La reducción de la jornada laboral aprobada hoy ya tiene fecha de entrada en vigor en 2025

Tras muchos meses de espera, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha llegado. Durante el día de ayer, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ultimaba los detalles del acuerdo junto con los sindicatos más representativos, UGT y CC.OO, encargados de llevar adelante el acuerdo.

Finalmente, la propuesta ha quedado cerrada esta misma mañana sobre las once de la mañana en el Ministerio de Trabajo, y donde han estado presentes tanto la ministra, como los secretarios Generales de UGT y CC.OO, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

Un acuerdo que, como bien es sabido, no contará con la presencia de la patronal, que rechazó hace ya varias semanas continuar en la mesa de negociación al no estar de acuerdo con las medidas planteadas desde el Gobierno.

¿Cuándo entrará en vigor la reducción de la jornada laboral?

La intención del Ministerio de Trabajo es que la ley obligue, a través de una disposición transitoria, a que todas las empresas cumplan con esta reducción de jornada a partir del 31 de diciembre de 2025. Por ello, el Gobierno tendrá todo este tiempo para aprobar la norma en el Congreso y actualizar los convenios colectivos que tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias con el objetivo de cumplir con la jornada máxima de 37,5 horas y medias semanales en cómputo anual.

Una medida que Carlos Cuerpo ve demasiado precipitada, y que derivo en la propuesta de implementar esta reducción de la jornada laboral de manera gradual. Sin embargo, esta idea ha sido rechazada por la ministra, que pretende que la norma se aplique de forma inminente. "Lo que dice es que hay que llevar (la rebaja de jornada) más allá, que la legislatura es larga", afirmó este jueves la ministra en relación a la propuesta de Carlos Cuerpo, instando así a cumplir con lo pactado en el acuerdo de investidura para no "engañar" a los trabajadores.

A la espera de saber si Junts y PNV estarán a favor

El acuerdo no será aplicado hasta que no sea aprobado en el Parlamento. Y es aquí donde existe la duda. Trabajo tendrá que llevar al Congreso la reducción de jornada para su aprobación, con la duda de qué harán formaciones como Junts o PNV, más proclives a las tesis que defienden los empresarios y el propio Cuerpo.

¿Puede bajarme mi empresa la nómina?

La reducción de jornada no podrá tener como consecuencia la afectación de las retribuciones, ni la compensación, absorción o desaparición de "derechos más favorables o condiciones más beneficiosas", deja claro el texto del acuerdo.

Desconexión digital

Junto a la reducción de jornada, la medida incluye dos normativas que pretenden mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Estas son la desconexión digital y el control horario. Por un lado, la desconexión digital pretende permitir al trabajador no responder a los mensajes de la empresa cuando se encuentre fuera de su horario laboral. La regulación pretende incrementar las sanciones a las empresas que cometan esta ilegalidad. Este mayor control tiene como objetivo garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal de los trabajadores.

El acuerdo recoge que todos los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales, a la desconexión digital y a protección frente a la videovigilancia y geolocalización. Las empresas, detalla el texto, deben garantizar que nadie se comunique ni solicite al trabajador una prestación laboral fuera de horario, tiempo en el que tendrá derecho a no estar localizable.

El derecho a la desconexión, se detalla, es "irrenunciable" y las modalidades de su ejercicio, los medios y las medidas adecuadas para garantizarlo se definirán en la negociación colectiva, donde se podrán establecer excepciones cuando concurran circunstancias excepcionales justificadas.

Nuevo registro horario más exigente y exhaustivo

Por su parte, Trabajo pretende establecer una serie de modificaciones que permitan tener un control más exhaustivo de las horas realizadas por los trabajadores, sus descansos y la realización de horas extras. La idea del ministerio es la de eliminar el registro horario en papel, obligando a que los trabajadores lo hagan de manera digital, para tener un mayor control de las horas de jornada de cada empleado.

Para ello, los empleados ficharán de forma personal y directa al inicio y finalización de cada jornada y registrarán todas las interrupciones de la misma que afecten a su cómputo, identificando además si las horas realizadas son ordinarias, extraordinarias o complementarias.

Además, los trabajadores, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán acceder al registro en el centro de trabajo o en remoto y en cualquier momento. La empresa deberá conservar los registros y los resúmenes durante cuatro años y, si incumple la normativa, "se presumirá como realizada la jornada ordinaria de trabajo, así como las horas extraordinarias y complementarias manifestadas por la persona trabajadora, salvo prueba en contrario".

El Gobierno se da un plazo de seis meses desde la aprobación de la ley para la puesta en marcha de los cambios en el registro horario con un desarrollo reglamentario específico. El pacto también establece que transgresión de las normas sobre jornada se considerará infracción grave. En el caso de ausencia de registro o falseamiento de datos se computará esa infracción por cada persona trabajadora afectada.

Sin la patronal de por medio

Tanto la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), como la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) abandonaron hace varias semanas la mesa de negociación donde se encontraba el Gobierno y los sindicatos, al entender que las condiciones que se proponían perjudicaban a las empresas.

Por ello, tras su salida, los sindicatos han sido los únicos encargados de acordar una medida que Yolanda Díaz buscaba aprobar desde hace varios meses. Sin embargo, esta aplicación no es tan sencilla, puesto que debe ser aprobada en el Congreso y después pasar todos los trámites,lo que provocará que la norma no pueda ser aplicada hasta dentro de cinco o seis meses, como así lo confirmo la ministra de Trabajo.