La recusación de los dos jueces del TC elegidos por Moncloa obliga a aplazar el debate de la eutanasia

El Tribunal Constitucional (TC) no podrá debatir el recurso deinconstitucionalidad contra la Ley de Eutanasia en el pleno de la próxima semana, como pretendía el presidente de la institución, Cándido Conde-Pumpido. En el plan de choque del exfiscal general del Estado para ir sacando adelante asuntos pendientes se ha cruzado una nueva recusación, planteadas por el PP y Cs, contra los dos magistrados elegidos por el Gobierno de Pedro Sánchez: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo (que ya ha comunicado su intención de abstenerse) y la que fuera alto cargo de Moncloa Laura Díez. Unas recusaciones que el Pleno debe tramitar inexcusablemente antes de abordar el debate sobre la eutanasia.

Así lo confirman fuentes del tribunal que añaden, además, que será en esa sesión plenaria cuando los magistrados tengan que decidir si apartan o no a ambos magistrados de la tramitación del recurso (la magistrada Concepción Espejel, por ejemplo, intentó abstenerse del recurso del aborto pero la mayoría del Pleno se opuso finalmente).

PP y Vox recurrieron en junio de 2021 la normativa al entender que determinados aspectos son contrarios al derecho fundamental a la vida y al principio de seguridad jurídica. La ley permite que puedan solicitar la eutanasia a aquellos pacientes que lo soliciten y que sufran un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" o una enfermedad "grave e incurable" que les causen "un sufrimiento intolerable".

En el Pleno de la próxima semana sí se abordara el que en estos momentos es el asunto con más antigüedad en el tribunal después el aborto: la decisión sobre la constitucionalidad del precepto de la Ley de Comunicación Audiovisual que impide a los clubes de fútbol cobrar un canon a las emisoras de radio (como sucede con los derechos televisivos) por retransmitir los partidos en los estadios, una vieja aspiración de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Javier Tebas. Fue el Tribunal Supremo el que planteó esta cuestión ante el TC en 2018 con el objetivo de dilucidar si esa prohibición es contraria a la libertad de empresa reconocida en la Carta Magna. La ponente de la resolución es la magistrada progresista María Luisa Balaguer.

Batería de abstenciones

Campo ya se quedó al margen, a petición propia, de los recursos contra la votación de la reforma laboral en el Congreso –cuando Meritxell Batet impidió al diputado del PP Alberto Casero votar de nuevo tras comprobar éste que lo había hecho a favor de forma telemática– y del recurso de Vox contra la «ley del solo sí es sí» (era ministro de Justicia cuando se elaboró la normativa). Y la semana pasada, el Pleno dio su visto bueno a su abstención en otros siete asuntos por su pasado en el Ejecutivo o por la relación sentimental que mantiene con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Campo no participará, por ejemplo, en la decisión del TC sobre la constitucionalidad de la decisión de Batet, en octubre de 2021, de retirar el escaño al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, tras ser condenado por el Tribunal Supremo por dar una patada a un policía en una protesta en Tenerife contra la política educativa del PP en 2014.

También con la Ley Celaá

En la valoración de otras dos resoluciones de Batet también ha tenido que echarse a un lado: no pedir en septiembre de 2021 al Gobierno los expedientes completos de los indultos a los presos del «procés» y el aval en 2019 a las fórmulas de acatamiento de la Constitución por parte de diputados de Unidas Podemos e independentistas en la sesión constitutiva del Congreso, decisiones que fueron recurridas por el PP, Vox y Cs.

Lo mismo sucederá en la tramitación de los recursos de PP y Vox contra la Ley Celaá y en el examen de constitucionalidad de dos medidas (en relación a la protección de los consumidores y para organizar el trabajo en la Administración de Justicia durante la pandemia) acordadas cuando era ministro.

En cuanto a Laura Díez, decidió abstenerse de los recursos de PP y Cs contra el decreto y la ley con los que la Generalitat sorteó el pasado año la aplicación de la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en las aulas catalanas, porque como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, respaldó esa normativa autonómica.