Congreso
El PNV enmienda la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de Bildu: aboga por mantener como grave la desobediencia a la autoridad
Junts presenta 17 enmiendas y muchas de ellas vinculadas al blindaje competencial de los Mossos d'Esquadra
El PNV ha presentado 28 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana y hay algunas de ellas que amenazan con generar un choque con el acuerdo entre el PSOE y Bildu. En concreto, los nacionalistas vascos apuestan por tocar parte del corazón de la iniciativa de los socialistas y la izquierda abertzale al abogar por mantener como infracción grave la desobediencia y la resistencia a la autoridad y la negativa manifiesta y clara a identificarse. La enmienda del PNV sí que es cierto que mantiene casi todo el nuevo redactado acordado por PSOE y Bildu, pero rechaza que esa infracción puede considerarse leve ya que supone menoscabar "el principio de autoridad en la labor policial".
Además, la formación vasca también enmienda el nuevo redactado propuesto por PSOE y Bildu para las faltas de respeto a la autoridad. En concreto, el texto que plantea el PNV rechaza que las sanciones por faltas de respeto queden sin efecto si el autor se retracta ya que "si se aprobara esta herramienta de absolución, se podrían realizar actos sancionables de forma recurrente e impune".
Por su parte, Junts ha presentado 17 enmiendas y muchas de ellas van dirigidas a blindar las competencias de los Mossos d'Esquadra en materia de seguridad ciudadana. En este sentido, por ejemplo, en el artículo 23, sobre la disolución de reuniones y manifestaciones, Junts plantea especificar la "autoridad gubernativa" competente en materia de seguridad, que en Cataluña es la Generalitat, una forma de evitar que puedan entrar a actuar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los posconvergentes también abogan por suprimir el artículo 25 de la Ley de Seguridad Ciudadana sobre "Obligaciones de registro documental" dirigida a personas que ejercen actividades relevante para la seguridad (hospedaje, transporte...), ya que ahora mismo es "un fraude de ley" porque, según Junts, en la práctica "supone una habilitación legislativa sin límites al Gobierno para regular materia propia de derechos fundamentales sin ningún tipo de limitación".
Finalmente, Junts también enmienda la disposición adicional sobre las pelotas de goma e incluye que deben estar prohibidas el 31 de diciembre de 2025: "El nuevo modelo de actuación gradual y mixto deberá garantizar en cualquier caso la disponibilidad de herramientas robustas que permitan un abanico de opciones tácticas diferenciadas".
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