El juez Peinado también imputa al exconsejero de Aguirre que decidió contratar a Begoña Gómez para el IE

En apenas cinco minutos, el exconsejero de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes ha pasado de testigo a imputado en el «caso Begoña Gómez». Fue el tiempo que tardó el juez Juan Carlos Peinado en reaccionar a las supuestas contradicciones entre el ahora directivo del Instituto de Empresa (IE) y su responsable de Personal –que testificó el pasado 15 de octubre– en relación a la contratación de Begoña Gómez como directora del Africa Center, un proyecto para promover la educación y el emprendimiento en el continente africano. El juez dedujo de la declaración de la jefa de Recursos Humanos, Sonsoles Gil de Antuñano, que fue fichada por ser la mujer de Pedro Sánchez, algo que niega el actual presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del IE.

En esos cinco minutos, Güemes ha explicado al instructor que Begoña Gómez le llamó en noviembre de 2017 para entregarle su currículum y poner de relieve su experiencia profesional. En ese momento, al exconsejero madrileño le pareció que su perfil no era el adecuado para el IE, pero eso cambió en 2018 una vez se creó el Africa Center, en el que consideró que su perfil sí encajaba. Según esas mismas fuentes, ante las preguntas del juez sobre los motivos de la contratación de la esposa de Pedro Sánchez –en particular en lo referente a si se valoró su currículum y si pasó algún proceso de selección para dirigir el Africa Center–, el testigo ha corroborado que fue él quien ordenó su contratación, pero negó que se debiera a que era la mujer del presidente del Gobierno –quien apenas dos meses antes había sido investido tras la moción de censura a Mariano Rajoy–. Peinado ha asegurado entonces que la jefa de Personal del IE declaró lo contrario –algo de lo que las fuentes jurídicas consultadas no tienen sin embargo constancia–, abrió la puerta a un posible careo entre ambos e incluso le preguntó si con su negativa estaba diciendo que Gil de Antuñano mintió y debería ser imputada por falso testimonio. El magistrado acordó finalmente su imputación –todavía se desconoce por qué delitos–, lo que acarreó la inmediata paralización de la comparecencia. Ahora, el juez tendrá que citarle a declarar de nuevo, pero ya como investigado y asistido de abogado.

Ante el instructor también ha comparecido la responsable de Talento del IE, que explicó que se enteró al mismo tiempo de la creación del Africa Center y de la contratación de Begoña Gómez, dando a entender que el organismo se constituyó ad hoc para colocar a la esposa de Pedro Sánchez, y no a la inversa, como ha mantenido el exconsejero de la Comunidad de Madrid. Eso sí, la testigo ha dejado claro que entre sus competencias no figura la contratación de directivos o profesores.

Con su imputación, Güemes se une a la propia Begoña Gómez, al rector de la universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, y al empresario Carlos Barrabés, a quien la mujer del presidente del Gobierno avaló por escrito en sendas adjudicaciones públicas.

También ha testificado ante el juez Gabriel Navarro, director de la Asesoría Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, que firmó el informe que alertó al juez de una posible apropiación indebida por parte de Begoña Gómez del software que desarrolló en el seno de la cátedra de Transformación Social Competitiva –una herramienta digital para que las empresas constaten el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 en este ámbito–. Según fuentes presentes en la declaración, Navarro ha explicado que la UCM no constató si ese software –por el que desembolsó 100.000 euros– fue registrado a nombre de la universidad y tampoco ha reclamado al respecto a la mujer de Pedro Sánchez, escudándose en que el asunto está judicializado y en que no hay certeza de si esa apropiación indebida –delito por el que también ha sido imputada Gómez– se produjo.

Durante los interrogatorios, Peinado se ha mostrado molesto por la falta de colaboración tanto de la Complutense como del IE al desatender sus requerimientos de información. El abogado Javier Pérez-Roldán, de Hazte Oír, expuso al respecto que «el caso avanza a pesar de los obstáculos que ponen las administraciones y otras entidades». Por su parte, Luis Pardo, de Iustitia Europa, se ha quejado de que esa desatención «está dificultando enormemente la instrucción judicial».

Contradicción con la jefa de Personal del IE

La jefa de Recursos Humanos aseguró a Peinado que fue Güemes quien le ordenó contratar a la esposa de Pedro Sánchez para dirigir el África Center, contratación que efectivamente se llevó a cabo en agosto de 2018. Según fuentes jurídicas, la testigo refirió entonces al instructor que el contrato era de 55.000 euros brutos anuales por 40 horas semanales, aunque no estaba obligada a acudir presencialmente y no rendía cuentas de su trabajo. Además, explicó que no le constaba que se hubiese producido un proceso de selección y tampoco que se valorase su currículum, aunque el pasado 19 de julio el presidente del IE, Diego del Alcázar, afirmase lo contrario.

Peinado reclamó al Instituto de Empresa el pasado 2 de agosto el contrato firmado con la esposa del presidente del Gobierno, que el IE se negó a enviar al Senado dos meses antes argumentando que "por razones de privacidad y protección de datos personales" no estaban obligados a remitir esa información que además -recalcaba en su contestación el vicepresidente del IE, Gonzalo Garland, y más teniendo en cuenta que no habían sido "autorizados a compartirlo".

El instructor solicitó "el contrato laboral realizado entre IE África Center y la investigada". Según la denuncia de Manos Limpias que originó la investigación judicial, Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año" al África Center, a través de su filial Wakalua, coincidiendo con la negociación del rescate de la compañía aérea. La Audiencia Provincial de Madrid, como ha hizo el pasado mayo, insistió hace unos días en dejar al margen de la investigación de Peinado la posible vinculación de Begoña Gómez con el rescate de Air Europa.

En relación a ese patrocinio, el IE informó al Senado de que el acuerdo de colaboración firmado el 17 de enero de 2020 buscaba colaborar en el fomento del "ecosistema innovador en turismo, con especial foco en el impacto social" y la formación de emprendedores. Ese convenio, aseguró, se tradujo en la práctica "únicamente en la asunción del coste de cuatro billetes de avión Madrid-Londres-Madrid para participar en un evento organizado en Londres por el Africa Center". Pero ese acuerdo, matizaba, "quedó de facto sin ulterior efecto" a causa de la pandemia. "No se realizó ninguna aportación económica adicional", subrayó. Sin embargo, según la denuncia de Manos Limpias ese patrocinio incluía 15.000 euros al año en vuelos de primera clase.

En su respuesta al Senado, el IE explicó el pasado junio que el África Center inició su actividad en 2018 bajo la dirección de Begoña Gómez (que estuvo al frente entre el 1 de agosto de ese año y el 27 de mayo de 2022) "para impulsar la innovación, el liderazgo ejecutivo, el emprendimiento y el desarrollo de iniciativas de acción social en el continente africano". Se trataba, afirmaba el vicepresidente del Instituto de Empresa, de proporcionar un "marco estratégico" a los proyectos que desarrollaba el IE en África desde 15 años atrás, entre ellos la iniciativa Financieros Sin Fronteras y el proyecto Wuha Sira en Etiopía (para facilitar el acceso al agua y promover oportunidades educativas en el país).

El IE matizó que "no existió un convenio" entre la Fundación del Instituto de Empresa y la esposa de Pedro Sánchez, sino un contrato laboral indefinido, en cuya cláusula se incluyó "el compromiso de no utilizar de manera irregular o ilícita contactos generados por sus relaciones familiares en beneficio de la Fundación". "Y para evitar cualquier género de duda", añadía, se excluyó la posibilidad de que el África Center colaborase con administraciones públicas españolas durante la vigencia del contrato.

Según aseguraba, el África Center no recibió entre 2020 y 2023 "ninguna ayuda pública", salvo dos acuerdos con el Gobierno de Ghana entre febrero y abril de 2022. Asimismo, defendía que "no tiene entre sus objetivos la búsqueda de financiación externa privada o pública". Y expresamente incidía en que no ha firmado nunca "ningún convenio, patrocinio o subvención con la Administración General del Estado o sus organismos autónomos ni con cualquier otra administración pública".