Se avecina caos en la Justicia: la principal asociación de jueces respalda ir a la huelga

Tras dos meses de huelga indefinida por parte de los letrados de la Administración de Justicia que ha obligado a suspender 400.000 juicios y vistas y a paralizar casi medio millón de demandas -un conflicto resuelto con una subida salarial de 430 euros brutos al mes- la Administración de Justicia parece abocada a nuevos paros.

A partir del lunes 45.000 funcionarios del sector están convocados a paros parciales de tres horas diarias (48 horas después está prevista una jornada de huelga general) en defensa de mejoras salariales. Pero en el horizonte se vislumbra también una posible huelga de togas. Después de que el pasado 31 de marzo las cuatro asociaciones judiciales trasladaran al ministerio que dirige Pilar Llop su malestar por la reuniones previas a la próxima convocatoria de la Mesa de Retribuciones (en cuyo seno se pactan periódicamente las mejoras salariales para los jueces y magistrados), algunas de estas asociaciones empiezan a dar pasos al frente con vistas a secundar futuros paros.

En esa última toma de contacto, calificaron de "decepcionante" el resultado del encuentro e instaron a Justicia a aprobar las mejoras salariales que demandan "antes del 30 de mayo". Las cuatro asociaciones anunciaron que ante lo que pueda pasar comenzarían a diseñar un "calendario de medidas de presión".

La agrupación de jueces más representativa, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha dado a conocer hoy el resultado de la votación entre sus asociados, que en un 70,31% han respaldado la posible convocatoria de una huelga si Justicia hace oídos sordos a sus reclamaciones salariales.

Una cuestión "espinosa"

En una carta remitida a sus asociados a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Comité Ejecutivo Nacional de la APM admite que "como jueces y magistrados responsables siempre en el ejercicio de nuestra función constitucional" abordar posibles paros es una cuestión que "se nos presenta complicada y, en no pocas ocasiones, espinosa".

Ayer mismo, el Ministerio de Justicia convocó oficialmente la Mesa de Retribuciones para el próximo 3 mayo, una fecha que marcará un punto de inflexión en el calendario de posibles medidas de fuerza de los togados.

"La convocatoria es, sin duda, una buena noticia", asegura en esa misiva la dirección de la APM. "Como siempre hemos hecho, iremos a la reunión con nuestras reivindicaciones claras, con una actitud constructiva y responsable", avanzan al mismo tiempo que dejan claro que su responsabilidad "es defender los intereses de la carrera", por lo que se comprometen a "estar vigilantes".

"No podemos bajar la guardia"

"No podemos bajar la guardia. Sabemos lo que sucedió el pasado otoño y lo que, en realidad, lleva sucediendo muchos años así que seguiremos trabajando junto con las otras asociaciones judiciales en la elaboración de un calendario de movilizaciones ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en el proceso de negociación que ahora empieza", dejan claro los rectores de la asociación judicial que preside María Jesús del Barco, decana de los juzgados de Madrid.

Otra de las asociaciones judiciales, Foro judicial Independiente, también ha recibido el respaldo mayoritario de sus asociados: un 75% ha avalado en una consulta interna a su Gestora para que "consensuen con el resto de asociaciones un calendario de huelga".

Por su parte, Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más representativa de la carrera judicial, asegura que "las consultas que están haciendo otras asociaciones forman parte de las reuniones que hemos tenido las asociaciones para consensuar medidas de presión". "Nosotros no necesitamos hacer consulta. El pasado noviembre nuestra asamblea de asociados encomendó al Comité Nacional explorar vías de reivindicación profesional sin descartar la huelga y buscando, en la medida de lo posible, la unidad asociativa". Aunque, matiza, "ya comunicamos a las demás asociaciones que estábamos dispuestos a adoptar esta medida".

Fuentes del Ministerio de Justicia hacen un llamamiento al diálogo: "Nuestra postura con todos los colectivos hasta ahora es de mano tendida. Nadie había hecho tanto por el reconocimiento y las mejoras del sector en tan poco tiempo. Ahora toca negociar y dialogar y eso estamos haciendo".

Llop llama al diálogo

El pasado jueves, la ministra Pilar Llop se refirió a la huelga de funcionarios convocada por los sindicatos CSIF, Comisiones Obreras, UGT, STAJ y CIG a partir de la próxima semana y les instó a tener en cuenta que "es necesario mantener el buen servicio público de justicia, que tenemos que mirar por los ciudadanos, porque al final somos personas que también tenemos una vocación de servicio público y, por tanto, que no se cause un perjuicio", informa Efe. "Nosotros apelamos constantemente al diálogo, lo hemos demostrado con una huelga que ha tenido una duración de varias semanas por parte de los Letrados de la Administración de Justicia y vamos a hablar ahora con los sindicatos", se comprometió.

A esta situación nada tranquilizadora para la siempre renqueante Administración de Justicia, que tras sortear los retos de la pandemia se ha topado con dos meses de huelga de los secretarios judiciales, se pueden sumar las asociaciones de fiscales, que también han llamado a la puerta del Ministerio para abordar mejoras salariales.

El final de la legislatura se antoja, por tanto, complicado para el Gobierno de Pedro Sánchez en la Administración de Justicia.