García Ortiz dice ahora que "defenderá" a los fiscales del "procés" si son "perturbados en sus funciones"

Tres semanas después de que 18 fiscales del Tribunal Supremo (TS) reclamasen al fiscal general que saliese a la palestra públicamente para defenderlos de las "injuriosas insinuaciones" de "lawfare" (utilización de la Justicia con fines políticos), Álvaro García Ortiz ha asegurado "de manera solemne" que defenderá "a cualquier fiscal que pudiere verse perturbado en sus funciones, incluido, por supuesto, a cualquiera de los fiscales que hayan tenido o hayan intervenido en las causas relacionadas en el "procés" independentista de Cataluña".

García Ortiz -a quien la principal asociación de la carrera, la Asociación de Fiscales, pidió su dimisión por lo que entiende una falta de defensa del Ministerio Público en este asunto- se ha pronunciado en estos términos en la inauguración de la Junta de Fiscales Superiores de todas las comunidades autónomas, que se celebra hoy en el pazo de Mariñán (La Coruña).

Sus palabras llegan en medio de las críticas por haber reclamado a la Fiscalía de Barcelona y a la de la Audiencia Nacional, entre otras, la relación de causas vinculadas con el "procés" que pueden verse afectadas por la futura ley de amnistía, algo que según denunció ayer la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales supone un "abuso" de sus funciones, al estar la ley en tramitación parlamentaria, que le "acerca al Gobierno" y le aleja "de la figura constitucional del fiscal general del Estado".

Así las cosas, García Ortiz ha aprovechado la reunión con los fiscales superiores para manifestar su apoyo "a los 2.695 fiscales que hay en España, especialmente a aquellos fiscales que han tenido en el pasado o que tienen que afrontar difíciles situaciones personales o profesionales".

"Hay que mirar hacia delante"

Del mismo modo, ha solicitado a los fiscales lealtad institucional, que considera "imprescindible" que "desde nuestras y desde vuestras altas responsabilidades contribuyamos al buen funcionamiento del Ministerio Fiscal". García Ortiz, todavía en funciones pero a quien el Gobierno ya ha anunciado que renovará en el cargo, se ha referido a estos encuentros como "espacios de diálogo, de consenso, de poner encima de la mesa los problemas que tenemos, que son muchísimos y muy relevantes" con el objetivo de "hacer mejor la justicia española".

"Hay que pensar en la institución y hay que pensar en el futuro", ha dicho, y no "enredarnos en asuntos que a lo único que nos llevan es al desconcierto personal o profesional", ha añadido antes de apostar por "mirar hacia delante y proponer soluciones".

Entre los asuntos del orden del día, los fiscales superiores abordarán la situación tecnológica de la carrera fiscal y los nuevos proyectos de digitalización, así como los mecanismos de coordinación y la unificación de criterios cuando se recibe una misma denuncia en fiscalías diferentes.

Las quejas de 18 fiscales del Supremo

El pasado noviembre, esos 18 fiscales del Supremo mostraron su "decepción" por la "falta de voluntad" de García Ortiz para dar un paso al frente y salir en su defensa ante los ataques de "lawfare", tras calificar de "insuficiente" la respuesta del fiscal general el 16 de noviembre, que eludió pronunciarse sobre el asunto y replicó, en referencia a la ley de amnistía, que el Ministerio Fiscal "debe respetar el principio de separación de poderes" y evitar "cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado".

Para estos fiscales del alto tribunal, García Ortiz no hizo así más que "ignorar deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal y a la demanda de amparo" formulada por los cuatro fiscales del "proces" -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena- ante lo que consideran "injustificados ataques a que están siendo sometidos" tanto ellos como los fiscales de Cataluña.

En la misiva remitida al fiscal general, le trasladaron su "especial preocupación" por el acuerdo del PSOE con Puigdemont para hacer presidente a Pedro Sánchez en la medida en que -señalaban- "anula el principio de separación de poderes y cercena de raíz la independencia judicial" al abrir la puerta al control de la labor jurisdiccional por el Parlamento, que según protestaron "no es admisible en un Estado democrático y de Derecho" y supone un "intento de establecer un control político sobre el poder judicial".