El enroque de la "dos" del Ministerio de Igualdad abre otro cisma en la coalición de Gobierno

Desde que Sumar capitalizó la cuota minoritaria del Gobierno de coalición y el PSOE recuperó la cartera de Igualdad, este ministerio había quedado al margen de la pugna partidista entre los socios gubernamentales. Una nueva etapa, después de la convulsión que acompañó la etapa de Irene Montero en el Gabinete, auspiciada también por el perfil conciliador de la nueva titular, Ana Redondo .

La convivencia había sido pacífica. Hasta ahora. Las informaciones, publicadas por "El Español", sobre la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, según las cuales habría recibido al menos 64 contratos públicos de ayuntamientos gobernados por el PSOE, con los que habría facturado alrededor de 250.000 euros con las empresas que comparte con su mujer, Elisabeth García, han reabierto la brecha.

Desde el departamento que dirige Ana Redondo no han adoptado una actitud proactiva y se muestran comprensivos con García, pidiendo por boca de la propia ministra "paciencia y humanidad", asegurando que se dará a la directora del Instituto de las Mujeres "tiempo para que se explique" y para que dé "todo tipo de información que aclare" su actividad empresarial ligara a gestión de proyectos de igualdad. Por el momento, Redondo no valora retirarle la confianza y García se enroca. En un comunicado publicado en sus redes socialistas asegura que está actuando dentro de la legalidad, porque cuando llegó al Gobierno vendió sus acciones a su mujer y se desvinculó de la actividad de las empresas.

Un inmovilismo que no comparten sus socios de Sumar, que nunca apoyaron su nombramiento por los comentarios tránsfobos de García en Twitter y que han aprovechado el escándalo para pedir que se depuren responsabilidades y se le aparte de un cargo clave en Igualdad. El partido de Yolanda Díaz ha pedido hoy su cese "inmediato". "La directora del Instituto de las Mujeres nunca debió ser nombrada. La transfobia es injustificable; usar una institución trascendental en la lucha contra las discriminaciones para el enriquecimiento personal, también. Debe ser cesada de inmediato", ha asegurado la formación en un mensaje en la red social X.

Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha señalado también que, desde su formación, van a ser "francamente duros" para que García comparezca en la Comisión de Igualdad. "Hace mucho tiempo que tenemos muchísimas diferencias con aquel nombramiento, que manifestamos ser extraordinariamente críticos con ese nombramiento, y además hemos pedido su comparecencia ante la Comisión de Igualdad. En esto nosotros vamos a ir francamente duros", ha asegurado Errejón en declaraciones a los medios tras el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

En el centro de los contratos bajo sospecha está la gestión de los «puntos violetas» en varios ayuntamientos del PSOE, uno de los puntales en la lucha contra la violencia machista de proximidad. Estos «espacios seguros» se implantan en los distintos ayuntamientos como una primera barrera para que las víctimas de agresiones sexuales o de cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres puedan acudir a recibir apoyo o información de cómo proceder en la denuncia de los hechos.

Se da la circunstancia de que estas localizaciones se han puesto en la diana por parte de Vox, tras su entrada en los consistorios, y se ha procedido a un desmantelamiento progresivo de los mismos en distintos puntos de la geografía española. Desde los sectores de la ultraderecha se han calificado los «puntos violeta» como «chiringuitos» del feminismo y la falta de una reacción contundente por parte del Ministerio de Igualdad da alas a este discurso negacionista. El escándalo se produce, además, en un mes negro para la violencia de género. Julio se ha convertido en el mes con más asesinatos machistas en España, se han perpetrado 14 crímenes en solo 12 días.