid, lo cierto es que el Estatuto de Autonomía no nombró ninguna población como capital y solo aludía a que una ley posterior fijaría la sede o sedes de las instituciones de autogobierno. Es cierto que las instituciones básicas (Junta, Cortes y Presidencia) se encuentran en Valladolid, pero eso no la convierte en la capital autonómica.

Esta Comunidad Autónoma tampoco cuenta con un himno oficial. La norma básica de Castilla y León establecía que el himno y los demás símbolos de comunidad se regularían mediante una ley específica, pero no hay ninguna composición aprobada.