Los jueces defienden la huelga: «Es un derecho fundamental»

Más madera en la delicada situación que atraviesa la Administración de Justicia. Tras la huelga de letrados judiciales (que concluyó a finales de marzo) y la que mantienen viva los funcionarios, que protagonizarán al menos siete jornadas de parón general en mayo, los jueces y fiscales se sumarán a esas exigencias de mejoras retributivas a partir del próximo 16 de mayo. Las cinco asociaciones que sustentan los paros –solo se han quedado fuera Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), aunque respaldan las reivindicaciones de mejoras salariales– así se lo comunicaron ayer oficialmente tanto a la Administración como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado, instando además al órgano de gobierno de los jueces a fijar los servicios mínimos «imprescindibles» para garantizar que se presten los servicios esenciales.

En anteriores ocasiones (la última vez, en mayo de 2018), el CGPJ se ha negado a fijar o avalar servicios mínimos, argumentando que la huelga de los jueces no tiene amparo normativo con la legislación en la mano. Pero las asociaciones discrepan y defienden el derecho de los jueces y magistrados a ir a la huelga. «Esta decisión se ampara en el ejercicio del derecho fundamental de huelga» que contempla la Constitución –defienden en ese preaviso– «del que también somos titulares jueces, magistrados y fiscales españoles».

¿Pueden ir los jueces a la huelga? Esa es la cuestión que deberá abordar a partir de la próxima semana el organismo que preside de forma interina Rafael Mozo, una vez formalizada la convocatoria de los paros. El Pleno del CGPJ ya tuvo este asunto sobre la mesa el pasado jueves, pero dado que aún no había convocatoria oficial se limitó a apoyar las reivindicaciones salariales sin pronunciarse sobre si ese derecho tiene o no sustento legal. Ahora, no tendrá más remedio que pronunciarse.

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con representantes de las cuatro asociaciones judiciales y todas ellas, salvo la progresista JJpD, defienden sin fisuras el derecho de los jueces y magistrados a hacer huelga. Así lo pone de manifiesto la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, quien asegura que ese debate «ya está superado».

"Reconocimiento implícito" del Estado

Por un lado, recuerda, «en la ultima huelga, ya con Dolores Delgado de ministra (en 2018), Justicia ya nos detrajo de nuestra retribución la jornada de paros», lo que en su opinión supone «un reconocimiento implícito» a ese derecho a la huelga de los jueces. Además, añade, «no tenemos una prohibición expresa en la Constitución, como sí sucede con la afiliación a partidos políticos o sindicatos». Por otro lado, resalta, «el Tribunal Constitucional tampoco ha dicho que no tengamos derecho de huelga».

«Como a cualquier empleado público, nos asiste ese derecho», asegura la decana de los juzgados de Madrid. «Claro que somos un poder del Estado, pero a diferencia del Ejecutivo y el Legislativo no podemos decidir sobre nuestros salarios. Es el Gobierno quien decide lo que cobramos, y no el Consejo General del Poder Judicial», subraya la presidenta de la asociación judicial mayoritaria en la carrera.

«Nosotros no tenemos ni la más mínima duda», asegura categórico el magistrado Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). «No está prohibido en ningún sitio. La Constitución prohíbe el derecho a la huelga de determinados colectivos, como las Fuerzas Armadas, pero no a los jueces». «¿Qué cobertura legal hace falta más que la Constitución, que reconoce el derecho a la huelga de todos los trabajadores?», recalca.

"¿Cómo no vamos a poder reclamar mejoras profesionales?"

«Somos un poder del Estado sí, pero el único que no fija sus condiciones retributivas –razona–. El sueldo de los parlamentarios se lo ponen ellos y a nosotros nos lo pone el Gobierno». «No podemos decidir sobre esas cuestiones; ejercemos un poder del Estado, pero sujetos a unas condiciones profesionales que fijan otros. ¿Cómo no vamos a poder reclamar mejoras profesionales? ¿Entonces que hacemos?», se pregunta.

Fernández Vaquero se refiere también a que está situación está normalizada en países de nuestro entorno. «Los jueces franceses hicieron huelga el año pasado porque se suicidó una jueza joven por la carga de trabajo. Y los portugueses, también. Y no pasa nada».

«Los que dicen que no podemos ir a la huelga no son capaces de explicar el principio jurídico que lo prohíbe. No tenemos limitados los derechos fundamentales que nos corresponden como ciudadanos, salvo que no podemos afiliarnos a un partido político o a un sindicato», explica. «Privarme de un derecho fundamental sin que lo diga la Constitución no me entra en la cabeza», reitera.

Para el portavoz de la AJFV, el debate no existe «salvo para mentalidades arcaicas» y reprocha al CGPJ que esté «anclado en una estructura mental del pasado». En el sistema constitucional, argumenta, el juez «no solo es quien ejerce la jurisdicción conforme a los valores de la Constitución sino, también, integrante de un poder judicial concebido en el seno de una sociedad moderna, democrática y libre, que es la que concibió la Carta Magna, en la que los jueces tenemos los mismos derechos».

"Dudoso jurídicamente"

Sin embargo, para Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), “es muy dudoso jurídicamente” que los jueces puedan ejercer ese derecho aunque exista el precedente de que “se detrajeran las horas no trabajadas de las retribuciones” con motivo de un paro judicial. “Como poder del Estado que somos nos inclinamos por no respaldar la medida, pero no lo descartamos”, precisa su portavoz, la magistrada Ascensión Martín. “Respetamos el derecho de huelga, pero vamos a tratar de evitar que se produzcan los paros”, asegura la portavoz de JJpD, quien señala además que “no hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional” sobre este espinoso asunto.

Quien sí reivindica el derecho de los jueces a ir a la huelga es el presidente de Foro Judicial Independiente, que también respalda los paros. Fernando Portillo recalca que se trata de un derecho fundamental –«la Constitución no dice nada y ninguna ley orgánica lo prohíbe, por lo que la interpretación no puede ser restrictiva»–. Y hace hincapié en que no tienen «autonomía presupuestaria» a diferencia de otros poderes del Estado, por lo que «para no ser menos que el resto de empleados públicos nos tienen que reconocer ese recurso al conflicto colectivo».

Portillo subraya que no le parece «correcto» que el CGPJ «no fije los servicios mínimos argumentando que no tenemos derecho a la huelga», y como sus compañeros de la APM y la AJFV defiende que el Estado «ya lo ha reconocido de facto» al descontar de sus retribuciones las horas no trabajadas con motivo de los paros.