El Supremo investigará a Rita Barberá por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como "pitufeo", supuestamente realizadas cuando era alcaldesa.

«¡Que se marche ya!». Éste es el sentir mayoritario con el que en las filas populares recibieron ayer la decisión del Tribunal Supremo de colocar a la senadora y ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al borde de la imputación. La Sala de lo Penal ve razones para investigarla por el presunto blanqueo cometido por el PP en el Ayuntamiento de Valencia y ha abierto una causa para indagar su papel en la trama por la que está imputado prácticamente todo su equipo. La imputación formal no es inmediata, ya que el magistrado instructor abre una investigación y puede incluso archivarla sin solicitar el suplicatorio al Senado, trámite previo necesario por su condición de aforada. Sin embargo, en el partido demandan un gesto inmediato como medida «imprescindible» para cortar de raíz un desgaste que arrastran desde antes de las elecciones de diciembre y que creen que puede convertirse en otro obstáculo en el camino hacia la gobernabilidad. De momento, por sus posibles repercusiones inmediatas en la campaña gallega y vasca. Desde Génova se le hizo llegar ayer el menaje de que sería conveniente que diera un paso atrás, cuanto antes, para limitar la presión sobre Rajoy y sobre ella misma. Barberá abrió una reflexión, anticipando que si se va, se va del todo, pero sin asumir ningún compromiso. Que se aparte es lo que la mayoría espera de ella en su organización política.

En el Grupo Popular en el Senado, directamente el más afectado por su condición de senadora en activo, pero también en la dirección del partido y, por supuesto, a nivel territorial, lo que piden es que renuncie al escaño, con lo que la causa volvería a Valencia y disminuiría su coste en las espaldas de Rajoy y en la imagen de las siglas del PP, comentan. Los intereses del partido por encima de «fidelidades». «Ella ha hecho mucho por el partido, pero el partido también le ha dado mucho. Políticamente, la situación es insostenible. Sin prejuzgar que la investigación pueda quedarse luego en nada», señala un alto cargo de Génova.

La primera reacción de la cúpula popular fue una conversación por parte del vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, quien ya ha sido su interlocutor en el pasado. Las versiones de esta conversación son contradictorias. Ya que desde el entorno de Barberá se habla de fuerte discusión, y se comenta que exigió la intervención personal de Rajoy antes de la comparecencia que, en principio, ayer había planificado para hoy. De esas conversaciones con los máximos responsables del partido dependería, según la versión valenciana, que ella confirme su decisión de irse. Es decir, según su entorno, de que le pidan directamente el escaño. Desde Génova eluden los detalles, pero niegan tanto la discusión como que ella exigiera en esa primera conversación la interlocución directa con Rajoy.

El pulso con Barberá viene de atrás, desde que la«Operación Taula»puso patas arribaal PP valenciano, allá por las elecciones autonómicas y municipales de 2015. Desde antes de las elecciones de diciembre ya le hicieron llegar mensajes sobre la conveniencia de que se retirara de la primera línea, desoídos por la ex alcaldesa que ha permanecido firme en su cargo de senadora por designación autonómica. Exigiendo al partido respaldo para los suyos y para ella, y cruzándose en alguna ocasión algún mensaje airado con miembros de la dirección nacional. Los más nuevos, Javier Maroto, Andrea Levy, han dejado ver su apuesta a favor de que la regeneración afectara a quien ha sido pilar del PP valenciano y todo un referente para el partido nacional. Sin entrar en los matices y en el sentido de la «lealtad» y de la «justicia» sobre los que han fijado posición los más veteranos del PP. El responsable de Organización, que ejerce como secretario general en el día a día, cargó con el difícil papel de mantener la interlocución con ella. Aunque su posición enrocada ha hecho que en el PP asuman que sólo una intervención directa del presidente en funciones puede resolver el problema.

El limbo jurídico en el que Barberá se queda, el hecho de que todavía no esté formalmente imputada, y la posibilidad de recurrir incluso hasta la designación del magistrado instructor, porque le ha tocado aCándido Conde-Pumpido, vinculado a la etapa socialista, le abre espacio, cierto es, para seguir resistiendo. Hasta ahora, Rajoy siempre se ha envuelto en el argumento de la necesidad de «ser justo» con sus compañeros de partido para defenderse de quienes han echado en falta una mayor contundencia al exigir la salida de cargos, críticas que fuera de micrófono le han hecho a veces dentro de sus filas. Siempre alega que su obligación es respetar la presunción de inocencia. Y ayer voces como la del ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendieron que hay que actuar cuando haya apertura de juicio oral. Y otros se remitieron a la imputación formal. Ciudadanos señaló que «en cuestión de días» se formalizará esa imputación, y que si no dimite se romperá el pacto con el PP.