Cuenta atrás hacia la huelga de togas: "No queremos que nos tomen el pelo"

El Ministerio de Justicia tendrá hoy la primera oportunidad para evitar la huelga de jueces y fiscales convocada dentro de trece días, el 16 de mayo, de forma indefinida para exigir mejoras salariales. La Mesa de Retribuciones -un instrumento de revisión de sus sueldos que desde 2003 debía convocarse, por exigencia legal, cada cinco años y que no se ha constituido hasta ahora- sentará cara a cara a representantes de los ministerios de Justicia, Hacienda, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalía General del Estado y las agrupaciones judiciales.

La amenaza de huelga llega en el peor momento para el Gobierno, con una huelga de funcionarios de Justicia en su punto álgido, con unas elecciones a la vista y a poco de asumir nuestro país la presidencia de turno de la Unión Europea. Pero los jueces se han plantado tras "años sufriendo la desidia de la Administración" y por una "acumulación de menosprecios" que denuncian los representantes de las asociaciones judiciales con los que ha hablado LA RAZÓN.

Los representantes de jueces y magistrados plantearán al Gobierno que desde que se aprobó su ley de retribuciones en 2003, el IPC acumulado perdido superaba el 40% (antes del descalabro que para el índice de precios ha supuesto al guerra de Ucrania) y su pérdida de capacidad adquisitiva se sitúa en un 16% de media, a lo que hay que unir el 4,73% que nunca han llegado a recuperar de la bajada del 9,73% a todos los funcionarios en 2010. En total, calculan que esa merma de su poder adquisitivo se sitúa en un 20 por ciento.

Las reivindicaciones de los jueces también afectan al complemento de carrera profesional, que desde 2018 forma parte de sus retribuciones junto al salario base y los complementos de destino y de retribución variable, que ni siquiera se ha regulado y que nunca han cobrado, se quejan fuentes de la negociación, que señalan este aspecto como "una de las reclamaciones principales".

Dos euros la hora de guardia

Las guardias también están en el punto de mira. "En la inmensa mayoría de los juzgados de instrucción se cobra menos de dos euros la hora, lo que afecta a unos 1.400 jueces", denuncian.

Asimismo, reclaman que se actualicen los cinco grupos de población para los que se fijan las retribuciones en función de la menor o mayor carga de trabajo. "No se actualizan desde 2002 y la carga de trabajo aumenta", se quejan. Como también lo hacen de la manera de fijar el importe del 5% de los trienios "según el salario base del primer destino", algo que "en la Administración General del Estado no ocurre".

Unas reivindicaciones que sitúan en un contexto de aumento de la litigiosidad (en 2022 aumentó un 6% respecto a 2021) y al hecho de que haya "cada vez menos jueces", pues con 11,2 por cada 100.000 habitantes, España se encuentra bastante por debajo de la media europea (17,6). Alemania, por ejemplo, tiene más del doble (25).

Y este panorama se complicará aún más, advierten, en los próximos diez años, cuando está previsto que se produzcan "jubilaciones masivas" (fruto del fin de la etapa laboral de la generación del "baby boom" de los 60), que supondrá el adiós a la toga del 23 al 30 por ciento de la carrera. Con una media de unas 120 nuevas plazas de jueces al año, calculan que se producirá un déficit de entre 1.500 y 1.700 jueces frente a los 204 actuales, situando a España en una ratio de alrededor de diez jueces por cada 100.000 habitantes.

"Confío en que antes del día 16 lleguemos a un acuerdo -asegura María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)-. Ningún juez quiere hacer huelga, ni siquiera los que hemos votado a favor. La huelga es la última de las opciones, pero tampoco queremos que nos tomen el pelo".

"Enorme carga de trabajo"

"Llevamos años soportando una enorme carga de trabajo", se queja la decana de los juzgados de Madrid, que incide además en el hándicap que supone el número de jueces por habitante, muy por debajo de la media de la Unión Europea. Y apunta un facto añadido: "Hemos tenido que afrontar una serie de reformas penales, no siempre técnicamente necesarias, que dificultan el trabajo del juez". Porque, lamenta, "la técnica legislativa es cada vez más nefasta, al margen de su contenido", lo que en su opinión supone un obstáculo añadido. Pese a todo, destaca, "hemos trabajado desde la lealtad institucional y la responsabilidad".

Del Barco asegura que en 2003 "un juez en su primer destino cobraba siete veces el SMI y hoy no llega al triple. Nadie discute que el SMI tenga que subir y no digo que un juez tenga que cobrar siete veces más ahora, pero sí de acuerdo a su responsabilidad". "Los jueces no estamos aquí para hacernos ricos, tenemos un régimen muy amplio de incompatibilidades y eso también hay que pagarlo".

Inevitablemente, la subida retributiva que zanjó la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) está en la retina. "En el caso de los LAJ se han inventado un complemento de eficiencia que supone una subida lineal de entre el 10 y el 15%, que se suma al 4,76% de 2021", apunta. "Cuando el Ministerio decide hacer esa subida no hay que ser muy listos para saber que detrás van a ir el resto de cuerpos de empleados de la Administración de Justicia", subraya la presidenta de la asociación más representativa de la carrera judicial.

"Acumulación de menosprecios"

Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), se muestra escéptico sobre el resultado de la reunión de hoy. El magistrado considera que la clave será comprobar si los representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda "vienen a negociar o a cumplir el expediente y decir que han convocado la mesa".

Pero coincide con la presidenta de la APM en que hasta el 16-M "si hay buena fe hay margen más que suficiente para llegar a un acuerdo" porque realmente, dice, "queremos evitar la huelga". Eso sí, deja claro que antes del 31 de mayo "tiene que estar solucionado", porque de otro modo cree que en un contexto preelectoral con la mirada del Gobierno puesta en las generales ese acuerdo ya no será posible.

Para el portavoz de la AJFV se ha llegado a esta situación "por una acumulación de menosprecios o de omisiones inaceptables". "Nunca a nadie le han preocupado las condiciones profesionales de los jueces", se queja. "Cualquier juez en prácticas, por ejemplo, se tiene que pagar su propia toga, unos siete mil euros, y tienen que compartir piso. Esas son las condiciones que tienen", señala. "Con las retribuciones ha pasado lo mismo: a nadie le ha importado. Desde 2003 nunca se ha convocado la mesa, porque el Gobierno da por hecho que negocia con los sindicatos y está todo resuelto", protesta.

La huelga de los LAJ, asegura Fernández Vaquero, ha sido "determinante" para darse cuenta de que, tras "meses negociando discretamente", "el camino pacífico no lleva a ningún lado. "En 2022 ya planteamos las exigencias retributivas y se pidió a Justicia que convocara la Mesa, pero el planteamiento siempre era que nos olvidáramos de una mejora general para todos los jueces". "Pero resulta que con los LAJ ha sido así. Después de dos meses de huelga, en 48 horas se les ha dado".

"Llevamos años sufriendo la desidia de la Administración"

"Lo importante es que se llegue a un acuerdo", enfatiza Ascensión Martín, portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), la única las cuatro asociaciones judiciales que no respalda los paros, aunque sí las reivindicaciones salariales. Para Martín, "convocar una huelga antes de que se reúna la mesa no nos parece adecuado. Somos un servicio esencial de la Administración de Justicia".

Para JJpD, el proceso de negociación "comienza ahora". "Confío en que no se llegue a la huelga por el bien del servicio público", dice la magistrada. "Como poder del Estado, nos inclinamos por no respaldar la medida, pero no la descartamos", señala.

Foro Judicial Independiente sí respalda la convocatoria de huelga indefinida. "Llevamos años sufriendo la desidia de la Administración y solo pedimos dignificar nuestra profesión y compensar la sobrecarga de trabajo y garantizar nuestra independencia económica", explica su presidente, Fernando Portillo, que recalca que, además, reclaman, "más plazas de jueces". Y recuerda que en los próximos tres años "se van a jubilar cerca de mil jueces y entonces tendremos que asumir dos o tres veces más pleitos que ahora".

Portillo cree que el Gobierno dispone aún de "un margen amplio para mover ficha" antes del 16 de mayo. "Internamente tengo esperanzas, pero depende de ellos. La pelota está en su tejado. Un poder del Estado en huelga no es algo que pase todos los días".