El director general de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez Pérez, ha confirmado este jueves, en su declaración como imputado por un delito de prevaricación, que investigaron al autobús de Hazte Oír, conocido como el "Capobus", tras una queja del PSOE, según confirman fuentes jurídicas conocedoras del caso a LA RAZÓN.

El jefe del cuerpo policial municipal madrileño explicó ante el juez Juan Carlos Peinado que el grupo socialista en el Ayuntamiento de la capital acusó al vehículo de cometer un delito de odio. Dirigieron su queja a la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, como responsable que es del área de seguridad.

La "número dos" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida -según defendió ante el juez el mando policial y trasladan las citadas fuentes- tramitó la denuncia que llegó a manos del comisario general de la secretaría general, Fernando Martín Bernal.

Este último fue el que dio la orden, según apuntó su superior en sede judicial, de parar el autobús para comprobar si cumple con la ordenanza municipal cuando recorre las calles de la capital pidiendo la "dimisión" de Pedro Sánchez por los casos de corrupción que rodean a su entorno familiar, en el Gobierno y el PSOE.

La Fiscalía no vio odio contra Sánchez y Begoña

Rodríguez, además, ratificó que desde la Dirección General de Publicidad se emitió un informe el pasado 11 de diciembre en que se descartó que el "Capobus" no se ajustase a la normativa municipal de publicidad exterior. Por otro lado, la Fiscalía transmitió a la unidad dedicada a asuntos de diversidad de la Policía madrileña que no había indicios de que pudiese incurrir en un delito de odio contra el presidente del Gobierno y Begoña Gómez, entre otros.

Una fecha, la del informe, que coincide con el momento en que los agentes dejaron de dar el alto al vehículo en las calles del centro de la capital tras haber sido interceptado hasta en tres ocasiones desde el pasado noviembre y propuesto para sanción, tal y como reflejó la asociación en su denuncia.

Se prevé que el siguiente paso en este procedimiento sea que el titular del Juzgado número 41 de Madrid llame a declarar tanto a la vicealcadesa popular Sanz como al comisario Martín Bernal. También se espera, como adelantan estas fuentes jurídicas, que pida copia del informe en que se descartó el incumplimiento de la regulación local de publicidad.

Cumple con la ordenanza municipal

Desde Hazte Oír confirmaron a este diario, cuando se presentó la denuncia, que esas multas nunca llegaron ya que no incurrían en las razones por las que se les quería sancionar: incumplimiento de la normativa municipal de publicidad exterior.

Rodríguez compareció así este jueves como investigado por el trato que dieron sus agentes al autobús de Hazte Oír, después de que el juez Peinado admitiese a trámite el pasado 24 de febrero esta denuncia interpuesta en su contra por un delito que se ha concretado en prevaricación. La asociación, por su parte, le acusaba también de coacciones y acoso.

Desde Hazte Oír confirmaron a este diario, cuando se presentó la denuncia, que esas multas nunca llegaron ya que no incurrían en las razones por las que se les quería sancionar: incumplimiento de la normativa municipal de publicidad exterior.

Además, fuentes jurídicas conocedoras del caso revelan a este diario que lo que llevó realmente a la asociación a interponer medidas legales contra el máximo responsable de la Policía de Madrid es que al conductor, cuando se le paró, le indicaron los efectivos que recibieron desde la cúpula la orden de dar el alto al "Capobus" siempre que lo vieran circulando. Esta legislación avala a las asociaciones a realizar campañas publicitarias sobre ruedas en la vía pública.