El «electoralismo» del Gobierno: 15.500 euros en multas de la Junta Electoral

El Gobierno olvida a menudo su debida neutralidad –representa a todos los españoles, no solo a los que han votado a PSOE y Sumar en las elecciones– y emite juicios desde los altavoces oficiales de La Moncloa como si de la sede socialista de Ferraz se tratase. Equivoca el lugar, pero, sobre todo, el momento. Especialmente relevantes son los ataques que se dirigen contra el principal partido de la oposición o la exhibición de los logros gubernamentales cuando se producen en los márgenes de una convocatoria electoral. Esta extralimitación retórica supone también una transgresión de la ley electoral.

En concreto, del artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), según el cual «desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».

El Gobierno de Pedro Sánchez es ya el más sancionado. Acumula nueve infracciones en sus seis años de mandato, lo que se cuantifica en hasta 15.500 euros en multas impuestas por la Junta Electoral Central (JEC) por vulnerar la neutralidad exigida en campaña. El castigo por estos pronunciamientos puede oscilar entre los 300 y los 3.000 euros. A la cabeza de los sancionados se encuentra el presidente del Gobierno, que atesora cuatro infracciones, tres de ellas por valor de 4.200 euros y otra restante aún por determinar. De hecho, el presidente sentó un precedente hace cuatro años, cuando se convirtió en el primer jefe del Ejecutivo sancionado por vulnerar la ley electoral.

Sánchez se estrenó como infractor en enero de 2020 por hacer uso «electoralista» del Palacio de la Moncloa en una entrevista concedida a «La Sexta» y reproducida por la página web institucional de Presidencia. Entonces, la JEC lo condenó a pagar el menor montante al que ha hecho frente hasta ahora: 500 euros. Tres años después, en la antesala de las generales de 2023, se le volvió a imponer una multa –esta vez de 2.200 euros– por romper la neutralidad debida en una comparecencia el 30 de junio desde Bruselas. En la rueda de prensa institucional, tras participar en el Consejo Europeo, Sánchez criticó –una vez se habían cerrado los primeros pactos autonómicos y municipales del PP con Vox– el «recorte obsceno de derechos a cambio de votos» que había propiciado Feijóo por sus acuerdos con Abascal. En la misma comparecencia, planteó que el 23J se debía elegir entre un Gobierno de «ultraderecha» de PP-Vox o uno «progresista» de PSOE-Sumar.

Las dos infracciones restantes son relativamente recientes, coincidiendo con el primer semestre electoral de 2024. La primera, del pasado 8 de febrero, cuando en su visita institucional a Navantia, en Ferrol en vísperas de las elecciones gallegas, anunció la construcción de un buque de la Armada por valor de 450 millones de euros. La cuantía de esta sanción está todavía pendiente de concretar. La última es de este mismo mes de julio y fue por sus declaraciones partidistas durante un viaje oficial a Doha a principios de abril. En plena gira por Oriente Próximo, el presidente no escatimó en halagos hacia el que era el candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, en plena precampaña de los comicios catalanes del 12-M.

Sánchez comparte este deshonroso honor con las que han sido sus portavoces del Gobierno durante todo su mandato. Esto, porque el grueso del electoralismo se realiza desde la mesa del Consejo de Ministros. La última sanción es de hace escasas 24 horas para Pilar Alegría, que el pasado 4 de junio, a cinco días de las europeas, profirió «manifestaciones con contenido valorativo y electoralista» aprovechando «los medios públicos de que disponía». La multa de 2.200 euros se suma a otra por la misma cuantía y mismas expresiones «con connotaciones electoralistas» que emitió, en una comparecencia en Moncloa el 7 de mayo, contra Alberto Núñez Feijóo.

Su antecesora en el cargo, Isabel Rodríguez, también tuvo que hacer frente a sendas multas –de 2.200 y 2.500 euros– por emitir críticas al PP en la campaña de las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Rodríguez había sido apercibida con anterioridad a las sanciones, pero no atendió los requerimientos de la JEC a mantener la neutralidad en sus juicios desde la mesa del Consejo de Ministros. Fue Isabel Celaá, la primera portavoz del Gobierno socialista en solitario, quien se estrenó en las infracciones por parte del organismo regulador. También por un montante de 2.200 euros, la entonces ministra de Educación ensalzó los logros del Gobierno en la campaña de las elecciones generales de noviembre de 2019.