Congreso

Junts y PNV se unen al PP contra el impuesto a las energéticas y vuelven a poner en evidencia la mayoría de Sánchez

Ambos partidos han apoyado la aprobación de la enmienda de los populares a la reforma fiscal del Gobierno

El Gobierno ha despedido el año casi como lo comenzó: sumando derrotas parlamentarias importantes. El último Pleno de 2024 ha acabado como el primero (perdió un decreto el 10 de enero) y Pedro Sánchez cosechó ayer un revés en política fiscal ya que vio cómo PP y Junts, además del PNV, se aliaron para aprobar tres enmiendas contra el criterio del PSOE. Por encima de todo, destaca la enmienda que deroga el impuesto a las energéticas, un gravamen que recaudó 1.164 millones de euros en 2023 y que mermará los recursos públicos de un Gobierno cada vez más voraz fiscalmente y más necesitado de ingresos para responder ante Europa. De esta manera, PP y Junts han conseguido descafeinar la reforma fiscal del Gobierno al dejarse por el camino buena parte de lo comprometido a sus socios.

De hecho, el Gobierno tiene previsto prorrogar ese gravamen para 2025 con un decreto que aprobará el lunes, aunque está condenado a una nueva derrota en el Congreso de los Diputados porque Hacienda solo cuenta con el apoyo de la izquierda. Y, de hecho, lo único que puede generar ese decreto es un conflicto jurídico porque entrará en vigor y está por ver qué prevalece, lo que puede crear confusión, según alertan los expertos. El impuesto a las energéticas vencía en 2024, pero con la derogación, el bloque de la derecha se asegura que el Gobierno no puede reponerlo.

El PP y Junts, junto a Vox, también han sacado adelante enmiendas para mantener la rebaja del IVA de los yogures (que queda en el 4 por ciento), bonificar a los entrenadores y eximir de tributación las ayudas que algunos empleadores han dado a sus trabajadores afectados por la DANA. Tras esta reforma fiscal, la amenaza de la alianza fiscal de PP y Junts sigue adelante con la enmienda para «anular» el impuesto a la producción de energía eléctrica, que mermaría las arcas en 1.500 millones de euros y daría más problemas a María Jesús Montero para confeccionar los Presupuestos de 2025, que van a ir cargados de cesiones para poder aglutinar todos los apoyos necesarios.