El exministro Campo, al margen de otros siete asuntos en el TC

La designación como magistrados del Tribunal Constitucional (TC), a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, del exministro Juan Carlos Campo y de la que fuera alto cargo de Moncloa Laura Díez sigue sumando abstenciones, sobre todo en el caso del ex titular de Justicia. Tras quedar al margen, a petición propia, de los recursos contra la votación de la reforma laboral en el Congreso –cuando Meritxell Batet impidió al diputado del PP Alberto Casero votar de nuevo tras comprobar éste que lo había hecho a favor de forma telemática– y del recurso de Vox contra la «ley del solo sí es sí» (era ministro de Justicia cuando se elaboró la normativa), el Pleno dio ayer su visto bueno a la abstención que planteó en otros siete recursos.

No obstante, la medida no pone en peligro la holgada mayoría progresista, pues a la espera del sustituto de Alfredo Montoya solo hay cuatro magistrados conservadores en el TC frente a siete progresistas.

Debido a su relación personal con la presidenta del Congreso y a su paso por el Ministerio de Justicia, Campo no participará en la decisión del TC en relación al recurso del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra la decisión de Batet de retirarle el escaño, en octubre de 2021, tras ser condenado por el Supremo por dar una patada a un policía en una protesta en Tenerife en 2014.

El voto de Casero y la retirada del escaño de Alberto Rodríguez

También permanecerá al margen del debate de los recursos de amparo del PP contra la decisión de Batet de no pedir en septiembre de 2021 al Gobierno los expedientes completos de los indultos a los presos del «procés». Ni tendrá voz ni voto en los que presentaron PP, Vox y Cs contra varias decisiones de Batet y de la Mesa del Congreso, entre mayo y diciembre de 2019, que avalaron las fórmulas de acatamiento de la Constitución por parte de diputados de Unidas Podemos e independentistas en la sesión constitutiva del Congreso en mayo de ese mismo año.

Del mismo modo, el Pleno ha aceptado su abstención en el examen de constitucionalidad de dos medidas acordadas cuando era ministro para la protección de los consumidores y para organizar el trabajo en la Administración de Justicia durante la pandemia. Asimismo, se queda fuera de los recursos de PP y Vox contra la Ley Celaá.

Idéntico recorrido ha tenido la petición de abstención de la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez en los recursos de PP y Cs contra el decreto y la ley con los que la Generalitat evitó el pasado año la aplicación de la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en las aulas catalanas. Y es que como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, Díez avaló en varios dictámenes esa normativa autonómica.

Sin embargo, el Pleno ha rechazado –con el voto en contra de tres de sus compañeros: Enrique Arnaldo, César Tolosa y Ricardo Enríquez– la abstención de la magistrada Concepción Espejel, que pidió apartarse del debate sobre el aborto por haber firmado un informe sobre la ley cuando era vocal del CGPJ.

Rechaza la abstención de Espejel sobre el aborto

La mayoría entiende que su participación como vocal del Consejo, en julio de 2009, en los trabajos preparatorios del informe sobre el anteproyecto de la ley recurrida (que fue sometido a votación del Pleno pero no llegó a ser aprobado) no justifica su abstención porque ese informe no dio lugar a dictamen alguno.

El TC defiende que Espejel expresó ese criterio jurídico hace más de doce años, «lo que es habitual, pues los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional», algo que en su opinión «no les inhabilita para ejercer su función en este tipo de procesos constitucionales».

El Constitucional se pronunciará mañana sobre la recusación, por parte de cinco de los 71 diputados del PP que recurrieron en 2010 la reforma de la ley del aborto, del presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Inmaculada Montalbán y Juan Carlos Campo, que previsiblemente también rechazará.

Estudiará la Ley de Memoria

Por otra parte, el Pleno ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por la formación de Santiago Abascal contra la Ley de Memoria Democrática, por lo que los magistrados tendrán que debatir si el texto normativo es o no conforme a la Carta Magna.

La ley recurrida fue aprobada en octubre del pasado año tras el visto bueno del Senado, que rechazó más de 500 enmiendas de PP, Vox y Ciudadanos. Según los recurrentes, la ley solo busca «exaltar la memoria de unos españoles y despreciar la memoria de otros». El TC no ha fijado aún fecha para deliberar el asunto.