La oleada de recusaciones y abstenciones enmaraña al TC

La oleada de abstenciones y recusaciones –con los dos magistrados elegidos por el Gobierno, el exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez como principales protagonistas– marcarán de nuevo la agenda del Tribunal Constitucional (TC) en el Pleno que se celebra desde hoy.

Ambos, sobre todo el extitular de Justicia, ya se han quedado al margen de varios asuntos, pero la sesión que en principio estaba destinada para deliberar sobre la constitucionalidad de la ley de la eutanasia estará acaparada sin embargo por ese cúmulo de iniciativas que terminarán mermando de alguna manera la representación de magistrados en el Pleno de la institución.

Por su relación sentimental con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y por su paso por el Ministerio de Justicia, Campo ya se ha abstenido –con la posterior ratificación por parte del Pleno– de más de media docena de asuntos. Desde la votación de la reforma laboral en el Congreso (con el decisivo voto telemático del diputado del PP Alberto Casero) a la decisión de Batet de dejar sin escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez (tras ser condenado por dar una patada a un policía en una protesta), pasando por los recursos de PP y Vox contra la Ley Celaá, la negativa de la presidenta del Congreso a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez los expedientes completos de los indultos del «procés» o el aval de la Mesa de la Cámara Baja a las fórmulas de acatamiento de la Constitución por parte de diputados independentistas y de Unidas Podemos.

Campo se abstiene en otros 19 asuntos

A todas estas cuestiones de las que ya se ha apartado hay que añadir ahora su petición de abstención en otros 19 asuntos, ceñidos a su pasada condición de diputado del PSOE y a su paso por el Ministerio de Justicia, apuntan las fuentes consultadas. En todo caso, el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso ha planteado un incidente de recusación para dejarle al margen de la resolución de ocho recursos de inconstitucionalidad y uno de amparo.

Por si fuera poco, Vox quiere que ni campo ni sus también compañeros progresistas Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Segoviano, y Laura Díez decidan sobre el recurso que la formación de Santiago Abascal presentó contra la reforma penal que ha eliminado la sedición y ha modificado las penas de la malversación. Unas recusaciones que, según fuentes del TC, se rechazarán por extemporáneas (al superar el plazo de diez días para interponerlas).

Si prosperan las peticiones de abstención, Campo no podría participar, entre otros, en el debate y votación sobre el régimen jurídico del Consejo de Administración de RTVE, en el recurso de inconstitucionalidad que presentó la Generalitat contra el decreto-ley que regula la Administración digital y en el que formalizó Vox contra la regulación de la «Ley Ryder», que obliga a estas empresas de mensajería a contratar a los repartidores como asalariados (respecto a esta última cuestión también ha sido recusada Laura Díez por diputados del PP y Cs).

Por ahora, Laura Díez se ha apartado del recurso contra el decreto de la Generalitat y la posterior ley aprobada en el Parlament para sortear la aplicación de la sentencia que obliga a impartir al menos el 25% de las asignaturas en castellano en las aulas (como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias catalán ya avaló esas iniciativas). Ahora, además, el Pleno del Tribunal Constitucional tendrá que decidir si también la deja fuera del debate de otros ocho asuntos.

El borrador de sentencia sobre el canon a las radios no da la razón a LaLiga

La avalancha de recusaciones y abstenciones impedirá al Pleno del TC debatir, como estaba previsto, sobre la constitucionalidad de la ley de la eutanasia, un asunto que tendrá por tanto que ser abordado en un Pleno posterior. Pero, sin embargo, los magistrados sí se van a pronunciar sobre el segundo asunto (tras el aborto) que más tiempo lleva esperando una resolución: la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Supremo para esclarecer si el precepto de la Ley General de Comunicación Audiovisual que exime a las radios de pagar un canon por retransmitir los partidos de fútbol en los estadios es o no conforme a la Carta Magna. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) recurrió a la Audiencia Nacional la fijación de un importe de 85 euros por partido que fijó la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones como compensación a pagar por las empresas radiofónicas por el uso de las instalaciones en cada estadio. La Audiencia Nacional no le dio la razón, pero el Supremo cree que esa decisión puede ir en contra del derecho a la libertad de empresa. Sin embargo, según las fuentes consultadas, el borrador de sentencia desestima las pretensiones de la LFP de Javier Tebas.